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Congreso de los Diputados

aprobación de una ley anticorrupción política

Según los últimos datos del CIS la preocupación por la clase política y los casos de corrupción y fraude alcanzan ya el tercer problema que preocupa a la sociedad española, situándose por delante del terrorismo y de la violencia de género. El pueblo reniega de unos gobernantes con los que no se identifica y a los que elige con criterios de “votar al menos malo” o al que “menos roba”. La percepción ciudadana de la política como sinónimo de nido de enchufismos, corruptos y vagos va en aumento. Los ciudadanos observamos perplejos la incesante lluvia diaria de imputaciones, tramas de corrupción y oscuros movimientos de millones de euros, mientras sostenemos una crisis a golpe de recortes sociales que no hacen más que mermar nuestro estado de bienestar e incluso nuestra dignidad. El esfuerzo para salvar el país recae exclusivamente en la ciudadanía mientras la corrupción y el fraude se convierte en un mal sistémico. Hay que hacer un ERE en las instituciones públicas, resetear una democracia viciada, tocada y hundida por la ineficacia e inutilidad de una clase política que no ha sabido estar a la altura. El comienzo del cambio pasa necesariamente por “desnormalizar” y desterrar la corrupción política y el fraude de nuestros estamentos. Estamos obligados a condenar estos comportamientos y a exigir responsabilidades y condenas ejemplares a través de la implantación de una ley anticorrupción que sea contundente y eficaz a semejanza de las leyes antiterroristas o de violencia de género. Para ello proponemos una ley que se base fundamentalmente en los siguientes puntos:
- Los políticos imputados no podrán presentarse en una lista electoral y estarán inhabilitados para desempeñar un cargo público mientras dure su imputación.
- Los políticos implicados en casos de corrupción y fraude serán juzgados por la Audiencia Nacional y en el caso de ser detenidos pueden ser recluidos en situación de incomunicación para no intentar ocultar pruebas.
- Clasificación automática de primer grado penitenciario a los presos implicados en estos casos.
- Imposibilidad de adelantamiento de libertad condicional y cumplimiento integro de las condenas. Para ello se propone la aplicación de la “Doctrina Parot”.
- Los políticos condenados en casos de corrupción y fraude serán inhabilitados de por vida y no podrán ejercer ningún cargo público.


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