Para una persona con discapacidad tener recursos económicos para su subsistencia es un problema mucho mayor que para el resto. A los gastos necesarios en vivienda, alimentación, vestuario, higiene o transporte se suman los añadidos a su discapacidad, como puede ser cubrir necesidades especiales en transporte, servicios médicos o de fisioterapia, medicamentos, ortopedia, adaptaciones del hogar o del entorno laboral a sus necesidades especiales, etc.

Para ayudarles con estos gastos adicionales, cada año miles de personas con discapacidad reciben ayuda económica por parte de su cónyuge, familiares o tutores. Sin esa ayuda por parte de sus más allegados estas personas no tendrían recursos suficientes para sus necesidades vitales diarias. La Ley 41/2003 regula desde hace 16 años los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, permitiendo que estas aportaciones tengan una reducción fiscal. No se trata de una exención fiscal, lo que se hace es que estas aportaciones se restan de las bases imponibles de los donantes y se añaden a la base imponible de la persona beneficiaria del patrimonio protegido, que paga los correspondientes impuestos. Sin embargo, desde la aprobación de esta ley no se ha aumentado el límite económico con derecho a deducción que se puede destinar anualmente a este patrimonio protegido, y durante todo este tiempo el IPC acumulado ha sido superior al 31%.

Firma para solicitar la actualización de los límites anuales de las aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad que pueden acogerse a deducción fiscal, porque el coste de la vida sube para todos, y para las personas con discapacidad también. No pedimos subvenciones, solicitamos que se actualice al coste de la vida las ayudas a familiares con discapacidad.