La LIVG (Ley Integral de Violencia de Género) es una ley totalmente anticonstitucional y que no respecta los derechos humanos mas básicos, ya que está basada sobre una diferencia de condenas y trato según el sexo de la víctima o del presunto agresor. El imputado, que puede ser solamente varón y heterosexual es además juzgado en un tribunal especial llamado "Violencia Sobre la Mujer" y es la única circunstancia en Europa donde la supuesta víctima puede ser también testigo y se puede detener a un hombre solo por ser varón, simplemente basándose en la palabra de una mujer, sin pruebas ni testigos. Es usada sistemáticamente en España por muchas mujeres y sus abogados para que la madre pueda quedarse con los hijos, la casa y obtener muchas ventajas económicas solamente con poner una denuncia. La espera para el juicio suele ser entre 3 y 4 años. Un tiempo en el cual los hijos menores de edad muchas veces no pueden ver a sus padres y a sus familias paternas. Padres que a la espera de un juicio se hunden moralmente, psicológicamente y económicamente, junto con sus familiares y/o parejas. Además el mismo tribunal decide si, cómo y cuándo los imputados puedan ver a sus hijos en espera del juicio  y como faltan  puntos de encuentro familiar, en la práctica los hijos de padres imputados se quedan años sin poder  ver a sus progenitores y en muchísimos casos dejan de tener cualquier tipo de contacto con ellos.  En el 2020 ha habido 150.000 denuncias y en el 2021, 156.000. Durante ambos años se han archivado mas del 80% de estas denuncias como sobreseídas o absueltas. Pedimos que se derogue urgentemente esta ley por ser anticonstitucional y por vulnerar los derechos básicos de cientos de miles de hombres y menores todos los años y que además se ha convertido en un gran negocio lucrativo para decenas de organismos públicos, cientos de asociaciones pseudo-feministas y muchos abogados sin escrúpulos. Un negocio que quita fondos europeos a los necesitados, provocando además que las verdaderas victimas de violencia machista terminen desatendidas por falta de medios y recursos, ya que sus denuncias quedan sepultadas bajo cientos de miles de denuncias falsas.