Abolición del impuesto de sucesiones

Abolición del impuesto de sucesiones

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Rebeca Ruiz ha iniciado esta petición dirigida a Congreso de los Diputados

El impuesto de sucesiones es un tributo que se paga al recibir una herencia (bien sea en dinero o en bienes inmuebles).  Si compro un piso pago el impuesto de Transmisiones patrimoniales, si me regalan un piso en vida o si lo heredo tras la muerte de un familiar hay que pagar el impuesto de sucesiones y donaciones.

Este impuesto fue revisado e implantado en España en 1987 por el gobierno socialista de Felipe González, transfiriéndose con el de Zapatero su gestión a las autonomías dentro del marco de financiación autonómica.

Según la legislación actual, lo debe pagar todo aquél que recibe de forma gratuita un bien, en función de variables como el parentesco, de su patrimonio previo, del valor que desde la administración se conceda el bien.

El valor se calcula con una complicada fórmula donde se ponen en relación el valor catastral y unos valores fijos que se establecen para cada municipio desde la administración autonómica. 

El problema aparece cuando el valor catastral está fijado desde antes de la crisis y tenemos viviendas sobre valoradas. Por lo que la persona supera fácilmente los 250 000 euros a partir de los cuales, debe abonar el impuesto.

El impuesto está siendo progresivamente eliminado, no existiendo en más de la mitad de los países de la Unión Europea. Sin embargo, en España todavía existe, y en algunas Comunidades Autónomas este impuesto es más alto que en otras.

La Administración Autonómica cuantifica los bienes inmuebles mediante una fórmula resultante de aplicar al valor catastral (que pone cada ayuntamiento) un coeficiente multiplicador específico para cada localidad (que pone la administración autonómica), añadiendo además un 3% adicional del mal llamado ajuar (muebles, etc), pues da igual que se trate de una vivienda vacía, local o campo.

La realidad es que este tributo está descalificado por los principales economistas de renombre internacional como “Daniel Lacalle”, “Carlos Rodrígues Braun” o “Domingo Soriano” entre otros, que lo consideran un ataque innecesario y directo al ahorro de las familias, generando desinversión, paro y miseria.

Este tributo es sin lugar a dudas es injusto, pues no tiene en cuenta la capacidad económica real del heredero para hacerle frente, que o bien renuncia previamente a lo que por derecho le pertenece, o en caso de aceptar de buena fe la herencia y no poder pagar el impuesto (entiéndase recomprar su herencia) se enfrentará a un panorama desolador.

Creemos que es un impuesto injusto, pues fomenta la desigualdad entre españoles, vulnerando principios constitucionales y de la Unión Europea.

Creemos que es discriminatorio, cebándose únicamente con la clase trabajadora, los “ricos” tienen los instrumentos fiscales y medios proporcionados por el propio gobierno para evadirlo o reducirlo al máximo.

Es marginal, ya que tan solo supone una media del 1.3 % de los recursos no financieros que manejan las regiones.

Es confiscatorio, expoliándote a la fuerza lo que legítimamente por derecho te pertenece.

Es abusivo, tributando una vez más por lo ya tributado gravado y pagado varias veces a lo largo de una vida de esfuerzo.

Es cruel, riéndose de la voluntad de tus difuntos que lucharon por darte una vida mejor.

Es desproporcionado, frente al resto de tributos aprovechándose de la fuerte carga emocional que comportan los bienes sobre los que recae.

Es desalmado, pues no tiene en cuenta la situación real del heredero, exigiendo un pago por adelantado para liberar unos bienes legítimamente suyos.

Es despiadado, al no aceptar la renuncia posterior, la dación en pago, o la fragmentación de la herencia.

Es contrario a la familia, al ser la unidad familiar en su conjunto quien asume y sufre los sacrificios para crear el legado que después le es despiadadamente arrebatado.

Es inhumano, sumiendo a la familia en la más absoluta indefensión y ruina ante el desproporcionado abuso de poder de la administración pública, cuyo deber debería ser defender el bien común y procurar en todo momento la felicidad de los administrados.

Es indigno, privándote de tu pasado, robándote el presente e hipotecando el futuro de tu familia.

Es un ataque directo al ahorro, y por tanto a la inversión lo que se traduce en pérdida de empleo y riqueza.

Es anti social. Con la desinversión crece igualmente el paro.

Es despótico provocando la renuncia de las familias al no poder disponer del bien ni acceder al crédito para liquidar el impuesto.

Es un bandolerismo institucional, robando al pobre para dárselo al rico, embargando a la clase trabajadora unos bienes que son malvendidos a quienes realmente tienen capital sobrado para su compra.

Es usurero, pues una vez subastados tus bienes por un valor muy inferior al reclamado, sigues debiendo el diferencial a la Comunidad Autónoma, quien además aplica sanciones económicas e intereses desproporcionados.

Es inmoral, un tributo denostado y marcado como injusto en su aplicación por el defensor del pueblo nacional, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo e incluso el mismo Tribunal Europeo.

Es un desacato de la clase política a los preceptos de nuestra constitución, creada para y por la defensa, igualdad y bienestar de todos los españoles.

Es un abuso de poder, dando la espalda al pueblo a quien dicen representar, dilapidan fondos públicos tratando de ocultar la sangrante realidad, mientras amparan y promueven este incuestionable drama social, haciendo caso omiso del clamor popular y llamamientos de todos los sectores y colectivos de nuestra tierra para acabar con tanta injusticia y sufrimiento estéril.

Finalmente, todo el sudor, trabajo, esfuerzo y esperanzas de quienes tan solo querían legarnos un futuro mejor, sirve únicamente para pagar la mala gestión, corruptelas, despropósitos, pesebrismo y perpetuación de un régimen clientelar, una mísera dedocracia señalada por la Unión Europea como la más corrupta del país, que ostenta la vergüenza añadida de batir todos los indicadores de pobreza, paro e ignorancia.

Por lo tanto, mediante la firma de este documento pedimos que los políticos autonómicos y nacionales, bonifiquen el 99’9% de este tributo en las autonomías y se derogue posteriormente a nivel nacional, terminando con el suplicio y la injusticia que está generando.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas