No a la Guardia Nacional; regresen a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles

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No a la Guardia Nacional militarizada

La propuesta de creación de la Guardia Nacional nos ha dejado heladas a las personas que votamos por un cambio que prometía sacar al Ejército de las calles.

A pesar de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, el grupo parlamentario de Morena presentó al Congreso de la Unión una iniciativa que pretende regularizar la presencia del Ejército en las calles; actualmente continúa la discusión de esta iniciativa en el Congreso de la Unión

Mientras el Ejército y la Marina, ahora con uniforme de la Guardia Nacional, sigan en las calles, todos y todas estamos expuestos a ser víctimas de desaparición forzada, tortura, especialmente tortura sexual si somos mujeres, detenciones arbitrarias e incluso ejecuciones extrajudiciales.

Es los últimos meses y días, más de 300 personas y organizaciones han aportado evidencia que señala que la estrategia de seguridad pública y combate a la delincuencia que se está planeando no garantiza el respeto a los derechos humanos, ni asegura que la situación actual va a cambiar; además, da continuidad y permanencia a los planes nacionales de seguridad que siguieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El dictamen de reforma constitucional en discusión en el Congreso de la Unión busca la militarización de la seguridad pública en el país a través del otorgamiento de facultades al Ejército y la Marina para entrar de lleno a las tareas de seguridad pública. No les quita facultades, les da más.

Como ciudadanía informada y consciente sabemos que cuando el Ejército entra a tareas de seguridad se elevan los homicidios, también hay más desapariciones forzadas, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos.

Desde la ONU-Derechos Humanos, pasando por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Asociaciones Civiles, activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos se ha señalado que no habrá marcha atrás si se modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dar cabida casi absoluta a las labores de los cuerpos armados en la seguridad pública. La situación empeoraría.

Es alarmante que esta reforma constitucional que daría paso a la creación de la Guardia Nacional podría perpetuar la militarización de la seguridad pública en el país; incumple con las obligaciones del Estado Mexicano en materia de derechos humanos, seguridad pública, derecho a no sufrir tortura, derecho a no ser víctima de desaparición forzada y otros.

Por eso queremos que nos ayudes a detener esta iniciativa que ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y que en cualquier momento podría ser discutida y aprobada por el Senado de la República.

Necesitamos tu firma para oponernos muy enérgicamente a mantener al Ejército en las calles; en su lugar queremos cuerpos policíacos municipales, estatales y federales fuertes, capacitados, respetuosos de los derechos humanos que no hagan que el bienestar de unos dependa de la vida e integridad de otros. Necesitamos un plan para regresar a los cuarteles a las Fuerzas Armadas.

Como mexicanos y mexicanas merecemos un país que garantice verdad, paz, justicia, garantías de no repetición, seguridad humana y ciudadana con respeto irrestricto a nuestros derechos humanos.

Firma esta petición para que:

El Senado de la República rechace la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que permitiría la militarización definitiva de la seguridad pública.

El Senado de la República respete la Constitución vigente y acate las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para mantener la seguridad pública en la Fuerza Civil, bajo mando civil.

Se modifique la iniciativa para dar paso a un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública que dé cumplimiento a los estándares de derecho internacional de derechos humanos que México está obligado a respetar y garantizar.