Pedimos la derogación del decreto 18-2022 que atenta contra todas las manifestaciones de familia que pueden darse.

Que incentiva la criminalización de mujeres que por cuestiones de salud o accidentalmente, interrumpan el proceso de gestación.

Atenta contra una educación sexual oportuna y sana.

Y discrimina a personas que no se perciban como heterosexuales, catalogándoles como “anormales”.