Prisión Permanente Revisable a los 10 años para cargos públicos corruptos.

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En España, desde hace décadas, la derecha endurece progresivamente el Código Penal (CP) con las siguientes finalidades:

1. Cercar derechos fundamentales como la libertad de expresión y manifestación con la finalidad de proteger espacios de impunidad política y económica.

2. Trasladar del derecho administrativo al penal tipos para los que no existe justificación de orden social o penal, con la intención de crear inseguridad y una selva legal que enmarañe el ejercicio de la libertad con carácter de generalidad.

3. Endurecer condenas en tipos penales cuyas víctimas mediatizan su dolor y son manipuladas por el poder político como propaganda de su acción de gobierno para generar atención y desviar la opinión pública de los problemas que ellos mismos causan.

Es de destacar que mientras sigue su hoja de ruta el embrutecimiento del CP con carácter de generalidad, aquellos delitos que son cometidos por cargos públicos en el ejercicio de su cargo se pierden en un limbo legal que hace ineficaz al mismo CP como herramienta de prevención de esas conductas que causan infinito daño en la moral pública, los ardides son de naturaleza diversa:

1. La fiscalía está en manos del poder político y es utilizada arbitrariamente.

2. Los recursos de los juzgados para actuar contra esos tipos penales son insuficientes, lo que eterniza los procedimientos, se suceden los cambios de jueces y se abonan las prescripciones.

3. Las condenas son muy leves para el daño que esas conductas causan en las arcas públicas, en la moral pública, y en la mismísima democracia.

4. Utilización infame y masiva de los pactos con la fiscalía que garantizan el no ingreso en prisión ni la devolución de lo robado, ni la reparación del daño causado.

5. Utilización bastarda de la institución del indulto como instrumento de garantía de última impunidad de todos los gobiernos de los partidos mayoritarios.

En definitiva, cabe poner coto a este tipo de conductas penales con condenas que se conviertan en instrumento disuasorio de las mismas y la medida propuesta podría contribuir a reducir drásticamente el ingente número de personas que ven en la política el camino fácil al enriquecimiento y, tal vez, otro número mayor de personas competentes y morales no tendrían inconveniente en participar en entornos más saludables, ganaría la ciudadanía porque la gestión de los recursos sería más eficiente, ganaría la moralidad pública porque el estado redistribuiría con más sentido la riqueza, y ganaría la democracia porque la ciudadanía recobraría su sentido en el voto.

 



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