Ante la presentación de la iniciativa con proyecto de DECRETO de adicionar dos párrafos al artículo 9° de la Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Baja California Sur, PROTESTAMOS:

Los párrafos que se propone adicionar al artículo 9º. de la Constitución de Baja California Sur, a saber: “el Estado protegerá y garantizará el derecho a la vida. Todo ser humano desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley, se le reputa como nacido para todos los efectos legales hasta su muerte natural” violan no solo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino también tratados internacionales concernientes a los derechos humanos, de los cuales el Estado Mexicano es signatario y que por la reforma constitucional de 2011, los poderes gubernamentales federal, estatal y municipales están obligados a cumplir.

Por nombrar algunos, los tratados internacionales firmados y ratificados por México son la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará); la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo (1994), la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la Declaración y Guías Técnicas de la Organización Mundial de la Salud. 

Además, en México es sabido que la mayoría de las interrupciones de los embarazos son debido a que las mujeres han sufrido embarazos forzados por violación sexual, ya sea por individuos allegados a sus familias, por extraños y hasta por sus propias parejas. En el país las mujeres de 15 años y más que declararon haber sufrido violencia sexual en 2016 eran el 41.3 %  y 9.4% de ellas afirmaba haber sufrido violencia sexual durante la infancia. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en nuestro país 77 de cada 1000 adolescentes entre 15 y 19 años son madres, enfrentándose en la mayoría de los casos a serias dificultades para la sobrevivencia. En 2017 diariamente se registraron 2 nacimientos cuyas madres tenían entre 10 y 11 años de edad y cuyos perpetradores sexuales fueron hombres mayores de 18 años.

Según cifras oficiales, el aborto representa la cuarta causa de muerte de las mujeres mexicanas en edad reproductiva y 7 mujeres por cada 1,000 se hospitalizan cada año por razones ligadas al aborto.

Baja California Sur es uno de los estados con mayor porcentaje proporcional de mujeres víctimas de violencia sexual. Entre 20% y 27.4% de las mujeres han sufrido abuso sexual en algún momento de su vida.

Ninguna mujer en edad reproductiva está libre del riesgo de un embarazo forzado o no-deseado. Ninguna niña o adolescente debe ser forzada a la maternidad, para la cual no están preparadas ni física ni emocional ni socioeconómicamente.

Los párrafos que se pretenden malamente adicionar a nuestra constitución estatal lo que buscan en realidad es criminalizar a las mujeres que han interrumpido su embarazo. Esto no solo viola el  derecho a la salud de las mujeres en Baja California Sur sino que no resuelve la prevalencia de abortos. La criminalización por interrupción del embarazo orilla a las mujeres a practicarlos en circunstancias clandestinas e insalubres, generándose situaciones de tremendo peligro tanto para su salud y vida personal como para la sociedad en su conjunto.

Adicionalmente, la pretendida reforma a la constitución estatal avasalla los derechos humanos de las mujeres y las niñas, a saber:

-        Derecho a la dignidad de la persona

-        Derecho a la vida privada

-        Derecho a la integridad personal

-        Derechos sexuales y reproductivos

-        Derecho al libre desarrollo de la personalidad y plan de vida

-        Derecho a la protección de la salud

-        Derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos.

La propuesta de reforma es a todas luces retrógrada y regresiva, viola por tanto los principios constitucionales nacionales del artículo 1º. pro-persona y sobre progresividad de derechos, lo cual implica tanto gradualidad como progreso en la garantía de los derechos humanos de las mujeres.  

Por lo anteriormente expuesto y sabedores de que nuestros representantes deben estar apegados al estado de derecho demandamos que no se apruebe la pretendida reforma al artículo 9º. de la Constitución Estatal presentada por las diputadas Perla Guadalupe Flores Leyva, Lorenia Lineth Montaño Ruiz y el diputado Rigoberto Murillo Aguilar.

A T E N T A M E N T E,

COALICIÓN SUDCALIFORNIANA POR LA DEFENSA DEL ESTADO LAICO

Colectiva TÚ DECIDES BCS, Colectivo PIES, CABEZA Y CORAZÓN, Colectivo de DERECHOS HUMANOS Y MOVILIDAD ACTIVA, Colectivo LA PAZ ES DIVERSA; CODISEX LOS CABOS; Colectivo MASCULINIDADES AUTORREFLEXIVAS MAR, Colectiva  LA ALHUATA FEMINISTA, CENTRO MUJERES A. C., FRENTE FEMINISTA NACIONAL, EQUIDE A. C., CENTRO CULTURAL ESPERANZA RODRÍGUEZ, CRESER SC, EDUCASEX, FUNDACIÓN GENERACIÓN UNICORNIO, y quienes más deseen suscribir.