Por el Cese de la violación de los DDHH y por Garantías Constitucionales en Venezuela!

Por el Cese de la violación de los DDHH y por Garantías Constitucionales en Venezuela!

0 personas firmaron. ¡Ayuda a conseguir 200!
Al lograr 200 firmas, es más probable que la petición pueda ser tendencia en nuestra plataforma.
Red Venezolan@s en el mundo Red lanzó esta petición dirigida para Comunidad Internacional y

Las protestas recientes, iniciadas en el estado Yaracuy, han conseguido eco en todo el territorio venezolano. No hay rincón de la patria, que no haya sido víctima del sistemático ultraje y constante atropello de quienes hoy detentan el poder.

Este grito que reclama dignidad y cambio, se multiplica por todos los rincones del país, desde Curiapo en Tucupita, hasta la Sierra de Perijá en el Zulia, y desde las costas de La Guaira, hasta el Pico de la Neblina, al sur profundo del Estado Bolívar. Es un llamado que trasciende las fronteras nacionales, y del que hacemos parte los(as) venezolanos(as) exiliados(as) y desplazados(as) por la crisis humanitaria y política producida por el régimen de Nicolás Maduro.

Es un lugar común, el reclamo por la falta de gas, luz, agua, medicamentos, por salarios hiperdevaluados, por una severa crisis hospitalaria, hoy profundizada por la pandemia, la escasez de gasolina y su distribución arbitraria y viciada, y en general, por el incremento de la hambruna, que ha llevado a la sociedad venezolana a mantener una forma de vida en sobrevivencia diaria, caracterizada por la violencia, el atropello y la corrupción estatal.

La situación económica se agudizó con el Covid-19, que paralizó el 90 % de la economía, no obstante, es necesario señalar, que el país ya enfrentaba una debacle integral. Venezuela viene con una contracción económica mayor al 50 % en los últimos 6 años; una escasez crónica de combustibles (apenas cubre el 1 % de la demanda), y una paralización casi total por fallas del transporte.

Según los análisis de la economista Abarca K. (2020) “a la caída de los precios del barril de petróleo, Venezuela suma el desplome de su producción, que pasó de 2.380 millones de b/d en 2011, a tan solo 733 mil b/d para marzo de 2020, lo que significa una abrupta contracción de los ingresos por exportaciones, en una economía donde el petróleo representa aproximadamente el 90 % de las divisas que ingresan por comercio exterior”.

Los organismos internacionales proyectan la caída de la economía venezolana en el contexto de los efectos de la pandemia (2020), que va de un -26 % (CEPAL) a un -30 % (PNUD), mientras que la estimación promedio para América Latina y el Caribe, es de -9,1 %. La inflación actual es de 1.318,92 % (Cedice, Observatorio de Gasto Público, 2020), y en términos de pobreza e inseguridad alimentaria, Venezuela llega a niveles de África, y es el país más pobre de la región, con un  96 % de pobreza, y donde el  79,3 % de la población no tiene cómo cubrir la canasta de alimentos (Encovi,2020).

La violación sistemática de los DDHH, ha conseguido en el régimen de Nicolás Maduro, un asidero propio, típico de las dictaduras más atroces que ha tenido el continente. Detenciones masivas, criminalización y judicialización de la protesta, torturas sistemáticas, exterminio y asesinatos, son la respuesta del régimen ante la creciente demanda política y social.

Las protestas arriba señaladas, se dan en un contexto de crisis económica aguda y se desarrollan al alero de la presentación del Informe 2020 de Naciones Unidas sobre la violación permanente a los DDHH en Venezuela, que, además, es el segundo documento que este organismo internacional entrega sobre el país, dando cuenta de las mismas constataciones sobre la vulneración de los derechos humanos de los(as) venezolanos(as) que se informaba en el 2019.

El primer informe fue presentado por el Consejo de las Naciones Unidas para los DDHH (ACNUDH) en junio de 2019, en el que se explicaba la vulneración sostenida de los derechos fundamentales de la población, por parte de las instituciones y organismos de seguridad del Estado, incluso mostrando la violencia de género que viven las mujeres y niñas en este contexto de crisis humanitaria.

Algunos datos del informe (2019) mostraron el deterioro económico, social e institucional del país que, para la fecha, daba cuenta de una hiperinflación y contracción económica de dimensiones históricas, con un salario mínimo mensual de 7 USD, el cual apenas cubría el 4,5 % de la canasta básica.

Asimismo, el documento daba cuenta de que Venezuela, el país petrolero de América Latina y el Caribe, referente de participación democrática del siglo XX, hoy es el país en el que la comida y los fármacos se han constituido en bienes de lujo, con precios absurdamente inasequibles, generando 3,7 millones de personas desnutridas, con una diáspora inédita en la región, que suma cerca de 6 millones de personas desplazadas.

En Venezuela han reaparecido enfermedades erradicadas debido a las condiciones insalubres en las que vive la población. Al mismo tiempo no se pueden tratar las enfermedades existentes por la falta de vacunas, hay escasez de medicamentos (entre 60 a 100 %) en las principales ciudades del país. Por ejemplo, para el 2019, en cinco ciudades había inexistencia total de anticonceptivos, las mujeres destinaban en promedio 10 horas al día en filas para comprar comida, ha aumentado en 65 % el embarazo adolescente y en 20 % la mortalidad de las mujeres, en muchos casos por abortos.

El Informe (2019) fue contundente en señalar que hay evidencia suficiente para creer que muchas de las casi diez mil “muertes violentas” ocurridas entre el 2018 y a la fecha, podrían corresponder a presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Política Nacional Bolivariana, denominadas por la ciudadanía como “los escuadrones de la muerte”, a quienes también se les acusa de torturar a los detenidos.

El actual informe 2020 de la Comisión de Verificación de Hechos de NNUU, constata el recrudecimiento de estos graves crímenes de lesa humanidad. Evidenciando un patrón de represión que determina la magnitud de la denuncia en: Desapariciones Forzadas, Tortura y Tratos Crueles y Degradantes a las Víctimas, y Ejecuciones Extrajudiciales. Para esta fecha, en la actualización del informe de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, anuncia que se han cometido entre enero y agosto de 2020 más de 2000 ejecuciones extrajudiciales, siendo el blanco principal de ataque, jóvenes de las zonas populares.

El informe señala con suma nitidez, la responsabilidad directa del Estado venezolano, encabezada por el dictador Nicolás Maduro, el ministro de la Defensa Mayor General Padrino López, el ministro de Relaciones Interiores General Néstor Reverol, junto a las cadenas de mando y las cúpulas de los cuerpos de seguridad, específicamente la FAES (Fuerza de Acciones Especiales)-PNB(Policía Nacional Bolivariana), GNB(Guardia Nacional Bolivariana), DGCIM(Dirección General de Contra Inteligencia Militar), SEBIN(Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). Convertidos estos cuerpos en el esqueleto que sostiene el andamiaje del poder sobre la base de un ataque sistematizado a la población.

Existen en Venezuela condiciones que producen alarmas ante la flagrante violación del Estado de Derecho y la carencia de garantías constitucionales para los ciudadanos. El reclamo por agua, luz o gas, recibe la misma respuesta, de quien reclama derechos políticos y democracia, sean ex funcionarios(as) o recientes disidentes, así como activistas o dirigentes de los sectores tradicionalmente opuestos al régimen, o luchadores sociales por sus justas reivindicaciones, el trato y procedimiento de la dictadura tiene un solo formato: Represión… 

Solo por mencionar algunos casos observemos lo que ocurrió con:

●       La Fiscal General Luisa Ortega Díaz, quien tuvo que huir del país, recibiendo asilo en Colombia tras denunciar la ruptura del hilo Constitucional por el decreto del Tribunal Supremo de Justicia de facto, que suprimió las legítimas y constitucionales funciones de la Asamblea Nacional, abril 2017.

●       El ex Ministro de la Defensa de Hugo Chávez, El General en Jefe, Raúl Isaías Baduel, en prisión, Cárcel Militar de Fuerte Tiuna, desde el 2009, y toda su familia perseguida, hijos presos, exiliados. Y el ex Ministro de Relaciones Interiores y Jefe del Servicio de Inteligencia, Miguel Rodríguez Torres, SEBIN, marzo 2018, preso Cárcel Militar de Fuerte Tiuna, aislados, sin contacto durante largos periodos con sus abogados y familiares.

●       Concejal Fernando Albán, SEBIN, octubre 2018 y el Capitán Acosta Arévalo, DGCIM, junio de 2019, en ambos casos sufrieron secuestro y desaparición forzada, torturas múltiples, quemaduras, golpes, uñas arrancadas y asfixia mecánica hasta asesinarlos.

●        Rufo Chacón, con tan solo 17 años de edad, quien tras reclamar junto a su familia irregularidades en el servicio de gas doméstico, le fue arrebatada la vista tras una ráfaga de perdigones disparadas directo a la cara. PNB, Julio de 2019.

●       Neomar Lander, PNB, junio 2017 y Juan Pernalette, GNB, abril 2017, quienes junto a otros 160 venezolanos más, fueron asesinados en el marco de las masivas protestas y rebelión popular de abril-Julio de 2017.

●       Bassil Da Costa, SEBIN, febrero 2014. Juan Montoya, SEBIN, febrero 2014.  Geraldine Moreno, GNB, febrero 2014, asesinados(as) junto a otros sesenta jóvenes, víctimas mortales de las fuerzas represivas, que dejaron las protestas que se iniciaron el Día de la Juventud, 12 de febrero de 2014.

●       La conocida Masacre del Junquito, acción conjunta PNB-FAES-GNB-DGCIM-Ejército, enero 2018. Organismos nacionales e internacionales de DDHH condenaron el uso desproporcionado de la fuerza, tanques de guerra, helicópteros con artillería de guerra, misiles blindados, ametralladoras calibres .50 mm y más de mil hombres con fusiles de asalto, dejando expresamente por fuera del operativo al Cuerpo de Investigaciones Criminales, del cual el jefe del grupo rebelde, el Inspector Oscar Pérez, formaba parte. Oscar Pérez, funcionarios de la Guardia Nacional, CICPC y una civil mujer, fueron vilmente asesinados(as) a pesar de que su rendición fue grabada y transmitida por redes sociales por las propias víctimas, minutos antes de que se produjera el ataque. Todos los rebeldes, incluida la Lic. Lisbeth Ramírez (quien estaba embarazada al momento de su asesinato), recibieron tiros de gracias en la cabeza y el corazón. 8 víctimas mortales. La orden dictada fue: exterminarlos. Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, dieron la orden.

La lista de presos(as) políticos(as) está en permanente rotación, los calabozos y los centros de detención, se convirtieron en campos de tortura y crueldad, las vejaciones, violaciones y humillaciones a las que son sometidas las víctimas se reflejan claramente en el reciente informe de las NNUU. Diputados, dirigentes sindicales, estudiantes, amas de casas, obreros, campesinos, empresarios, periodistas, ciudadanos(as) todos(as), han sido víctimas del perverso proceso que criminaliza la protesta y el reclamo social.

El lugar común de todas las víctimas, ha sido el de ejercer su legítimo derecho a reclamar democracia, servicios, justicia, libertad, una vida digna. Hoy bajo régimen de presentación en tribunales civiles y militares quedan miles de venezolanos(as) sometidos(as) a juicios inconclusos, amañados y claramente manipulados. Con un poder Judicial y una Fiscalía de facto que obedecen a los designios e interés de la cúpula gobernante, designados de forma fraudulenta.

Según el Foro Penal, en su informe fechado 29/09/2020, desde el 2014 se han registrado 15.584 detenciones políticas en el país. Además de los presos(as) políticos(as) más de 9.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad, de su libre circulación y con prohibición expresa de salida del país, todas bajo régimen de presentación en tribunales civiles y militares. Para el mismo 29/09/2020 existen 348 presos(as) políticos(as), 324 hombres y 24 mujeres, de los cuales 221 son civiles y 127 son militares, 346 son adultos y 2 son menores de edad.

 La violación sistemática de los DDHH en Venezuela es una constante y obedecen a patrones diseñados de represión que pretende silenciar la disidencia y someterla a sangre y fuego. Al momento de escribir estas notas, decenas de personas engrosaron la lista de víctimas por armas de fuego, perdigones, allanamientos, y encarcelamiento tras las diversas protestas iniciadas en el estado Yaracuy y que se propagan por todo el país con un grito desesperado: ¡Esto no se aguanta más!

Existe un desmantelamiento del Estado de Derecho, la destrucción de la Institucionalidad y el cierre de las vías democráticas para superar la crisis venezolana por la vía pacífica, electoral y constitucional. Lo cual, tiene como origen, el tiránico objetivo de preservar y mantener el poder a cualquier costo.

Nicolás Maduro, y su poder de facto, ha venido quebrantando el hilo constitucional a lo largo de su gestión. En las elecciones parlamentarias del 2015, quedó totalmente demostrado el rechazo generalizado hacia su régimen, por el resultado de su mandato, en las que la oposición obtuvo una aplastante mayoría.

No obstante, el régimen profundizó y aceleró la creación de un sistema jurídico paralelo al establecido en la Constitución, por la vía de la fuerza, impuso un conjunto de medidas que fueron cercenando y desmantelando el estado de derecho y la institucionalidad democrática. El inicio de estas acciones se materializó en el momento en que se prohíbe la juramentación de los dos diputados Indígenas del Amazonas, esto impidió adquirir la mayoría calificada que obtuvo legítimamente la oposición en la Asamblea Nacional, todas estas acciones trajeron como consecuencia que el régimen declarara en desacato al parlamento y limitó la validez de sus decisiones.

Luego, el régimen desconoció la convocatoria a referéndum revocatorio en el 2016. Después de recaudar todos los requisitos de ley y superar todos los obstáculos impuestos por el ejecutivo y el Consejo Nacional Electoral, vale mencionar: desconocimiento de la solicitud, validación de firmas, ataques de grupos paramilitares a lo largo de todo el proceso de recolección de las mismas, entre otras.  Sin argumentación jurídica, ni basados en ninguna ley, el CNE, encabezado en aquel entonces por Tibizay Lucena, decidió desconocer la solicitud, que cumplía con todos los requisitos de ley más los impuestos de manera arbitraria.

 Posterior a las masivas olas de protestas del 2017, el gobierno convocó e instaló de forma fraudulenta la Asamblea Nacional Constituyente, sin asistencia evidente de electores(as), con el único objeto de mellar y socavar la institucionalidad de la legítima Asamblea Nacional, nunca cumplió con el objeto para la cual fue creada y los problemas que planteó resolver hoy son más graves.

Tanto el 2017 tras el infructuoso diálogo de República Dominicana, con intermediación del Vaticano, y los respectivos gobiernos de España y el país receptor, entre otros, así como los esfuerzos realizados en Oslo en 2019, que contaban con la anuencia del Grupo de Lima, el Grupo de Contacto de la CEE, y la destacada y diligente participación del Gobierno de Noruega, expertos(as) en Resolución de Conflictos y Mediación Internacional, el régimen evadió en ambas oportunidades cualquier acuerdo que significaba una contienda electoral con observadores(as) internacionales, con garantías y en las que se respete la voluntad del electorado. 

Muy por el contrario, el gobierno acentuó su plan represivo, ilegalizó a los partidos políticos de la Alianza Democrática, encarceló y persiguió a sus dirigentes y provocó el exilio de otros tantos. Convocó elecciones presidenciales adelantadas, fuera del periodo constitucional, sin observación, sin participación de la oposición y con una abstención nunca vista en los procesos de los últimos 20 años. El mismo año convocó elecciones a gobernadores, alcaldes y concejales, y obligó a los candidatos electos a juramentarse en la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. En este proceso 5 candidatos opositores ganaron la elección a gobernaciones, y fueron desconocidos, en un caso no juramentado, y en los otros, el Ejecutivo designó “protectores” como figura para administrar los recursos y dinamitar dichas gestiones. Así el régimen profundizó el caos institucional, legal y político.

La recuperación de Venezuela, la reconstrucción nacional, la superación de la actual tragedia pasa, necesariamente, por la salida de Maduro y las mafias que detentan el poder. Este gobierno destruyó las instituciones, acabo la economía y una de las empresas petroleras más importantes del mundo, implementó un plan de extracción de riquezas y saqueos del subsuelo venezolano, siendo el más claro ejemplo el plan extractivista del Arco Minero del Orinoco, con un impacto ambiental que afecta la corteza terrestre, la biodiversidad de la región, desplaza poblaciones ancestrales y destruye y contamina dos de los principales ríos y reservorios de agua dulce del país. Destruyo el 80 % del aparato productivo del país, pulverizó la moneda y condenó a millones de venezolanos a vivir en la miseria y la pobreza generalizada y a otros más de 5 millones a huir de la tragedia, en condiciones de migrantes y desplazados. Fenómeno comparable solo con poblaciones de países en guerra, Siria, por ejemplo. El narcotráfico y la corrupción dinamitaron las altas esferas del poder, creándose una nueva clase de ricos y poderosos que ensancharon sus arcas y bienes con las riquezas de la nación.

Esta tragedia debe terminar, es necesario y principal, que los actores políticos comprendan la magnitud del daño causado por la dictadura de Nicolás Maduro al país, es importante que se entienda la necesidad de reconstruir un espacio de unidad de cara a los más altos interés de la nación, y donde trabajemos en conjunto por una estrategia común e inequívoca que tenga como objetivo principal: El cambio político en Venezuela. Hoy, importantes naciones del mundo, instituciones internacionales y organismos multilaterales tienen la mirada puesta en Venezuela, también hoy, el pueblo venezolano, incansable en su lucha por liberarse, se moviliza una y otra vez pidiendo cambio, una vida digna y una salida definitiva a la tragedia que Maduro representa.

Es momento de señalar con claridad una ruta de luchas, exigencias y movilizaciones que pongan como protagonista principal al pueblo de Venezuela, que quiere expresarse nítida y claramente en un proceso en el que se respete su voluntad, con garantías constitucionales y con observación internacional. Es necesario expresar, que la lucha planteada debe centrarse en buscar condiciones y garantías para que la última y definitiva palabra, la tenga el pueblo venezolano a través del voto, universal directo y secreto.

Y para ello, es necesario insistir y hacer todos los esfuerzos por reunificar a las fuerzas del cambio, integrar a todas las corrientes, hacer puentes con los disidentes democráticos que se han desprendido de la dictadura y establecer una ruta de lucha común que reúna a la mayor suma de potencialidades políticas, sociales, profesionales, académicas, sindicales, la Iglesia, etc, en un gran movimiento nacional para salvar al país.

Octubre 04, 2020.

Fuentes Consultadas:

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidad Michelle Bachelet, 2019.

Informe de la Comisión de Verificación de Hechos de las ONU, septiembre 2020.

Informe Anual, Situación de los DDHH en Venezuela, Capitulo Derecho a la Libertad Personal. PROVEA 2019.

Prensa y redes sociales de Foro Penal Venezolano, septiembre 2019.

ENCOVI, 2020.

Notas, Situación Económica de Venezuela, Economista K. Abarca Chile, 2020.

0 personas firmaron. ¡Ayuda a conseguir 200!
Al lograr 200 firmas, es más probable que la petición pueda ser tendencia en nuestra plataforma.