El 10 de marzo de 2021, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convocó por sorpresa elecciones autonómicas, una decisión recurrida por partidos de la oposición que la justicia tardó varios días en corroborar. Tras ese periodo de incertidumbre, muchas personas que vivimos, trabajamos y contribuimos en Madrid hemos descubierto, al comprobar dónde nos tocará votar, que no podremos ejercer este derecho en las próximas elecciones por encontrarnos en un limbo censal.

En el último año, la pandemia ha provocado muchos cambios de domicilio, por motivos laborales y sanitarios, que el censo electoral no contempla, y el exiguo plazo de recurso, de apenas una semana, nos condena a muchos a la abstención forzosa.

La precipitación en el anuncio de convocatoria electoral, los procesos burocráticos ralentizados por la pandemia, la insuficiente digitalización de la administración y la escasa voluntad política han dejado fuera de la fecha de empadronamiento a una buena parte del electorado que pierde así su derecho a voto. La única alternativa que ofreció la administración para recurrir esta situación fue acudir presencialmente al registro, con cita previa y en horario de oficina, durante apenas cinco días laborales desde el 17 de marzo.

El día de las elecciones madrileñas, el 4 de mayo, será laborable pero no lectivo en colegios, lo que dificultará a muchas personas que puedan acercarse a las urnas por el cuidado de los hijos sin escuela o el temor a pedir permiso en en puestos de trabajo precarios o temporales. Además, muchos mayores y personas de riesgo evitarán acercarse a los colegios electorales por el temor a las aglomeraciones en estos tiempos de pandemia. Detrás de la abstención no solo hay desmovilización ciudadana: también se debe a decisiones políticas que ponen obstáculos a la participación electoral.

¿A quién afecta esta situación? A toda la ciudadanía, porque excluye innecesariamente a electores del proceso democrático de elección de sus representantes políticos. Electores que, además, quedan fuera del padrón por situaciones de vulnerabilidad, como no tener una vivienda en propiedad que les obliga a cambiar de techo con frecuencia en una región con alquileres inalcanzables incluso para gente con trabajo. También quedan fuera migrantes que llegan a Madrid desde otras regiones españolas, español@s que tienen que migrar en plazos clave del proceso de voto por correo, o jóvenes del propio Madrid que han cumplido la mayoría de edad este 2021. La pandemia, además, dificultará que las personas contagiadas o enfermas por Covid-19 puedan votar sin que las administraciones ofrezcan alternativas suficientes y sanitariamente seguras.

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