¡Defendamos a la JEP!

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Defendamos a la JEP ha iniciado esta petición dirigida a Comisiones Accidentales de Paz del Congreso de la República de Colombia

El 31 de octubre de 2018, después de permitir la sorpresiva intervención de Álvaro Uribe Vélez, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el Proyecto de Acto Legislativo 024 de 2018, presentado por Paloma Valencia.

El Proyecto incluiría 14 magistrados nuevos con conocimiento del "derecho operacional" a la JEP a través de un mecanismo distinto al Comité de Escogencia pactado en el Acuerdo Final, escindiría el conocimiento de casos contra militares y desmovilizados de las FARC al interior de la JEP y eliminaría los incentivos a la contribución a la verdad en etapa de juicio.

Consideramos que el Proyecto viola el Acuerdo Final, sustituye la Constitución y representa una amenaza a la independencia, legitimidad y efectividad de las labores de la JEP como instancia de justicia transicional. 

Por esa razón, vamos a pedirles a las comisiones de paz del Congreso que tomen todas las medidas necesarias y conducentes para detener esta iniciativa. 

¡Apóyanos!

 

Bogotá D.C., 9 de noviembre de 2018

  

H.S. Iván Cepeda,

H.S. Roy Barreras,

H.S. Alberto Castilla,

H.S. Aida Avella,

H.S. Andrés Cristo,

H.S. Antonio Sanguino,

H.S. Armando Benedetti,

H.S. Efraín Cepeda,

H.S. Gustavo Bolívar,

H.S. Horacio José Serpa,

H.S. John Harold Suárez,

H.S. Julián Gallo Cubillos,

H.S. Luis Fernando Velasco,

H.S. Paloma Valencia,

H.S. Roosvelt Rodríguez
 

H.R. Ángela María Robledo

H.R. Juanita María Goebertus

H.R. María José Pizarro Rodríguez

H.R. César Eugenio Martínez

H.R. Luis Alberto Albán

H.R. Oscar Tulio Lizcano

Miembros de las Comisiones Accidentales de Paz del H. Senado de la República y de la H. Cámara de Representantes

 Asunto: Observaciones Ciudadanas al Proyecto de Acto Legislativo 024 de 2018 – Senado, “Por la cual se adiciona el Acto Legislativo 01 de 2017 y se dictan otras disposiciones”

Respetadas señoras y señores congresistas,

Los ciudadanos que suscribimos este documento unimos nuestras voces a las de James Stewart – Fiscal Adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI)–, Eduardo Cifuentes Muñoz –Presidente de la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –,  Prf. Dr. Kai Ambos –reputado académico y juez internacional–, Ramiro Bejarano –prestigioso jurista colombiano– y de las respetadas analistas Cecilia Orozco y Laura Gil, para manifestar nuestra oposición al Proyecto de Acto Legislativo 024 de 2018 – Senado, “Por la cual se adiciona el Acto Legislativo 01 de 2017 y se dictan otras disposiciones” y para solicitarles que, de conformidad con sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, se opongan a esta equivocada iniciativa de enmienda constitucional.

 I.                   Introducción

 El martes 30 de octubre de 2018, la Comisión Primera Permanente del H. Senado de la República se encontraba en curso de improbar el articulado original del Proyecto de Acto Legislativo 024 de 2018 – Senado, “Por la cual se adiciona el Acto Legislativo 01 de 2017 y se dictan otras disposiciones”. Tres artículos ya habían sido votados desfavorablemente y todo indicaba que el Proyecto iba a ser derrotado en su primer debate. No obstante, la Comisión inexplicablemente permitió el ingreso al recinto del H.S. Álvaro Uribe Vélez, miembro de la Comisión Séptima Permanente del Senado, y le confirió el uso de la palabra. Su intervención fue decisiva para lograr que el H.S. Luis Fernando Velasco autorizara un receso en cuyo contexto se obtuvo una fórmula para revigorizar la iniciativa de profunda modificación de la JEP. Al día siguiente, la Comisión aprobó la iniciativa con tanta desconfianza que requirió, además, la suscripción del compromiso de no adicionar el Proyecto en los siete debates subsiguientes.

Entre los aspectos más preocupantes del Proyecto sobresalen dos temas: 

En primer lugar, el nombramiento de catorce (14) magistrados adicionales por un Comité de Escogencia ad hoc en los siguientes órganos de la JEP: (i) la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, (ii) la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, (iii) la Sección de Revisión, (iv) la Sección de Apelación, y (v) la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, así como la conformación de equipos “… que trabajarán de manera separada en el estudio de los casos de las guerrillas y de agentes del Estado”. La incomprensión que inspiró este Proyecto se percibe desde el primer inciso de su Artículo 1º, el cual se refiere a la última Sección mencionada arriba como “… de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Definición de los hechos y conductas del Tribunal para la Paz”. Tal órgano no existe. No obstante, los efectos de esta reforma son mucho más preocupantes que la falta de comprensión de la JEP sobre la cual se fundamenta.

En segundo lugar, la introducción de un estándar probatorio cualificado que desconoce los incentivos para el reconocimiento de verdad ante la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP.

Al respecto, los firmantes consideramos que la aprobación de este Proyecto implicaría una violación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en claro desconocimiento de los actos legislativos 01 y 02 de 2017. Tratándose de normas de rango constitucional, cuya exequibilidad fue mayormente declarada por la Corte Constitucional, el Proyecto representa una verdadera sustitución de la Constitución Política de Colombia de 1991. Por consiguiente, su aprobación sería una extralimitación del Constituyente Derivado. En nuestro sentir, es su deber oponerse a esta iniciativa para garantizar los principios de celeridad, corrección formal de los procedimientos y supremacía de la Constitución, previstos en los artículos 2 y 4 de la Ley 5 de 1992, “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”.

Pasamos a exponer los argumentos que sustentan nuestra postura en el orden propuesto arriba.

II.                Inconstitucionalidad de la inclusión de nuevos magistrados a la JEP

El Artículo 7º del Acto Legislativo 01 de 2017 previó el nombramiento de veinte (20) magistrados del Tribunal para la Paz, dieciocho (18) magistrados de las Salas de Justicia y trece (13) magistrados suplentes o sustitutos de la JEP por parte de “… un Comité de Escogencia que gozará de autonomía e independencia y que será conformado por reglamento expedido por el Gobierno nacional”. Este aparte de la norma, declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-674 de 2017, fue desarrollado por el Decreto 587 de 2017. A través del mismo, el Presidente de la República creó un Comité de Escogencia integrado por personalidades de reconocida trayectoria e intachables credenciales éticas a nivel nacional e internacional: José Francisco Acuña –Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Diego García Sayán –Antiguo Ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores de Perú y Ex Magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actual Relator Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados–, Claudia Vaca –académica y funcionaria preocupada por el bienestar de los pacientes–, Álvaro Gil Robles –Antiguo Defensor del Pueblo del Reino de España y Ex Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa– y Juan Méndez –Antiguo Asesor de la Fiscalía de la CPI, Ex Presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional, Antiguo Asesor del Secretario General de la ONU para la Prevención del Genocidio y Relator Especial sobre la Tortura–.

El Comité de Escogencia recibió cientos de hojas de vida, realizó decenas de entrevistas –que todavía se encuentran disponibles en internet– y seleccionó a los candidatos más idóneos para ocupar los cargos mencionados anteriormente. Entre ellos se cuentan ex magistrados de altas corporaciones judiciales ordinarias y de la justicia penal militar, académicos de larga trayectoria, defensores de derechos humanos, expertos en justicia transicional, derecho penal nacional e internacional, derecho internacional humanitario, mujeres y hombres sin tacha en su vida profesional, sin antecedentes judiciales, disciplinarios o fiscales que representan el mosaico de identidades étnicas, orígenes regionales, cosmovisiones y apreciaciones jurídicas propias de un Estado Social de Derecho pluralista.

 Sugerir que su nombramiento, posesión y ejercicio de administración de justicia transicional no ofrecen garantías de independencia e imparcialidad equivale a presumir su culpabilidad sin razón alguna. Por ende, atenta contra los artículos 6, 29 y 230 de la Constitución Política de Colombia. Pero lo más grave es que esta postura, carente de sustento fáctico, se emplee con miras a introducir funcionarios elegidos a través de un procedimiento ad hoc y favorable a las Fuerzas Armadas (FFAA) –ciertamente, el conocimiento del “derecho operacional” es una referencia indirecta a los uniformados– a la JEP. En este escenario, se reemplazaría injustificadamente el proceso de selección de magistrados de la JEP previsto en el Artículo 7º del Acto Legislativo 01 de 2017. De contera, se violaría el principio constitucional de juez natural.

 Recuérdese, honorables congresistas, que la Corte Constitucional sostuvo en la precitada Sentencia C-674 de 2017 que éste “… constituye también un elemento cardinal del ordenamiento superior, no solo porque es parte integral del derecho al debido proceso, sino también porque atiende a garantizar los atributos básicos de la función jurisdiccional, en especial, la seguridad jurídica, y la independencia, la imparcialidad y la neutralidad en la administración de justicia”. El mismo, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, “… exige que los casos similares sean tratados en procesos similares. Si, por ejemplo, para la determinación de ciertas categorías de casos se aplican procedimientos penales excepcionales o tribunales o cortes de justicia especialmente constituidos, habrá que dar motivos objetivos y razonables que justifiquen la distinción”. Al analizar la exequibilidad de la JEP de cara a la garantía del juez natural, la Corte Constitucional concluyó que: “… no sustituye la garantía del juez natural en relación con los combatientes del conflicto armado (…) puesto que dicho sometimiento resulta, precisamente, de su voluntad de sujetarse a una autoridad jurisdiccional diferenciada de las ordinarias del Estado y que les ofrezca suficientes garantías desde una perspectiva transicional. De igual modo, en la medida en que el esquema institucional introducido en el Acto Legislativo 01 de 2017 constituye un componente esencial del proceso transicional, resulta claro para la Corte que el mismo, sin afectar el principio de juez natural, es aplicable a todos los combatientes, con el objeto de garantizar el tratamiento simétrico a todos los actores del conflicto que se encuentran en posiciones jurídicas equivalentes”.

Por obvias razones, la interpretación autorizada de la Corte Constitucional se circunscribe a la configuración actual de la JEP. Su alteración, mediante la inclusión de nuevos magistrados escogidos por un órgano distinto al previsto en el Acto Legislativo 01 de 2017, trastornaría la composición de cinco salas y secciones de la JEP con posterioridad a su constitución, sin motivos objetivos y razonables que justifiquen la distinción. La consecuencia ineludible de esta estrategia sería la consolidación transitoria de una sustitución de la Constitución que sería oportunamente demandada ante la Corte Constitucional por la ciudadanía.

Pero el Proyecto no se detiene ahí. Como señalamos anteriormente, también propone distribuir forzosamente el conocimiento de casos que involucren a miembros de las FFAA y de las desmovilizadas FARC entre equipos de trabajo distintos al interior de cada Sala y Sección afectada. De esta manera, pretende conservar formalmente inalterada la competencia de la JEP mientras introduce materialmente la venenosa propuesta del texto original: asignarles a oficiales retirados de las FFAA el conocimiento privativo de los casos que involucren a uniformados presuntamente responsables de haber cometido delitos de competencia de la JEP. Esta estratagema tan sólo busca crear la ficción de unidad de la JEP mientras la fractura, politiza su ejercicio y reproduce el conflicto militar y político a través de las formas jurídicas.

Aquí no sólo se hace evidente, una vez más, la violación de la garantía del juez natural, sino que también se rompe con tres principios fundamentales de operación de la JEP: la integralidad, la inescindibilidad y el tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico de todos los comparecientes.

Según la providencia de la Sección de Apelación de la JEP en el asunto ASHTON, el primer principio confiere a todos los magistrados de la JEP la facultad de “… juzgar todo lo ocurrido en el conflicto armado colombiano en el más comprehensivo sentido de la expresión (…) [y] hacer un completo y adecuado análisis jurídico de las conductas que son de su competencia”. Al excluir a los equipos de trabajo de los casos adelantados bien sea contra las FFAA o contra las desmovilizadas FARC, el Proyecto efectiva y materialmente recorta la competencia de los magistrados de la JEP, creando el riesgo de que su actividad no conduzca al establecimiento de la verdad judicial profunda y extensa que persigue la JEP. En otras palabras, la propuesta favorece el surgimiento de relatos fragmentarios que contribuyan a la continuación de la impunidad.

Según el Artículo 63 del Proyecto de Ley Estatutaria 008 de 2017- Senado, “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz”, que ya fue aprobado por el Congreso y declarado exequible por la Corte Constitucional: “El funcionamiento de la JEP es inescindible y se aplicará de manera simultánea e integral a todos los que participaron directa e indirectamente en el conflicto armado y sus decisiones ofrecerán garantías de seguridad jurídica a todos los anteriores”. La asignación de competencias funcionales sobre las FFAA a salas o secciones conformadas por individuos que pertenecieron a éstas en el pasado y que serían incluidos a través de un procedimiento que no fue previsto en el Acuerdo Final o en las normas constitucionales que lo incorporaron a nuestro ordenamiento jurídico fracturaría esta garantía de forma irreparable.

Naturalmente, la capacidad de la JEP de dar un trato simultáneo quedaría en entredicho si se tuviera que esperar a la posesión de nuevos magistrados para juzgar a los miembros de las FFAA. También se amenazaría la posibilidad de que todos los comparecientes reciban un trato equitativo, equilibrado y simétrico si los miembros de las FFAA pudieran ser juzgados por orgánicos en retiro de la Fuerza a la cual hayan pertenecido. Esto sería equivalente a que las extintas FARC solicitaran ser juzgadas por sus compañeros de rebelión. Es importante recordar la máxima acuñada en R v. Sussex Justices, Ex parte McCarthy: “… not only must justice be done; it must also be seen to be done”.

El corolario de las ideas hasta aquí expuestas es que la incorporación de catorce (14) magistrados cercanos a las FFAA a la JEP sustituiría aspectos definitorios del Acuerdo Final incorporados en normas de rango constitucional y, por consiguiente, constituiría una extralimitación del Constituyente Derivado demandable ante la Corte Constitucional.

 III.             Inconstitucionalidad del estándar probatorio cualificado

El Artículo 2º del Proyecto se desvía del régimen de libertad probatoria de la JEP para introducir una tarifa legal que condiciona el valor de la “confesión” ante la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad a que existan otros medios de convicción que la confirmen. En su ausencia, el reconocimiento de responsabilidad no será “… prueba suficiente para proferir condena”. Nuevamente se evidencia que el Proyecto partió de cierto desconocimiento de la JEP.

En efecto, esta norma pasa de largo que, de conformidad con el Artículo 11 del Acto Legislativo 01 de 2017, el reconocimiento tardío de responsabilidad podría ser base suficiente para la concesión de una sanción alternativa, mucho menos severa que la ordinaria. Así lo reconoció la Corte Constitucional en su sentencia C-674 de 2017 al afirmar que: “Las denominadas ‘sanciones alternativas’, aplicables cuando el reconocimiento de la verdad se produce tardíamente, pueden dar lugar a penas privativas de la libertad hasta por ocho años para las infracciones más graves cometidas en el marco del conflicto armado. Finalmente, respecto de las denominadas ‘sanciones ordinarias’, procedentes cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad, ‘cumplirán las funciones previstas en las normas penales, sin perjuicio de que se obtengan redenciones en la privación de la libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad’, y que, cuando corresponda a infracciones muy graves, la pena oscila entre los 15 y 20 años”.

Por consiguiente, el Proyecto también viola un postulado básico de la JEP y, más generalmente, de la justicia transicional: la posibilidad de acceder a tratamientos penales más favorables a partir del cumplimiento de condiciones como la contribución a la verdad. De esta manera, desincentiva la cooperación de los comparecientes, ignora décadas de precedentes judiciales vinculantes que han autorizado modelos alternativos de juzgamiento sólo si se cuenta con el aporte del victimario a la satisfacción de los derechos de las víctimas y desestructura gravemente la operación de la JEP.

IV.             Conclusiones

El Proyecto viola la garantía del juez natural; pone en riesgo los principios de integralidad, inescindibilidad y tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico, y; desincentiva la contribución (tardía) a la verdad por parte de los comparecientes ante la JEP. De esta manera, amenaza la estabilidad, legitimidad y eficacia de un modelo de justicia restaurativa del que dependen los derechos de las víctimas del conflicto armado y que debería ser un ejemplo para todo el mundo.

Todas nuestras objeciones a la modificación propuesta adquieren un carácter aún más urgente si se tiene en mente que, de conformidad con el Artículo 1º del Acto Legislativo 02 de 2017: “En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las disposiciones constitucionales (…) Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.

En consecuencia, ni siquiera la aprobación en el Congreso le daría estabilidad jurídica a la reforma, que quedaría sometida al control de la Corte Constitucional. Anticipamos acciones públicas de inconstitucionalidad contra el Proyecto, de ser éste aprobado. Sería mucho más favorable para la democracia –mucho más ajustado a los principios de celeridad, corrección formal de los procedimientos y supremacía de la Constitución– que fueran las comisiones de paz quienes detuvieran esta preocupante propuesta.

Por todas estas razones, la ciudadanía les solicita que tomen todas las medidas necesarias y conducentes para el archivo del Proyecto de Acto Legislativo 024 de 2018 – Senado, “Por la cual se adiciona el Acto Legislativo 01 de 2017 y se dictan otras disposiciones”.

La legitimidad de la JEP no puede pagarse con su capacidad de cumplir imparcial y efectivamente el mandato constitucional que le fue asignado.

Cordialmente,

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