Suspensión urgente del Decreto 380 del 2021

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Carlos Ardila lanzó esta petición dirigida para Colombia y

Con la expedición del Decreto 380 de 2021, se da una clara vulneración a la consulta previa de acuerdo a lo establecido en artículos 6 párrafo 1 literal a) párrafo 2, y 7 del Convenio 169 de 1989, “por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, adoptado por la 76ª reunión de la Conferencia General de la O.I.T. y aprobado por Colombia mediante Ley 21 de 1991.

El derecho a la consulta previa es un deber estatal que se debe garantizar y respetar, no es una posibilidad o facultad sino una obligación que debe ser cumplida antes de la adopción de las medidas legislativas o administrativas. El Decreto 380 de 2021 debió ser objeto de consulta previa, sin embargo, no dicho ejercicio se dio antes de la su expedición. Este debió consultarse con las comunidades indígenas y no solamente indicar en el artículo 2.2.2.7.2.1 que debía ser respetado.

La Corte Constitucional ha venido reconociendo que en la aplicación de programas de erradicación de cultivos existe una afectación directa a las comunidades, porque la mayoría de veces ello apareja impactos directos en los derechos a la salud, alimentación, acceso al agua limpia, a la existencia digna, la relación de los valores culturales, económicos y sociales que se derivan del cultivo de la planta de coca para algunas colectividades ancestrales, etc., lo que hace que la realización de la consulta previa sea exigible y obligatorio.

Adicionalmente, La Corte Constitucional por cuenta de la aplicación del principio de precaución ha examinado los riesgos que el empleo del glifosato puede tener en la salud humana, animal y del medio ambiente. Es así como ha reconocido que existen estudios técnicos y científicos que giran en direcciones contrarias, pues mientras unos niegan ese peligro otros lo reafirman. En ese marco en que no existe una univocidad científica, se ha traído a recuento el principio de precaución en materia ambiental y de salud, conforme al cual, aunque no exista certidumbre científica absoluta sobre la ausencia de daño, sí existe un principio de certeza técnica que delata la posibilidad y probabilidad de los efectos nocivos de la medida o actividad, siendo que allí debe preferirse la solución que evite el daño y no aquella que pueda permitirlo.

De otro lado, la medida de suspensión provisional del decreto tiene sustento en el hecho de que en caso de no ser decretada, se corre el riesgo de que el Gobierno Nacional continúe con etapas reglamentarias posteriores, e incluso el riesgo de que se lleguen a reanudar las fumigaciones antes de que surja una decisión de fondo por parte del Honorable Consejo de Estado.

En ambos casos, bien sea que solo se avance en actos administrativos o que se llegue a las actuaciones administrativas concretas de aspersión, se continuaría resquebrajando el ordenamiento jurídico al continuar la producción normativa del ejecutivo con base en un decreto que a primera vista genera contradicciones manifiestas con el texto constitucional en varios de sus artículos, y se vulnerarían los derechos de consulta previa, salud, medio ambiente sano, entre otros, haciéndose ineficaces, apenas simbólicos o nugatorios los efectos de la sentencia respecto de esos derechos constitucionales afectados, aún sin que se reanuden las aspersiones. Ahora, en el caso de que se llegaren a producir aspersiones y afectaciones a la salud, éstas podrían llegar a ser irreparables. Y si bien es cierto que el Decreto 380 no autoriza por sí mismo las aspersiones aéreas, la verdad es que sí hace parte del paquete normativo que las sustentará en un futuro.

También hay que resaltar que otros derechos que son regulados por el Decreto 380, como el de participación, se podrían ver vulnerados de forma previa al inicio de las aspersiones, por ejemplo, cuando el INS realice sus informes y revisiones de literatura sin que la ciudadanía pueda participar efectivamente debido a las disposiciones contempladas en el decreto demandado. Con ello se vulneraría el derecho a participar durante el proceso previo a la eventual reanudación de aspersiones, tal y como lo ordenó la Corte Constitucional en la Sentencia T 236 de 2017.

Para ver el documento CLICK AQUÍ

https://drive.google.com/file/d/1WPQ-YWYD0IO8Z2pkB38eFjY-qBF1ky2p/view?usp=sharing

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