Petición Cerrada

Abogacía reclama Legislatura derogue Reglamento CIFAA

Esta petición conseguió 42 firmas


15 de febrero de 2017

 

Honorable Legislador

 

Re: Abogados y Abogadas juramentados, hoy 15 de febrero de 2017, le reclaman a la Legislatura atiendan la situación a la que se enfrentan en su nueva profesión.

 

Estimado Señor Legislador:

 

 

Somos abogados y abogadas juramentados hoy a ejercer la tan honrosa profesión legal en Puerto Rico. Hemos pasado varios años de grandes sacrificios, largas horas de estudios, muchas frustraciones pero muchísimas satisfacciones. Le dedicamos muchas horas de estudios para aprobar la reválida, cuya dificultad es de todo conocido. A todos los mencionados sacrificios se unen las enormes deudas estudiantiles que muchos arrastramos desde los años de bachillerato y que aumentaron en las respectivas escuelas de derecho. Los préstamos estudiantiles son de cantidades muy altas, tan altas que muchos de nosotros tendremos que solicitar extensión de los términos para pagar, moratorias, clemencia, ayuda divina y hasta ignorar llamadas de cobro de los mismos. 

Ya en esta etapa de nuestra vida profesional se nos ha advertido la difícil situación económica que atraviesan casi todos los abogados de Puerto Rico, incluso algunos muy prominentes y de renombre. Sabemos que nos enfrentamos a enormes retos en nuestra vida profesional y nos preocupa cómo podremos sobrevivir en el panorama tan difícil que tenemos.

Se ha notificado, el día 5 de enero de 2017, en el Periódico el Vocero, sobre someter comentarios a un propuesto reglamento a las IOLTA o CIFAA. Dicho reglamento surge a raíz de la Ley 165 de 2013, según enmendada, para crear el Fondo de Acceso a la Justicia. Como abogados y abogadas recién graduados nos sorprende el proceso seguido para la aprobación de dicha ley y el reglamento. Como indicamos anteriormente, luego de muchos años de estudiar la importancia del debido proceso de ley, la debida notificación a la ciudadanía, lo medular del proceso legislativo, nos sorprende que dicho reglamento carece de todo lo que se nos exigió aprender en las escuelas de derecho y demostrar en la reválida.  Sorprende aun más que las propias escuelas de derecho que forman parte de la Fundación de Fondo de Acceso a la Justicia, no han expresado su postura en cuanto a los estudiantes en sus instituciones.

La mencionada Ley se aprobó y posteriormente se enmendó para que no le aplicaran las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. El impacto de dicho reglamento en la ya golpeada profesión legal es de enorme magnitud y casi un golpe letal a los abogados en difícil situación económica, para nosotros que estamos empezando, es una gran frustración por alejarse de los principios básicos de justicia que tanto nos machacaron como estudiantes de derecho.

La carga económica que la Ley 165, supra, impone a los abogados será casi imposible de absorber por nosotros.

Ese reglamento obvia todo principio de notificación adecuada, debido proceso de ley, confiere a la FFAJ la potestad de hacer referidos éticos a abogados que a su juicio incumplen la Ley y reglamento. Además, un proceso de recibo de comentarios bien irregular sin un ente imparcial que los reciba y atienda.

La imposición de cargas onerosas a la ya duramente golpeada profesión legal colocara a muchos abogados y abogadas en un precipicio del que será casi imposible salir.

Señor Legislador, usted debe revocar urgentemente la Ley 165 y su reglamento; sabemos que usted nos defenderá.  Ninguna medida que ponga en riesgo y peligro a los miembros de la clase togada del país como es la Ley 165, supra y su reglamento puede pasar desapercibida por usted.

Respetuosamente proponemos que se derogue la Ley 165/13, según enmendada por la 56-15, o se sustituya la Junta existente, nombrada por el anterior gobernador Lcdo. Alejandro García Padilla y se sustituya por una Junta más sensible a la clase togada del país o se enmienda la misma para que se someta a Ley de Reglamento Administrativo Uniforme.

 

Endosado

 



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