Solicitud de destitución al alcalde de Quito, Dr. Jorge Yunda Machado

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CONCEJAL DEL MUNICIPIO DEL I. 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Ciudad.-


De mi consideración:


Los suscritos, ciudadanas y ciudadanos quiteños y/o residentes en Quito, le saludamos atentamente y requerimos su atención para el despacho del memorial y petición que a continuación señalamos.

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DEL I. 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Ciudad.-


De mi consideración:


Los suscritos, ciudadanas y ciudadanos quiteños y/o residentes en Quito, le saludamos atentamente y requerimos su atención para el despacho del memorial y petición que a continuación señalamos.


INOBSERVANCIA DE DEBERES CONSTITUCIONALES POR PARTE DEL ALCALDE DE QUITO


Es de su ilustrado conocimiento que el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización en su artículo 56, prevé: 

Artículo 56.- Concejo municipal.- “El concejo municipal es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal. Estará integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y por los concejales o concejalas elegidos por votación popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. En la elección de los concejales o concejalas se observará la proporcionalidad de la población urbana y rural prevista en la Constitución y la ley…”


El siguiente artículo de la ley, establece las atribuciones del Concejo Municipal, señalando entre otras importantes, la de fiscalización, en efecto la norma señala:


Artículo 57.- Atribuciones del concejo municipal.- Al concejo municipal le corresponde:


m) Fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa del gobierno autónomo descentralizado municipal, de acuerdo al presente Código; 


Esta disposición infraconstitucional tiene su origen en lo previsto en el artículo 264 de la Constitución de la República, que en armonía con el Art. 266 ibídem, establece de modo genérico las competencias de los municipios, disponiendo:

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:


13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios.

2. Tal atribución, genera a la vez, una obligación de orden administrativo que se halla conferida al alcalde, esto es, la de prevenir, mediante el desarrollo de políticas y métodos de estrategia, la ocurrencia de siniestros en la ciudad a su cargo, tanto en el área urbana cuanto en la rural, a través de la entidad creada para tal cometido, el Cuerpo de Bomberos.

Dicha institución fue transferida del antiguo Ministerio de Bienestar Social a los municipios, a través de las disposiciones del mismo COOTAD. En efecto, en su Art. 140, primero y último incisos se determina:

Artículo 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- “La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley.


( ) “…La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, que de acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país serán considerados como entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, quienes funcionarán con autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley especial y normativas vigentes a las que estarán sujetos…”


La ley a la que hace referencia el Código es la denominada “Ley de Defensa contra Incendios”


3. Además de tal obligación, el Alcalde Metropolitano, debe ejercer entre otras, las siguientes, previstas en el artículo del mismo Código Orgánico:

Artículo 60.- Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa:


p) Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al concejo cuando se reúna, si a éste hubiere correspondido adoptarlas, para su ratificación;


q) Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, la formulación y ejecución de políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana;

 

4. En los días que se comprenden entre el 2 de octubre hasta el 13 de los mismos mes y año, la ciudad de Quito, soportó un ataque generalizado de una serie aparentemente diversa de grupos que actuaron en contra de las personas, la propiedad pública y privada y del patrimonio histórico e identitario de Quito sin que haya habido ni prevención ni respuesta oportuna y eficaz a tales ataques y siniestros.

Si bien la responsabilidad general de la seguridad ciudadana recae genéricamente en el Estado, observamos que las normas constitucionales y legales antes anotadas, confieren deberes y delegan responsabilidades al alcalde municipal precisamente para tales cometidos, esto es la protección de la ciudadanía. 

5. En efecto, es de público conocimiento que los grupos de manifestantes en contra de las medidas económicas tomadas por el Gobierno Nacional se asentaron, se radicaron, se establecieron, como en muchas ocasiones desde el año 1990 en el denominado “Parque del Arbolito”. Quienes han encabezado el señalado movimiento de reclamo ha sido la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la FENOCIN y la FEINE, entre otras. Tales asociaciones, mantuvieron el dominio del territorio que se halla comprendido entre la avenida 12 de octubre al este, la 6 de diciembre al oeste, la calle Piedrahita en el sur y la avenida Patria en el Norte y en tal realidad ampliamente conocida y documentada gráficamente, el día 7 de octubre del 2019, varios individuos que se hallaban entre las filas del citado movimiento indígena y otros a quienes se les ha denominado “infiltrados”, penetraron -allanándolo- en el edificio de la Contraloría General del Estado. El Municipio de Quito y la Policía Nacional que no supieron resguardar el inmueble, en esa ocasión, no tuvieron la prolijidad mínima subsecuente, de mantener equipos de seguridad y en una elemental gestión de responsabilidad, ordenar y disponer que tal edificio sea resguardado mientras permanecían las llamadas nacionalidades en su derredor, que  quizá cohonestaron, tal asalto.


Como el primer intento de destrucción de ese edificio resultó fallido y constatando los asaltantes que el Municipio y el Estado mantuvieron desguarnecida a esa institución, el sábado 12 de este mismo mes, es decir, 5 días más tarde, los asaltantes abrigados en la protesta y en el movimiento indígena, volvieron a incursionar en tal institución, que guardaba patrimonio documental de Quito y el mundo, desde la época colonial. En esta ocasión tal ataque anticipado, anunciado, publicitado y no impedido por el Alcalde Jorge Yunda, la Ministra de Gobierno Paula Romo Rodríguez y el Ministro de Defensa, general Jarrín, tuvo como efecto una devastación a través del flagelo, que tampoco fue contenido ni combatido en su primer momento. Los bomberos que dependen del Alcalde metropolitano llegaron muchas horas después a constatar lo que todo el País, el mundo y el alcalde Yunda, vieron por televisión: la extinción de la Contraloría y su riquísimo legado documental que allí existía desde la colonia. 


6. En tal virtud, la responsabilidad personal y administrativa del alcalde de Quito, es total, pues su impericia, falta de conocimiento, irresponsabilidad, negligencia e ineptitud, cuando no la mala fe o dolo, permitieron la destrucción de una institución centenaria y sobre todo de su patrimonio documental de la colonia y República. 


7. El artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dispone:


Art. 40.- Responsabilidad por acción u omisión.- Las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado, actuarán con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades, caso contrario responderán, por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto en esta ley.


La norma anterior, nos obliga a considerar que la negligencia del Alcalde Yunda, genera su responsabilidad directa en la pérdida de bienes, recursos, patrimonio documental y mobiliario de dicha institución.


No podría creerse que el señor Yunda, por ejemplo, descuide sus estaciones radiofónicas, su casa y sus bienes, cuando hubiera sido alertado por anteriores asaltos o ataques a sus instalaciones, en las que debe tener seguridad privada y hoy seguramente, pública. Con la misma diligencia que cuida sus intereses particulares, debió actuar para con la ciudad, debemos considerar que si el alcalde Yunda no logró una coordinación interinstitucional a efecto del que el Ministerio de Gobierno o Defensa provean suficiente protección a la capital y en particular al sector del eje el Ejido-La Alameda-Centro Histórico, dispone en el Cabildo de más de 3000 policías metropolitanos que pudieron actuar como fuerza de disuasión, pero ni siquiera esa mínima diligencia tuvo el citado Yunda Machado.


Pero no se reduce a haber abandonado a la Contraloría a su suerte, la negligencia del alcalde, sino como pudo constatarse en decenas de informativos y medios alternativos de comunicación dentro de las amenazas territoriales y al espacio público ni siquiera tuvo la más mínima responsabilidad de proteger el Centro Histórico, pues en el primer día de manifestaciones, cientos de individuos se dedicaron a destruir las fachadas de varias edificaciones, levantar el piso, romper las aceras y utilizar las piedras molón de varias calles para con ellas romper las aceras en otros lugares, a vista y paciencia de todo el país y sin que el primer personero de la ciudad ni siquiera protestase por ese ataque y vandalismo. 


II


CONDUCTAS PRESUMIBLEMENTE PENALES DEL ALCALDE Y OTROS SERVIDORES


8. Si tan sólo la negligencia, abulia, quemeimportismo, impericia, imprudencia, falta de conocimientos, apatía y desconocimiento del significado histórico de una ciudad que evidentemente no la considera suya para servirla sino para servirse de ella, son causales de su separación del cargo deshonrado, existen serias y reiteradas evidencias de su complicidad penal con el ataque generalizado a la ciudad.


En efecto, en múltiples sitios de comunicación electrónica, aparecen fotografías y películas de video en que se observan a los vehículos municipales, con sus conductores y ayudantes, entregando comida, agua, vituallas, pertrechos y abastecimiento a los manifestantes, que en ningún momento se han distinguido ni por vestimenta ni por apariencia somática ni por lenguaje, ni por portar banderas o consignas distintas, entre sí, de modo que se puede afirmar con claridad y exactitud que el Municipio mantuvo, sino a todos, a una gran porción de los supuestos vándalos infiltrados que nadie identifica, como si podemos identificar a los huéspedes de El Arbolito, pues todos se cobijaron en la bandera de la protesta y de la citada confederación CONAIE. Así lo afirma el destacado columnista Carlos Arcos Cabrera en su artículo: “El canto del cisne del movimiento indígena”, de 13 de octubre del 2019, publicado en el portal “Plan V”, quien entre varias consideraciones y análisis históricos afirma que actualmente el movimiento indígena se ha convertido en una fuerza de asalto a la democracia y “se ha puesto al servicio de poderes abiertamente antidemocráticos”. Señala sobre el ataque a la Contraloría General del Estado: “No olvidaré a Vargas justificando el asalto a la Contraloría y afirmando que era el pueblo de Quito como reacción a las medidas económicas”, en otras palabras, la CONAIE o una gran parte de la dirigencia, toleró o apoyó ese ataque incendiario y así reflexiona con sabiduría el autor cuando señala, sobre las afirmaciones de Vargas: “En sus palabras no había intención alguna de diferenciar a los militantes del movimiento de aquellos que buscaron destruir las pruebas de la corrupción del correísmo”   


9. Sobre esta actividad de aprovisionamiento para “amigos” y evidentes enemigos de Quito, se evidencia la utilización de recursos públicos, tanto en los vehículos, cuanto en los combustibles que incluso se repartía por diferentes sitios de la ciudad para avivar las fogatas, llamas y hogueras, es decir, el Municipio de Quito se hallaba atacando a la ciudad sin la aplicación de ningún plan que proteja la seguridad y la vida de los manifestantes pacíficos, de la ciudadanía quiteña y de los barrios afectados por agresiones, saqueos y desabastecimientos para auxiliar, al contrario, a las comunidades indígenas, algunas de ellas violentas, al correísmo enardecido y a peligrosos terroristas extranjeros. Tan es cierta esta afirmación que la economista Martha Roldós B., en su cuenta de Twitter, publica acertadamente las relaciones entre los señores Jorge Yunda, Paola Pavón Caranqui, Juan Báez y Lourdes Landeta, estos dos últimos subalternos de Yunda y la Prefecta Pavón, en forma respectiva.


En tal publicación se denuncia que Juan Báez Presidente de la Federación de Mercados de Quito, había dispuesto la prohibición total abastecimiento de víveres para la ciudad de Quito, manteniéndose únicamente en forma parcial la provisión para el Mercado Mayorista con el exclusivo objetivo de aprovisionar a los manifestantes. La señora Landeta, colaboraba en tal cometido.     


Recordemos las normas que regulan la utilización de recursos públicos, en referencia a la utilización de vehículos de la municipalidad. El artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado señala:


Art. 3.- Recursos Públicos.- Para efecto de esta Ley se entenderán por recursos públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título realicen a favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u organismos nacionales o internacionales.


Esta definición nos hace comprender que los vehículos, los combustibles, el pago de choferes y ayudantes y el gasto por la compra y distribución de alimentos, muy probablemente no salió del bolsillo del alcalde y son recursos públicos.   


El dispendio y derroche de tales recursos en una actividad que en nada se relaciona con los cometidos del Municipio, constituye una responsabilidad financiera grave de la alcaldía de Quito. Es así como en este orden de ideas, el artículo 42 de la misma Ley Orgánica de la Contraloría determina:


Art. 42.- Responsabilidad directa.- Los servidores de las instituciones del Estado, encargados de la gestión financiera, administrativa, operativa o ambiental, serán responsables, hasta por culpa leve, cuando incurrieren en acciones u omisiones relativas al incumplimiento de normas, falta de veracidad, de oportunidad, pertinencia o conformidad con los planes, programas y presupuestos y por los perjuicios que se originaren de tales acciones u omisiones. 


El alcalde es la primera autoridad del Municipio y al tenor de las disposiciones constitucionales y legales antes citadas, es el encargado directo de la gestión administrativa del  organismo.


La misma Ley de la Contraloría establece la responsabilidad de los titulares y máximas autoridades de las entidades públicas, señalando en su artículo 77:


Art. 77.- Máximas autoridades, titulares y responsables.- Los Ministros de Estado y las máximas autoridades de las instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad. 


Ente los deberes de administración de la máxima autoridad de una entidad pública, la misma norma legal señala:


d) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias, las regulaciones y demás disposiciones expedidas por la Contraloría General del Estado;

e) Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones;

g) Actuar con profesionalismo y verificar que el personal a su cargo proceda de la misma manera; y,

h) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República y las leyes.


10. Como podemos apreciar, múltiples obligaciones relacionadas con la seguridad pública, la prevención de siniestros naturales o antrópicos, incendios, amenazas y la administración acrisolada de recursos públicos, no han sido cumplidas ni en la más pequeña porción por parte del alcalde de Quito.

 

III


DELITOS DE SABOTAJE, TERRORISMO Y ATENTADOS CONTRA EL ORDEN CONSTITUCIONAL


Como si lo anterior fuera poco, de la conducta del alcalde aparece claramente manifiesta su complicidad o coautoría de los delitos de sabotaje, paralización de servicios públicos, destrucción de registros, terrorismo y otros muy graves cometidos por algunos de sus aliados de los movimientos indígenas, sociales, políticos y células armadas urbanas, que actuaron con total impunidad en el valle de Cumbayá-Tumbaco-Puembo-Pifo-Yaruquí, atacando en forma reiterada a las personas, urbanizaciones y barrios residenciales durante las noches de las protestas. Las figuras típicas, antijurídicas, culpables y punibles, aparecen objetivas en el ataque a Quito, conductas reprensibles fraguadas o encubiertas por su propio Municipio, según las definiciones que constan en el Código Orgánico Integral Penal, que para efecto de ilustración, transcribimos:


Artículo 345.- Sabotaje.- “…La persona que con el fin de trastornar el entorno económico del país o el orden público, destruya instalaciones industriales o fabriles, centros comerciales, puertos, canales, embalses, minas, polvorines, vehículos o cualquier otro medio de transporte, bienes esenciales para la prestación de servicios públicos o privados, depósitos de mercancías, de explosivos, de lubricantes, combustibles, materias primas destinadas a producción o al consumo nacional, vías u obras destinadas a la comunicación o interrumpa u obstaculice la labor de los equipos de emergencia, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años…”


Artículo 346.- Paralización de un servicio público.- “…La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años…”


Artículo 347.- Destrucción de registros.- “…La persona que destruya de cualquier modo, registros auténticos o instrumentos originales de autoridad pública o procesos judiciales, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años…”


Artículo 366.- Terrorismo.- “…La persona que individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años, en especial si:


2. La persona que destruya por cualquier medio, edificación pública o privada, plataforma fija marina, instalaciones de áreas estratégicas, servicios básicos esenciales, así como de las instalaciones o servicios de transportación terrestre, navegación aérea o marítima, si tales actos, por su naturaleza, constituyen un peligro para la seguridad de la transportación terrestre, de las aeronaves o naves, como de la seguridad de las plataformas y demás edificaciones.


3. La persona que realice actos de violencia que por su naturaleza, causen o puedan causar lesiones o constituyan un peligro para la seguridad de estos o sus ocupantes, en un transporte terrestre, a bordo de una aeronave, nave, en una plataforma fija marina, en puertos, aeropuertos, instalaciones de áreas estratégicas, servicios básicos esenciales o ambiente…”


Estas conductas delictivas ejecutadas materialmente por cientos de personas, fueron alimentadas por el Municipio, a través del apoyo logístico, aprovisionamiento y entrega de combustible, llantas y transporte de los grupos atacantes en los camiones municipales y esta colaboración, es innegablemente, responsabilidad central del Alcalde Yunda Machado, que aparece como coautor de las mismas infracciones, a pesar de que en forma soterrada, niegue su culpabilidad. 

El artículo 22 del mismo Código Orgánico Integral Penal determina:


Artículo 22.- Conductas penalmente relevantes.- “Son penalmente relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables…”  

 

Artículo 23.- Modalidades de la conducta.- “…La conducta punible puede tener como modalidades la acción y la omisión.


No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo…”


IV


DESTITUCIÓN


Las disposiciones de procedimiento para el caso de sancionar las indignidades y falta de honorabilidad del alcalde, establecen con claridad el mecanismo y además las causas para la remoción o destitución de un alcalde. El Art. 332 del mismo COOTAD, determina:

Artículo 332.- Remoción.- “…Los dignatarios de gobiernos autónomos descentralizados, en una sesión y con el voto conforme de las dos terceras partes de los integrantes del órgano legislativo, podrán ser removidos de sus cargos siempre que se hayan comprobado las causales que motivaron la remoción, siguiendo el debido proceso y las disposiciones contenidas en el presente Código.


Los miembros de elección popular, legislativos y ejecutivos, de los gobiernos autónomos no serán responsables por las opiniones vertidas en las sesiones, pero sí lo serán cuando contribuyan con sus votos a sancionar actos contrarios a la Constitución o a las leyes…”


Por su parte el artículo 333, señala las causales, en las que de modo innegable ha incurrido tanto por acción cuanto por omisión el alcalde Yunda:  


Artículo 333.- Causales para la remoción del ejecutivo.- Son causales para la remoción del ejecutivo de un gobierno autónomo descentralizado las siguientes:


b) Ausentarse del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo encargado a quien lo subrogue legalmente y sin causa justificada;

c) Incumplimiento, sin causa justificada, de las leyes y de las resoluciones legítimamente adoptadas por los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados;

d) Despilfarro o malos manejos de fondos del gobierno autónomo descentralizado, cuya inversión o empleo sea de su competencia, legal y debidamente comprobado;


V


Por las gravísimas razones que quedan anotadas, requerimos de Ud. el cumplimiento de la facultad contemplada en el artículo 57 antes citado, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, que de modo textual establece como potestad del cabildo: 


Artículo 57.- Atribuciones del concejo municipal.- Al concejo municipal le corresponde:

n) “…Destituir, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes, al alcalde o alcaldesa, al vicealcalde o vicealcaldesa o concejales o concejalas que hubieren incurrido en una de las causales previstas en este Código, garantizando el

debido proceso…”

Anhelamos el pronto cumplimiento de esta obligación constitucional, legal y moral, señalando que a la par presentaremos la denuncia penal correspondiente contra el señor Yunda y otros funcionarios, dignatarios y personeros del Municipio, por su complicidad en los graves atentados y la afrenta inimaginable e intolerable infringida a los ciudadanos y a la ciudad de Quito y su Patrimonio Natural, Histórico, Identitario y Cultural.

El incumplimiento de su deber señor (a) Concejal (a), nos obligará a iniciar en su momento, el procedimiento de revocatoria de su dignidad.