NO a la restricción de las Consultas Populares

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El 12 de abril, en la Corte Constitucional, se llevará a cabo una audiencia pública con el objeto de analizar la procedencia de la Acción de Tutela interpuesta por la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltda en contra del Tribunal Administrativo del Meta por el proceso adelantado con la consulta popular realizada en el municipio de Cumaral - Meta, para frenar el desarrollo de actividades de hidrocarburos.

Como Movimiento Nacional Ambiental, invitamos a todos los colombianos a fortalecer los procesos de defensa de nuestros territorios y la democracia participativa ejercida por las comunidades a través de las consultas populares, como único mecanismo que nos ha permitido incidir en decisiones relacionadas con megaproyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos.   

En el país se han realizado 9 consultas populares, en las cuales las comunidades han rechazado de manera mayoritaria y categórica la ejecución de proyectos minero-energéticos en los municipios de Piedras (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera (Cundinamarca), Cajamarca (Tolima), Cumaral (Meta), Arbeláez (Cundinamarca), Pijao (Quindío), Jesus María (Santander) y Sucre (Santander). Hoy todas estas consultas se encuentran en inminente riesgo.

Queremos llamar la atención sobre el hecho de que la Corte Constitucional haya accedido a la revisión propuesta por parte del Gobierno Nacional dado que en el título del proceso de revisión se establece de manera tendenciosa que lo que se busca es "establecer los límites y el alcance de las consultas populares a nivel territorial" (tal como se puede observar en la página web de esa corporación). 

Con la revisión de la tutela se pone en riesgo el avance logrado en la Sentencia T-445 de 2016 y el Auto 053 de 2017 mediante los cuales ese Alto Tribunal había blindado la protección a los derechos constitucionales a la participación ciudadana, la autonomía territorial y el derecho a decidir las opciones de desarrollo de los municipios.

De igual manera es preocupante que el actual presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares Cantillo, Vicepresidente Jurídico de Ecopetrol y un reconocido defensor de los intereses del gremio minero y petrolero, haya manifestado públicamente su aversión contra los mecanismos de participación ciudadana por supuestamente afectar el desarrollo de proyectos minero-energéticos. 

Queremos recordar a toda la ciudadanía y en especial a la Corte Constitucional que en octubre del 2017 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU recomendó al gobierno colombiano asumir las medidas necesarias para asegurar que los resultados de las consultas populares sean debidamente valorados, reconocidos y validados por las autoridades correspondientes. Estos mecanismos de participación ciudadana tienen un rango constitucional que no puede ser vulnerado para priorizar los derechos particulares de empresas minero-energéticas, en contravía de los derechos generales y colectivos de los colombianos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos amablemente a todos los magistrados de la Corte Constitucional que en salvaguarda de la Constitución garantice la protección a los avances y derechos reconocidos por esta misma institución en la Sentencia T-445 de 2016 y el Auto 053 de 2017. Les instamos a proteger los derechos fundamentales a la participación, al ambiente sano, el acceso a la información en materia ambiental y la autonomía territorial como pilar fundamental de la organización del Estado colombiano.

MOVIMIENTO NACIONAL AMBIENTAL



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