El actual sistema educativo en Argentina no permite a docentes y directivos lograr una buena formación académica para los jóvenes y niños. Los buenos valores como el respeto, los buenos modales y el deseo de superación, parecen algo pasado de moda para los jóvenes de hoy.

Desde el gobierno nacional y las administraciones provinciales, se han impulsado reformas educativas - tal vez con muy buenas intenciones - que han restado autoridad al docente y/o directivo. Dicha autoridad es necesaria para un orden social y una convivencia pacífica.

Las reformas a las que se refiere esta petición, son aquellas que - en la búsqueda de garantizar el derecho a la educación - impiden aplicar una real sanción (algo que tenga un efecto inmediato) a los comportamientos reprochables, indeseados o, lisa y llanamente, a las faltas graves y gravísimas que comenten algunos jóvenes, quienes no encuentran límites en el ámbito escolar y posiblemente no adquieran conciencia de la gravedad de sus acciones. 

Es absolutamente necesario que quien cometa una falta, reciba como consecuencia algún tipo de sanción acorde a la falta cometida, pues de otra manera no verá la necesidad de cambiar su comportamiento. Como adultos debemos formar la conducta de los niños y jóvenes, pero ello no resultará satisfactorio si no se le corrige de una manera convincente.

Para que el sistema actual de buenos resultados, es necesario una reforma. Las plantas orgánicas de las escuelas deben ser ampliadas, incorporando especialistas que sean capaces de tratar los diferentes tipos de problemas que hoy se presentan en la escuela: Adicciones, violencia (de todo tipo), problemas de conducta, problemas económicos, sólo por mencionar algunos.

Actualmente los egresados de la escuela secundaria, tienen numerosas deficiencias en su formación académica que no se debe a dificultades intelectuales, sino que son consecuencia del actual sistema educativo, que con la ausencia de sanciones, deteriora la calidad de la enseñanza-aprendizaje: no se puede desarrollar una clase de calidad en un ambiente donde cada quién quiera hacer lo que se le venga en ganas. El docente se termina convirtiendo en un objeto de burlas o alguien intimidante. Ninguna de las dos posibilidades es buena para formar un ciudadano responsable y buen profesional.

Para cerrar cito un ejemplo: en una localidad de la provincia de Salta, un estudiante acuchilló a otro porque éste último le hacía bullying. Fue preso y a los pocos días se lo liberó, con una orden judicial para la escuela de origen donde se le indica al director que debe garantizar que ambos estudiantes no concurran al mismo establecimiento. Como consecuencia, el agresor primario (el que comenzó con el bullying) seguramente no habrá visto ninguna responsabilidad o necesidad de cambiar sus valores y/o actitudes, ya que en el mejor de los casos sólo habrá firmado actas y más actas de llamado de atención que no le afectan en absoluto.

Si los docentes o directivos hubieran intervenido de manera efectiva (Si bien lo hicieron, esto no fue efectivo porque las leyes actuales restringen demasiado las facultades de las autoridades educativas) podrían haber frenado esto al primer indicio de bullying. De no ser únicamente por la buena suerte, el joven acuchillado no estaría vivo hoy y su agresor, también con vida, podría haber terminado sus días suicidándose. Tuvimos suerte.

Mientras tanto el agresor secundario, por lo menos pasó unos días preso y dice estar arrepentido de lo que hizo, pues la sanción impuesta por la justicia sí tuvo efecto inmediato en su vida. Estar preso es una sanción real.

Debemos acordar cuáles faltas serán consideradas graves y volver a permitir que se expulse a quienes las cometan, de lo contrario no podemos hablar de educación en ningún sentido.

Expulsar no es excluir, porque existen motivos válidos para efectivizar tal medida como último recurso. Cuando se deja afuera a una persona sin motivos valederos, eso sí es exclusión.