Petición Cerrada

Crear una fiscalía general para la atención de delitos contra la libertad de expresión.

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México se ubica como el país más peligrosos para ejercer el periodismo en
América Latina y es el quinto a nivel mundial, según datos de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El 99.7% de las agresiones a periodistas quedan impunes, de las más de 800
denuncias presentadas ante la Fiscalía Especial para la atención de delitos
cometidos contra la Libertad de Expresión, solamente se ha emitido 3
sentencias.
Es inaceptable el grado de impunidad que prevalece en nuestro país y
particularmente en lo que se refiere a la violencia contra la Libertad de
Expresión.


En gran medida, la ineficiencia de esa Fiscalía Especial se debe a que sus
actuaciones se enmarcan en la dinámica de la Procuraduría General de la
República cuyo titular fue nombrado por el Presidente de la República por lo
que carece de autonomía.


Es imperativo que la nueva Fiscalía General, misma que gozará de la
autonomía deseada, cuente con una especializada para la atención de delitos
cometidos contra la Libertad de Expresión que atraiga los casos de agresiones
y homicidios a periodistas.

DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. Se reformaría el artículo 102 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 102.
A.

VI. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que
determine la ley. Corresponde al Ministerio Público de la Federación la
persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo
mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y
presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que
las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia
penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea
pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los
asuntos que la ley determine.


La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en
materia de delitos electorales; de combate a la corrupción; y para la
Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, cuyos
titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. El
nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán
ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se
pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción.



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