Cabildo Abierto Nacional para implementar una Democracia Directa y Real en Colombia

Cabildo Abierto Nacional para implementar una Democracia Directa y Real en Colombia

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Cabildo Abierto por la Paz lanzó esta petición dirigida para Congreso de Colombia y

Ante la crisis desatada por la invasión francesa a España y el apresamiento del rey en 1808, el Cabildo Abierto trascendió en varias poblaciones como el escenario desde donde el pueblo se liberó del dominio europeo. En la ciudad de Santa Fe, ahora Bogotá, un pequeño grupo de americanos descendientes de españoles fraguó y lideró una rebelión popular el viernes 20 de julio de 1810 que terminó con un Cabildo Abierto en el que el pueblo se manifestó por primera vez como poder constituyente y fuerza política organizada.

Aunque la mayoría de ellos solamente quería gozar los mismos privilegios de los nacidos en Europa y gobernar en representación del rey, los demás buscaban destituir a las autoridades. Inspirados en las ideas que habían concebido las recientes revoluciones burguesas en Estados Unidos y Francia, y tras los pasos de la insurrección popular de Los Comuneros ocurrida en el territorio entonces conocido como Nueva Granada y que hoy comprende nuestro país, iban tras la conformación de un gobierno autónomo y la redacción de una constitución que estableciera un nuevo orden político e institucional.

En medio de la trifulca que le siguió a la puesta en escena y agresión al comerciante español José González de Llorente por negarse a prestar un florero o adorno de mesa, los autores de la revuelta pidieron a las autoridades convocar a un Cabildo Extraordinario en el que firmaron un acta redactada con días de anterioridad respondiendo a los intereses de quienes esperaban privilegios.

Si bien este famoso documento conformó una nueva Junta de Gobierno y condicionó la obediencia al rey a que él hiciera presencia en la ciudad cuando le era imposible por encontrarse preso en España, también contiene una declaración de obediencia y lealtad hacia él, hacia las autoridades que contenían la invasión francesa en la península y hacia el gobierno colonial que continuaría en cabeza del virrey.

Ante este inesperado desenlace quienes buscaban la independencia definitiva agitaron a la población hasta llevarla desde todos los rincones de la ciudad a la hoy Plaza de Bolívar, donde instalaron un Cabildo Abierto en el que la multitud decidió apresar y expulsar del territorio a todas las autoridades coloniales incluyendo al virrey, y nombró en su remplazo a quienes habían liderado la revuelta.

Tras esta primera independencia política y aquella militar registrada como definitiva en 1819, las élites políticas que quedaron a cargo del gobierno y redactaron las constituciones de 1810 y 1821 implantaron la democracia representativa, el presidencialismo, el federalismo y la República como forma de gobierno y estructura del Estado, organización territorial, régimen y sistema político.

Combinando extractos de las constituciones de Estados Unidos (1787) y Francia (1791) que marcaron el inicio de los Estados de derecho, consolidaron la verticalidad de la estructura del poder que reinó durante la colonia, que resistió al vaivén constitucional que se presentó durante el siglo diecinueve entre el federalismo y el centralismo que terminó por imponerse, y que se perpetuó con las constituciones de 1886 y 1991 hasta nuestros días.

Constitución de 1991

Después del gran Cabildo Abierto del 20 de julio de 1810 este escenario democrático prácticamente desapareció de la vida política y jurídica nacional, hasta cuando la Constitución de 1991 lo consagró como mecanismo de participación ciudadana para realizar la soberanía popular, llevar a la práctica la democracia participativa consignada en su preámbulo y materializar el espíritu democrático y unificador que transmite en amplios pasajes de su articulado.

La Constitución de 1991 definió al Estado como Social de Derecho y lo organizó como una República “democrática, participativa y pluralista”. Estableció en su artículo tercero que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo y la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes”, y en su artículo 103 consagró al Cabildo Abierto como un mecanismo de participación ciudadana para que el pueblo ejerza esa soberanía.

La Ley 134 de 1994 –por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana– definió el Cabildo Abierto como “la reunión pública de los concejos o juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad”; y posteriormente la Ley Estatutaria 1757 del 2015 –por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática– estableció los nuevos procedimientos facilitando en cierta medida su convocatoria, e incluyó a las asambleas departamentales.

De acuerdo con el artículo 22 de esta última Ley, “por iniciativa de un número no inferior al cinco por mil del censo electoral del departamento, municipio, distrito, localidad o comuna (…) en cada período de sesiones ordinarias de las asambleas departamentales, concejos municipales o distritales y Juntas Administradoras Locales, podrán celebrarse cabildos abiertos en los que se considerarán los asuntos que los residentes soliciten, siempre y cuando sean de competencia de la corporación. Es obligación del alcalde o gobernador, asistir al cabildo abierto”.

Esto significa que en una población o comuna con 1.000 ciudadanos inscritos en el censo electoral, la convocatoria a un Cabildo Abierto al concejo o JAL deberá estar respaldada por la firma de 5 habitantes; en otra con 10.000 deberán ser mínimo 50 firmas; en una comuna, ciudad o departamento con un censo de 100.000 la convocatoria al concejo, JAL o asamblea deberá estar respaldada por 500 habitantes; con 1 millón deberán ser 5.000 habitantes, hasta las casi 30.000 firmas de los casi 6 millones de ciudadanos inscritos para votar en Bogotá, capital y ciudad más habitada del país y entidad territorial con el mayor censo electoral.

Concluye el artículo 23 de esta Ley 1757 del 2015 recalcando que “podrán ser materias del cabildo abierto cualquier asunto de interés para la comunidad”, y advierte en su único parágrafo que “a través del Cabildo Abierto no se podrán presentar iniciativas de ordenanza, acuerdo o resolución local”.

Por su parte la Corte Constitucional en la sentencia C-150 del 2015 recordó que en otras providencias ya había considerado al Cabildo Abierto como “la congregación del pueblo soberano para discutir libremente acerca de asuntos que le interesen o afecten”; como “la forma más efectiva para discutir y estudiar los asuntos de interés para la comunidad con el derecho de participar directamente y expresar su opinión sin intermediarios”; y como “garantía constitucional de las reuniones políticas de carácter deliberante”.

Lo definió nuevamente en esta sentencia como un “mecanismo de democracia participativa que activa la relación de control del poder político en tanto hace posible el diálogo directo de la administración con la ciudadanía”, cuyo objetivo es “promover el diálogo horizontal de los ciudadanos complementando el diálogo vertical de los mecanismos de la democracia representativa, ampliar los escenarios de participación de la comunidad política para que intervenga y decida de manera directa en los asuntos propios de la respectiva población”.

Consideró que “también puede manifestarse como una forma de ejercicio de dicho poder político cuando en las normas que lo regulan se contempla que los resultados de la discusión sean obligatorios”, y precisó que esa “posibilidad de asignarle tales efectos” había sido “expresamente reconocida por este Tribunal en la sentencia C-180 de 1994”, cuando advirtió que del “fortalecimiento del Cabildo Abierto depende la expansión de la participación directa en forma de asambleas generales”, reconociendo que “como nos enseña la historia, cuando el cabildo abierto adquiere dinámica se convierte en escenario del tratamiento popular a los problemas nacionales, regionales o locales”.

Finalmente, en esta misma sentencia del 2015 la Corte encaminó la institucionalidad hacia la implementación de una democracia participativa, fluida y directa al anotar que la “connotación deliberante” del Cabildo Abierto “en modo alguno significa que el legislador haya circunscrito sus efectos”, sino que “por el contrario puede en todo tiempo conferirle capacidad decisoria”, dejando “abierta la puerta para que el Congreso por la vía estatutaria le reconozca fuerza vinculante, en forma congruente con la potestad soberana del pueblo, quien como titular originario la ejerce por esta vía de manera directa”.

Propuesta para el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y el país

Teniendo en cuenta todo lo anterior y que durante el actual Paro Nacional se han realizado Asambleas Populares en distintas ciudades y poblaciones del país, resulta entonces pertinente proponer las reformas políticas, electorales y constitucionales necesarias para institucionalizar la participación directa y permanente de la ciudadanía en la administración y dirección del Estado, y subsanar así la profunda crisis de la democracia representativa, del régimen presidencialista y la institucionalidad misma que ha provocado que el Estado no responda a las demandas sociales ni solucione los grandes problemas que afectan al pueblo colombiano.

Por lo tanto las siguientes son las propuestas puntuales que le presentamos al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y al país:

1. Tramitar y aprobar las leyes y reformas constitucionales necesarias para incrustar el Cabildo Abierto en la estructura del poder público como una nueva institución política, democrática y popular debidamente reglamentada, liderada por Ediles, líderes sociales y comunitarios y toda la ciudadanía interesada en los asuntos del Estado;

2. Anular el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1757 del 2015, que advierte que “a través del Cabildo Abierto no se podrán presentar iniciativas de ordenanza, acuerdo o resolución local”, y por lo tanto definir que las decisiones tomadas en dichas sesiones públicas sean de obligatorio cumplimiento para los alcaldes y gobernadores;

3. Tramitar y aprobar las leyes y reformas políticas, electorales y constitucionales necesarias para asignarle responsabilidad política al Presidente de la República ante la Cámara de Representantes, eligiéndose esta corporación cada dos años de tal manera que la segunda elección coincida con aquella de las autoridades municipales y departamentales, y obligando al Presidente de la República a requerirle un Voto de Confianza a los Representantes entrantes a mitad de su período, quienes podrán decidir su ratificación o remoción y en dado caso escoger su remplazo entre los senadores en ejercicio para los dos años restantes;

4. Tramitar y aprobar las leyes y reformas políticas, electorales y constitucionales necesarias para otorgarle idéntica responsabilidad política a los alcaldes y gobernadores frente a los concejos y asambleas, eligiendo estas corporaciones cada dos años coincidiendo la segunda elección con la del Presidente de la República, el Senado y primera Cámara de Representantes, de tal manera que cada elección regional estaría ligada con una nacional, fortaleciendo los partidos y movimientos al estar obligados a tener coherencia y dar buenos resultados por estar expuestos a una constante evaluación de una ciudadanía más interesada en ejercer su derecho a votar;

5. Tramitar y aprobar las leyes y reformas políticas, electorales y constitucionales necesarias para que en cada jornada electoral se realicen consultas populares, referendos regionales y nacionales convocados por la ciudadanía o por los respectivos gobiernos o corporaciones públicas de elección popular.

¡Cabildo Abierto!

Este es un llamado a los líderes y lideresas de todos los grupos sociales, económicos, políticos, culturales, étnicos y raciales, de todas las edades, géneros, ideologías e identidades y a la ciudadanía en general, dentro y fuera del país, a unir fuerzas y organizarnos para impedir que los gobernantes y representantes sigan decidiendo nuestros destinos sin atender las verdaderas necesidades de la población y el territorio.

A iniciar un proceso ciudadano que convierta al Cabildo Abierto en la institución que descentralice el poder público y político hasta depositarlo en la ciudadanía, y que con el transcurrir de los días se convierta en una constituyente territorial permanente que transforme definitivamente las relaciones entre todos los factores reales de poder presentes en los territorios, materialice la soberanía popular y normalice una comunicación directa y fluida entre la comunidad y sus gobernantes.

Una nueva institución que abra las puertas del Estado al insumo y control directo y permanente de la ciudadanía para garantizar un gobierno participativo, responsable y transparente, que mejore sus capacidades para identificar e interpretar las principales demandas sociales y responder a ellas con medidas eficaces y eficientes que solucionen de raíz los verdaderos problemas.

Que institucionalice la participación y colaboración permanente de la ciudadanía en el diseño, formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas; en la toma de decisiones fundamentales que repercuten en sus barrios, veredas, poblaciones, ciudades y destinos; en la ejecución del presupuesto público; en la planeación y uso de los territorios; y en definitiva en el control permanente a la dirección que le dan al Estado los gobernantes y representantes locales, regionales y nacionales.

Que active el diálogo social y la construcción de consensos incentivando y reafirmando los liderazgos políticos, sociales y comunitarios que canalizan las expresiones, visiones y propuestas de una población cada día más creativa y mejor formada académica, intelectual, técnica, profesional y empíricamente, interesada en participar en la vida política y capaz de sentar las bases para construir y consolidar la paz, forjar una cultura de reconciliación, tolerancia, solidaridad y convivencia pacífica.

Que organice a un pueblo que en su condición de víctima durante décadas de violencia fratricida y latente por razones políticas, económicas, sociales, territoriales y hasta étnicas, raciales, religiosas y culturales, está llamado a irrumpir como protagonista y factor real de poder en una escena política ambientada por el silencio de miles de armas que habían impuesto el debate y la agenda nacional.

Que influya positivamente en los procesos democráticos locales, regionales y nacionales promoviendo la implementación de todos los mecanismos de participación ciudadana y control social consagrados en la Constitución y la Ley, como herramientas para robustecer el Estado y fundar una democracia deliberativa y participativa, directa, fluida, asociativa y colaborativa, de tal manera que los representantes y gobernantes consulten, atiendan y obedezcan permanentemente el mandato popular.

Que organice al mayor número de ciudadanos en cada población y ciudad del país para cogobernar con las autoridades participando en los Cabildos Abiertos de las juntas de acción comunal, concejos y asambleas cada mes de sus períodos de sesiones, para debatir asuntos de interés público como la conservación del medio ambiente, el acceso al agua potable y la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población, la movilidad y hasta la estabilidad económica de las familias.

Esta es una invitación a dirigir el Estado entre todas y todos los colombianos y enfocar todos los esfuerzos de la sociedad hacia la erradicación de la miseria, la pobreza y la desigualdad, hacia la conquista de la justicia social, el desarrollo y crecimiento económico de los territorios, el bienestar de toda la población y la realización de los derechos humanos y la dignidad humana como pilares para construir una nación moderna, justa, democrática, próspera, pacífica y feliz.

A tejer desde cada cuadra, barrio y vereda de cada municipio del país, una sociedad civil informada, educada, crítica, empoderada y participativa. A dignificar la política y construir la Paz, la democracia plena y el gobierno ciudadano.

A gritar desde todas las plazas y rincones del país,

¡Abajo el mal gobierno!

¡Cabildo Abierto!

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