A QUIENES AMAN AL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE MÉXICO Y A COLIMA

El Archivo Histórico del Municipio de Colima, Institución a la que me refiero, como El Archivo, en este documento, fue creado el 16 de enero de 1993, con el carácter de un organismo público descentralizado de la Administración Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Durante su gestión descentralizada, que tiene ya 27 años, el Archivo ha tenido logros sorprendentes como el ser un recinto cultural de puertas abiertas en constante relación con la sociedad que ha sido pionero en la digitalización documental, la catalogación de acervos y la investigación por lo que ha recibido el reconocimiento lo mismo en el Estado de Colima, que en el ámbito federal y más allá de las fronteras mexicanas: ha sido definido como el mejor Archivo de los 2,457 que tiene la República Mexicana, al obtener el premio al mérito archivístico por el Archivo General de la Nación (1997).

No obstante, pese a los evidentes logros, el pasado 8 de febrero del 2020, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, un reglamento, aprobado por el cabildo, que daña la organización, el patrimonio, los derechos laborales, el historial académico, la autonomía y el futuro de El Archivo.

Este reglamento propone una serie de modificaciones de consecuencias graves, que además de la afectación que supone a este centro de investigación también crea un antecedente de proceder político para instituciones culturales similares. De manera muy resumida estos son algunos de los cambios: Somete a decisiones de la autoridad en turno el presente y futuro de El Archivo, como ejemplo, ahora pretenden eliminar áreas tan importantes como la biblioteca con más de 74,200 títulos; o el programa de Doctorado en Estudios Mexicanos que el archivo ofrece en convenio con ALACyT, áreas que no se mencionan, ni una sola vez, en el reglamento nuevo.

Ahora, la autoridad municipal en turno, puede designar a quien esté al frente del Archivo, lo que significa que cada tres años, podrá llegar un nuevo director o directora, quizá sin la sensibilidad, conocimiento, experiencia de lo que es este Archivo, y la gente preparada y con experiencia será desplazada.

La Junta de Gobierno, está sobrerrepresentada la autoridad en turno: de los 9 integrantes propuestos, 7 pertenecen al gobierno municipal. Lo que significa que faltaría representatividad por parte de los especialistas y la sociedad civil por lo que cualquier decisión podría afectar al patrimonio histórico del estado.

El pretendido reglamento establece que: los documentos y libros del Archivo Histórico del Municipio solamente podrán ser consultados en los locales para este fin asignados, lo que representa un retroceso grave en materia de acceso a la información. Siendo el Archivo pionero en digitalización documental, que hace posible la consulta desde cualquier parte del mundo, a través de internet.

Otro problema grave, representa el hecho que el reglamento mencionado, no reconoce las plazas del área de investigación, por no estar consideradas en el tabulador municipal, lo cual afecta a los derechos laborales de los investigadores.
A lo anterior se añade que, durante los años de autonomía en la gestión, se consideró histórico todo documento original que ingresara al archivo y, por tanto, no podía ya salir de su custodia, solo se permitía la reproducción digital o fotocopia del mismo. Con el nuevo reglamento se ponen en riesgo la permanencia y la custodia de los mismos y su posible uso equivocado o doloso.

Así, quienes firmamos y nos adherimos a esta carta, pedimos, que a través de las redes sociales nos ayuden a difundir este atentado al patrimonio histórico y cultural de Colima con los hashtags #SomosArchivo #AmigosDelArchivo 

Todos los Archivos Históricos de nuestro país, deben ser impulsados a ser garantes confiables de la memoria de sus habitantes, deben ser impulsados a consolidarse como entidades dinámicas del conocimiento y al análisis de la historia que se desprende de los documentos que custodian, deben ser impulsados a constituirse en referentes culturales ajenos a cualquier tipo de filiación política o religiosa y deben constituirse como patrimonio inmaterial de cada comunidad a la que pertenecen, para protegerlos de visiones obtusas y ávidas de poder que obstaculizan el desarrollo civilizado de estos espacios, que son un tesoro nacional.

Con mi afecto y agradecimiento

Dr. José Miguel Romero de Solís. Investigador emérito, Miembro del Patronato del Archivo y del Sistema Nacional de Investigadores.