No a la aprobación de la ley de seguridad interior

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¿Quién debe perseguir los delitos en una democracia constitucional?
• Según la Constitución vigente en nuestro país, el Ministerio Público y las Policías.

¿Quién debe proveer seguridad pública?
• Según la Constitución, la Federación, las entidades y los municipios.

¿Qué es la seguridad pública?
• Según la Constitución, ésta comprende desde la prevención de los delitos, la investigación y persecución, así como la sanción.

¿Quién debe preservar la seguridad nacional, seguridad interior y defensa ante amenazas del exterior?
• Las Fuerzas Armadas bajo el mando del Ejecutivo.

Pero ¿cuál es la diferencia entre seguridad pública y seguridad interior?
• Por increíble que parezca, nuestra Constitución es explícita en muchísimas cosas, pero no contiene una definición explícita sobre qué es seguridad interior.

¿Pero, en algún lado de la Constitución se sugiere que si los problemas de seguridad pública son sumamente graves, se puede involucrar al Ejército en labores policiales?
• No.

¿Qué es la Ley de Seguridad Interior?
• La Ley de Seguridad Interior es un conjunto de leyes que definen actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en México y estipula en qué situaciones los militares pueden intervenir.
• O sea, la Ley de Seguridad Interior propone regularizar la presencia del Ejército y la Armada en las calles.
• **Dato** Hace ya 11 años que el Ejecutivo dispone de las Fuerzas Armadas como si fueran cuerpos policiales.
• En 2006, el presidente Felipe Calderón, del PAN, ordenó el despliegue de miles de soldados en Michoacán para combatir a los cárteles del narcotráfico. Luego fueron otros estados.
• Desde entonces, más de 750,000 efectivos del Ejército y la Armada han sustituido a la policía en cientos de municipios de todo el país.

¿De qué va?
• El texto indica que: “las Fuerzas Armadas podrán intervenir en amenazas a la seguridad interior cuando estas comprometan o superen las capacidades de las autoridades, y cuando hayan amenazas originadas por la insuficiente colaboración de las entidades y municipios en la preservación de la seguridad nacional”.



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