Juicio político vs María Gómez Pérez, titular de la CEAV

Juicio político vs María Gómez Pérez, titular de la CEAV

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Gil Garza ha iniciado esta petición dirigida a Cámara de Diputados

1.- La violatoria principal al Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.


Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

2.- Suspendió todos los pagos de medidas complementarias de compensación, lo que viola la Ley General de Víctimas, su Reglamento y las Reglas de Operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

3.- Ha incumplido sistemáticamente con sentencias de amparo que ya están en fase de cumplimiento, y que no aceptan ningún otro recurso legal, por ello, diversos juzgados de distrito en materia administrativa le han impuesto multas y medidas de apercibimiento, se han abierto incidentes de inejecución ante los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, y existe un proyecto de “sepárese y consígnese”.

4.- Busca modificar las reglas de operación y al Ley General de Víctimas, para que la asistencia de medidas, se reduzca, ademas de que las medidas proporcionadas sean entregadas hasta 120 días cuando se deben entregar según por protocolos humanitarios en 5 días. Lo que atentaría sistemáticamente a víctimas directas e indirectas incluyendo a niños, México ratificó la Convención de Derechos de la Niñez en 1990, sin embargo, fue hasta 2011 que incorporó el principio del interés superior de la niñez en el artículo

4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al especificar que:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), reconoce su carácter de titulares de derechos. Los artículos 2, párrafos segundo y tercero; 17 y 18 prevén que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial.

Las víctimas utilizan los recursos de las medidas para la asistencia de sus familias, entre ellas las de niños y niñas.

Por lo que es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho (Art. 6 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en adelante LFRSP). Es oportuno dejar claro que no procede el juicio político por la mera expresión de ideas (Art. 7 LFRSP).

b) Actos que lo motivan

Los actos que puede motivar el ejercicio del juicio político son aquellos que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho y que la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos enumera de la siguiente manera:

- El ataque a las instituciones democráticas;

- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal;

- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;

- El ataque a la libertad de sufragio;

- La usurpación de atribuciones;

- Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;

- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y

- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración publica federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal. (Art. 7 LFRSP). 

Asimismo, los gobernadores de los estados, los diputados de las legislaturas locales y los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República, a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales (Art. 5 LFRSP).

Corresponde al Congreso de la Unión valorar la existencia y gravedad de los actos u omisiones. Cuando éstos tengan carácter delictuoso se formulará la declaración de procedencia y se estará a lo dispuesto por la legislación penal.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas