El congelamiento de salarios de la política no alcanza. Necesitamos una ley de límites salariales en el sector público. Hoy el Estado tiene sueldos que son 40 salarios mínimos. Los jueces de la Corte Suprema cobran más de 700 mil pesos, el ministro de Relaciones Exteriores cobra 650 mil pesos, el Ejecutivo y los ministros 300 mil pesos ; diputados y senadores también en el orden de los 240 mil pesos. Ni hablar de los beneficios que tienen los jueces de no pagar ganancias, y de que tienen el 82% móvil mientras que el resto de la población acceda a una jubilación de apenas el 40% del salario en actividad. Por otro lado, el salario mínimo vital y móvil está en 16.875 pesos. En una República que se precia de cuidar la igualdad entre los ciudadanos esa brecha es demasiado grande.

El gasto en empleo público en Argentina (12 puntos del PBI) es prácticamente el más alto de toda la región y por encima del promedio de todos los países de la OECD.  Sólo una reforma integral puede enmendar esto. Necesitamos limitar y equiparar los salarios públicos. El servicio público debe ser visto como lo que es, una tarea en favor de los demás, y no como una oportunidad para hacer dinero

Por eso debemos limitar y equiparar los salarios en los tres poderes del Estado, y todos sus organismos, así como invitar a las provincias y municipios a legislar en el mismo sentido. No podemos desde el Estado fomentar la desigualdad.