English translation below

Organizaciones nacionales e internacionales por la igualdad de género y los derechos humanos exhortamos al Congreso de la Unión de México a garantizar un presupuesto suficiente para los programas de igualdad y combate a la violencia de género en el Presupuesto Público de 2021.

A la luz del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021 presentado por el Ejecutivo federal, lamentamos que se profundice la tendencia regresiva en materia de financiamiento para la igualdad de género y combate a las violencias contra las mujeres. Aun cuando el ramo presupuestario para la igualdad de género, Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, presenta un aumento del 20%, es preocupante que, en términos reales, el incremento este etiquetado casi en su totalidad a la Pensión para personas Adultas Mayores: programa que no cuenta con mecanismos que aseguren la reducción de las brechas de desigualdad de género. En contraste, se prevén recortes millonarios para los programas pensados específicamente para tales fines.

Esta tendencia ya había alcanzado un punto crítico con la desafortunada disposición de austeridad adoptada por el Gobierno federal en abril del presente año que ha dejado en precarias condiciones a las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIS), al no exentar de dicha medida a los programas presupuestarios dirigidos a la promoción de los derechos de las mujeres indígenas. La disposición representó una afectación de alrededor de 450 mil millones de pesos sobre el presupuesto de 2020 para proyectos que beneficiarían a mujeres indígenas y afromexicanas; a partir de la retención del 70% del presupuesto de las 35 CAMIS que operan en la República mexicana y reservando el 96% de sus recursos asignados a programas para el fortalecimiento económico de sus comunidades.

Nos alarma en particular que, de cara al presupuesto de 2021, se profundice la pérdida de recursos en los rubros específicos para mujeres indígenas y afromexicanas. Para el ejercicio presupuestal 2021 se pretende eliminar el Programa Presupuestario Derechos Indígenas y fusionar todos los programas de apoyo a pueblos y comunidades indígenas en un solo denominado “para el Bienestar”. Con esta medida, las mujeres indígenas perderían 350.85 millones de pesos, impactando con ello el funcionamiento de las CAMIS.

Ante esta posibilidad de regresión, llamamos a que el Estado mexicano en su conjunto, y particularmente las legisladoras y legisladores que integran el Congreso de la Unión, reflejen las obligaciones internacionales adquiridas por México en materia de igualdad de género en las cuentas públicas de 2021. En particular, la Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará), a través de las cuales el Estado mexicano está obligado a garantizar recursos públicos suficientes para implementar políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres.

La Corte IDH también ha mandatado a México en distintas ocasiones (a través de las sentencias de Fernández Ortega, Rosendo Cantú, Mujeres de Atenco y “Campo algodonero”) a atender la situación de discriminación y violencia contra las mujeres a través del ordenamiento de su aparato estatal, dotándoles de los recursos necesarios para ello. Sobre la violencia sexual en particular, la Corte también obligó al Estado mexicano a brindar atención especializada, gratuita, con perspectiva de género e intercultural para las mujeres indígenas que sufren violencia. Para lograrlo, resulta indispensable fortalecer financieramente programas como las CAMIS.

No obviamos que esta posible reducción se da en medio de una grave crisis de violencias contra las mujeres en el país: 2019 fue el año más letal para ellas desde que se tiene registro; y 2020 se perfila para tener un desenlace desafortunadamente más crítico.

Aun si la pandemia de COVID-19 pone a México en una situación sanitaria y económica muy delicada, llamamos al Congreso de la Unión y a las autoridades hacendarias a que guíen sus discusiones y decisiones de acuerdo con los Principios rectores pertinentes para contemplar una distribución de los ingresos públicos con perspectiva de género; y a contemplar las medidas fiscales, tributarias, de deuda, de ayuda y monetarias a su alcance para la realización progresiva y con el máximo de recursos disponibles, para garantizar los derechos de todas las mujeres.

Adhesiones:

Center for Justice and International Law (CEJIL)
Colectiva Ciudad y Género A.C.
Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, A.C.
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, (CLADEM)
Equality Now
JASS, Asociadas por lo Justo.
Mujeres Impulsando la Igualdad (MIDI)
RAÍCES, Análisis de Género para el Desarrollo, A.C.

Adhesiones:

Center for Justice and International Law (CEJIL)
Colectiva Ciudad y Género A.C.
Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, A.C.
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, (CLADEM)
Equality Now
JASS, Asociadas por lo Justo.
Mujeres Impulsando la Igualdad (MIDI)
RAÍCES, Análisis de Género para el Desarrollo, A.C.
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MEXICO: National and international gender equality and human rights organizations urge the Congress of the Union of Mexico to guarantee sufficient budget for programs for equality and combating gender-based violence in the 2021 Public Budget.

In light of the 2021 Federation Expenditure Budget Bill (Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021) presented by the federal Executive, we lament the increasingly regressive trend in funding for gender equality and combating violence against women. Even though the budget for gender equality, Annex 13 Distribution for Equality between Women and Men, presents a 20% increase, it is worrying that, in real terms, this increase is earmarked almost entirely for the Pension for Senior Citizens: a program which does not have mechanisms in place to ensure a reduction in the gender inequality divide. In contrast, millions of pesos of cuts are foreseen for programs specifically designed to address gender inequality.

The trend had already reached a critical point with the unfortunate austerity regulation (disposición de austeridad) adopted by the federal Government in April of this year, which has left the Houses of Afro-Mexican and Indigenous Women (Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, CAMIS) in a precarious situation by not exempting from this measure those programs aimed at the promotion of the rights of indigenous women. The regulation affected around 450 billion pesos of the 2020 budget for projects which would benefit indigenous and Afro-Mexican women; from a starting point of a 70% budget withholding for the 35 CAMIS which operate in the Republic of Mexico and reserving 96% of their programs resources for economic development in their communities.

We are alarmed that, regarding the 2021 budget, the loss of resources is deepened under the specific headings for indigenous and Afro-Mexican women. For the 2021 budget exercise the plan is to eliminate the Indigenous Rights Budget Program and fold all of the support programs for indigenous communities and peoples into a single one called “for Wellbeing”. With this measure, indigenous women would lose 350.85 million pesos, impacting the functioning of the CAMIS.

In the face of this possible regression, we call on the entire Mexican State, particularly the legislators who make up the Congress of the Union, to reflect Mexico’s international obligations to advance gender equality in the 2021 public accounts. In particular, the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women (Belem Do Pará), through which the Mexican State is obliged to guarantee sufficient public resources to implement public policies which guarantee women substantive equality and the right to a life free from violence.

The Inter-American Court of Human Rights has ordered Mexico on several occasions (in the rulings of Fernández Ortega, Rosendo Cantú, Mujeres de Atenco and “Campo algodonero”) to address discrimination and violence against women thorugh the laws and codes of its state apparatus, providing them with the necessary resources. Regarding sexual violence in particular, the Court also required the Mexican State to proivide specialized, gender- and culturally-sensitive, free care to indigenous women who experience violence. To achieve this, it is essential to financially strengthen programs like the CAMIS.

We must also point out that that this possible reduction in funding comes in the middle of a serious crisis of violence against women in the country: 2019 was the deadliest year for women since records were kept, and 2020 unfortunately looks set to have an even more critical outcome.

Even if the COVID-19 pandemic puts Mexico in a delicate public health and economic position, we call on the Congress and the budgetary authorities to guide discussions and decisions in accordance with the relevant guiding principles to consider a gender-sensitive budget allocations; and to take into account the fiscal, tax, debt, support, and monetary measures at their disposal for a process which allocates the maximum available resources, to guarantee rights of all women.

Signatories:
Center for Justice and International Law (CEJIL)
Colectiva Ciudad y Género A.C.
Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, A.C.
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, (CLADEM)
Equality Now
JASS, Asociadas por lo Justo.
Mujeres Impulsando la Igualdad (MIDI)
RAÍCES, Análisis de Género para el Desarrollo, A.C.