Petición cerrada

Familias vulnerables ante la pobreza energética

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Registro municipal de familias vulnerables ante la pobreza energética

El Estatuto de autonomía de Andalucía establece entre sus objetivos fundamentales en el artículo 10.14. “La cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos y zonas más desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad andaluza, propiciando así la superación de la exclusión social.”

En este sentido, en el desarrollo de los derechos de la ciudadanía andaluza, establece el artículo 23 sobre prestaciones sociales que “Se garantiza el derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de un sistema público de servicios sociales. Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley.

Más particularmente, en materia de vivienda, establece el artículo 25 que “para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten.

Desde la Plataforma Ciudadana Zona Norte, denunciamos que en la actualidad, estos derechos están siendo vulnerados de manera sistemática en nuestro distrito. Una de las manifestaciones más evidentes de esta vulneración, la constituyen los cortes de suministro eléctrico efectuados contra las familias de bajos ingresos.

La vivienda digna y las “condiciones de vida digna” establecidas por la legislación andaluza, incluyem sin duda el derecho a un mínimo vital de suministro eléctrico que permita garantizar la climatización doméstica básica, el empleo de electrodomésticos o el acceso a las comunicaciones como herramienta para salir de la exclusión.

Sin embargo, estos últimos años, han sido cientos las familias del Distrito Norte de la capital que han visto interrumpido el suministro eléctrico de sus viviendas, quedando por tanto desamparadas en el ejercicio de sus derechos.

El actual sistema de protección social a estas famlias ha demostrado ser completamente ineficaz, por cuanto interviene sobre una situación de hechos consumados, interviniendo (si llegan a hacerlo) los servicios sociales comunitarios cuando ya las compañías eléctricas han cortado el suministro eléctrico y las familias llevan días o semanas padeciendo las consecuencias. La lógica lentitud de los servicios sociales debida a la falta de personal, viene a agravar la problemática.

El invierno se acerca y pronto volveremos a asistir al drama de cientos de familias excluidas en uno de los derecho más básicos en nuestra sociedad actual, mientras compañías eléctricas y administraciones se responsabilizan mutuamente de la puesta en marcha de medidas que lo eviten, cuando no se criminaliza directamente a las familias sin ingresos, víctimas de esta situación de desigualdad obscena.

Existen indicadores objetivos, perfectamente constatables por las administraciones públicas, que identifican qué familias se encuentran por sus bajos ingresos, en una situación de vulnerabilidad tal, que son merecedoras de protección ante el corte de suministro eléctrico.

Por todo ello, exigimos al Ayuntamiento de Granada que apruebe, regule y ponga en marcha  un registro municipal de familias vulnerables ante la pobreza energética (o denominación equivalente) que de forma preventiva, recoja la situación de estas familias y garantice, mediante acuerdo entre el Ayuntamiento de Granada, la Consejería de Servicios Sociales y las compañías eléctricas, la activación de mecanismos de protección que prohiban el corte de suministro eléctrico en caso de impago por incapacidad económica sobrevenida o notoria de las famlias afectadas.

 



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