La Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres, este 11 de octubre de 2016, respaldamos a la Diputada Lorena Peña, Presidenta de la Asamblea Legislativa, y a otras legisladoras y legisladores la presentación a la Asamblea Legislativa de una pieza de correspondencia que solicita la adición al Art.133 del Código Penal, las siguientes causales de aborto no punible:

1. El aborto realizado con el propósito de salvar la vida de la mujer gestante y preservar su salud, previo dictamen médico y con el consentimiento de la mujer.

2. El realizado por facultativo con consentimiento de la mujer, cuando sea un embarazo que fue producto de una violación sexual o trata de personas.

3. El realizado por facultativo, con consentimiento de la mujer cuando exista una malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina.

4. El realizado por facultativo, con consentimiento de la menor de edad, en los casos de violación o estupro; con consentimiento de los padres o tutores legales, de acuerdo a lo establecido en el Art. 18 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA).

Respaldamos esta iniciativa preocupadas ante las alarmantes estadísticas encontradas:

• El 30 % de embarazos en 2015 fueron de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, es decir 25,132 niñas y adolescentes se convirtieron en madres en este período. De estos 1,444 fueron en niñas entre 10 y 14 años; según nuestra legislación actual todos estos casos son constitutivos delitos.

• Para 2015 la PNC registro un promedio de 5 casos cada día de violencia sexual y entre enero y agosto de 2016, se reportaron 11 denuncias diarias por violencia sexual, el 78% en niñas y adolescentes. De ellas 1,560 son violaciones de los cuales el 80% corresponde a niñas y adolescentes, en su mayoría son cometidos por familiares y/o conocidos.

• El MINSAL reporta que el suicidio es la segunda causa de muerte en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, se presume que en su mayoría de estos casos la causa está relacionada a la violencia sexual y embarazos impuestos.

• Para las niñas y adolescentes el embarazo pone en peligro su vida; el riesgo de muerte materna es 4 veces más alto en adolescentes menores de 16 años.

• La actual legislación que penaliza totalmente la interrupción del embarazo, provoca la inseguridad jurídica del personal de salud, médico y de enfermería, que atiende casos de embarazos de alto riesgo, como los embarazos ectópicos, en los que el feto se desarrolla fuera del útero, sin posibilidades de supervivencia, en los que la práctica médica recomienda considerar la interrupción del embarazo para prevenir daños en la salud y vida de la mujer gestante, impidiendo que pueda actuar sin temor a un procesamiento judicial.

Las organizaciones de la Alianza consideramos:
• Que la actual legislación penalizadora del aborto impide al MINSAL, brindar a las niñas, adolescentes y mujeres el servicio de interrupción del embarazo, como una opción de protección ante el riesgo de daños a su salud y vida.
• Que la penalización total del aborto viola el derecho a la salud y la vida de las mujeres, reconocido en la Constitución de la Republica y en la Ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres.
• Que toda mujer tiene derecho a preservar su vida, su integridad física y moral y a no poner en riesgo su salud y su vida.

Por lo que hacemos un llamado urgente.
• A las y los legisladores de todos los grupos parlamentarios a informarse sobre las causas y circunstancias que llevan a las mujeres y al personal médico a optar por la realización de un aborto y legislar de forma informada y apegada a la realidad.

• A los medios de comunicación a abordar el tema de forma responsable contribuyendo a un debate serio, objetivo, respetuoso y con fundamentos científicos.

• A las instituciones como Ministerio de Salud, ISDEMU; CONNA, Secretaria de Inclusión social entre otras, cumplir con su mandato de velar por los derechos de las niñas, las adolescentes y mujeres y respaldar la reforma presentada.

• A las organizaciones de la sociedad civil acompañar la búsqueda de un marco regulatorio que permita la toma de decisiones informadas y libres para poder interrumpir un embarazo en casos de riesgo a la salud y vida de las mujeres o cuando sea producto de una violación sexual