NO A LA "privatización en México" DEL 55% de agua.

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EL AGUA ES UN DERECHO.DI NO ALA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA MEXICANA.

Los decretos no mencionan el derecho humano al agua, lo cual desde la reforma al 4o artículo el 8 febrero 2012, tendrá que estar en el centro de cualquier política hídrica.

En un primer señalamiento miembros de Agua para Todos es cuestionar en su totalidad los decretos por ser viola torios a la ley de aguas que las creó.

En segundo lugar, señalan que el sistema de concesiones aprobado debe ser reemplazado por uno que:

1.-Únicamente asigne los volúmenes ecológicamente aprovechables;

2.- Reconociendo en primer lugar los derechos de los pueblos indígenas a la administración de las aguas;

3.- Reconozca los volúmenes requeridos para uso personal-doméstico y servicios públicos para asegurar el acceso equitativo en torno al derecho humano al agua;

4.- Asegure el acceso al agua para los productores sociales para la soberanía alimentaria.

5.- Siente las bases para la verdadera participación ciudadana y de los pueblos, a través de la construcción y reconocimiento de instancias vinculantes, poniendo fin a el ejercicio discrecional de la con agua.

 

Los decretos privatiza dores y contrarios a derecho humano al agua, de los pueblos indios y de los productores de México.Demandan una verdadera participación ciudadana y de los pueblos y que se reconozca en primer lugar los derechos de los pueblos indígenas, las necesidades de la población y servicios públicos así como de los productores sociales para la soberanía alimentaria.

Los ambienta listas cuestionan directamente el discurso oficial que afirma que son decretos “para proteger las cuencas clorhídricas” y sostienen que violan el derecho humano al agua.

Los decretos abarcan las cuencas de los ríos Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León); Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).

Estos decretos se suman a los emitidos en los ríos San Pedro Mezquital(2014),  Fuerte (2016)  y Coatzacoalcos (2018), que son cerca de 300 cuencas de las 756 del país, en 20 estados y representan la protección del 55% del volumen de agua superficial a nivel nacional.



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