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Hemos visto con gran preocupación que pasado los comicios electorales, los legisladores electos de todos los partidos han empezado a flaquear sobre el retorno al legislador ciudadano.  Peor aún, han comenzado una intensa campaña los medios en contra del mismo.  Son varios los alegatos que utilizan para llevar su mensaje que van desde conflicto de interés, la aprobación de leyes en altas horas de la noche y posibles problemas familiares, particularmente para las mujeres legisladoras. Como hemos visto claramente, desde que se implantó y particularmente en el pasado cuatrienio, el legislador a tiempo completo no promueve la conducta ética, ni evita los conflictos de interés o la  aprobación de legislación de noche, por descargue y a espaldas del pueblo.  El pueblo se expresó contundentemente a favor del legislador ciudadano en las urnas.  No tenemos que reinventar la rueda.  Este concepto ya se ha implantado exitosamente en muchas jurisdicciones de Estados Unidos y en países de avanzada en Europa.   Respetuosamente sometemos la siguiente propuesta ciudadana para consideración de la Asamblea Legislativa el 2 de enero de 2013:

1.    El retorno del legislador ciudadano, trabajando una jornada de trabajo según lo determine los requerimientos de su posición y las necesidades del pueblo de Puerto Rico.

2.    Una sola sesión de la Asamblea Legislativa de 90 - 120 días al año.

3.    Un salario tributable de $40,000 - $50,000 al año que incluye un jornada de 8 horas laborables de 9am - 6pm durante la sesión legislativa ordinaria y las horas adicionales necesarias para cumplir con sus responsabilidades como legislador y representante del pueblo.  Esta compensación es más alta que la recibida por 82% de los contribuyentes de  Puerto Rico. 

4.    El legislador ciudadano estará accesible y disponible para atender los reclamos de los ciudadanos de su distrito.

5.    La eliminación de carros, celulares, dietas y gastos de representación.

6.    Un reembolso de los gastos incurridos por alojamiento, millaje y peaje únicamente durante la sesión legislativa ordinaria o extraordinaria para legisladores que residan fuera del Área Metropolitana  que se define como San Juan, Caguas, Guaynabo, Carolina, Bayamón y Toa Baja.  Se establecerá un "per diem" fijo usando como guías las normas de Rentas Internas Federal.

7.    Cero compensación por una extensión de la sesión ordinaria o cualquier sesión extraordinaria.

8.    La prohibición de la contratación de familiares como empleados regulares o contratistas de cualquier legislador ciudadano hasta un cuarto nivel de consanguinidad o un quinto nivel de afinidad.

9.    El descuento del día de trabajo por cualquier ausencia no justificada.  Un ausencia justificada incluye muerte, enfermedad, o accidente del legislador ciudadano o un familiar cercano hasta un cuarto nivel de consanguinidad o un quinto nivel de afinidad.

10.  El establecimiento de una licencia política para empleados públicos y en la empresa privada, sin salario ni beneficios, para que el legislador ciudadano pueda cumplir con sus responsabilidades bajo esta ley.  Será delito grave despedir, hostigar o intimidar a cualquier legislador ciudadano por cumplir con sus obligaciones como representante electo.  El legislador ciudadano tendrá derecho a esta licencia por el término que esté electo.

11.  La prohibición de intervenir o cabildear a favor de cualquier legislación que beneficie directa o indirectamente el legislador ciudadano, la empresa del cual es  propietario o empleado y sus familiares hasta un cuarto nivel de consanguinidad o un quinto nivel de afinidad.  Todo conflicto de interés deberá ser divulgado a los respectivos comités de ética de la Asamblea Legislativa.

12.  Los ingresos extra-legislativos y sus fuentes deberán ser divulgados mediante declaración jurada al público, a la prensa y por Internet trimestralmente.  Cada cuerpo legislativo será encargado de recopilar y divulgar dicha información en no más de 60 días después de la finalización del trimestre. En caso de que el legislador ciudadano omita información de forma no intencional, será considerado delito menos grave sancionado con una multa de $1 por cada dólar no informado.  En caso de omisión intencional, se considerará como delito grave.

13.  Cualquier aumento de sueldo deberá ser llevado a un referéndum de los electores y aprobado por mayoría absoluta (cincuenta por ciento más uno (50% + 1)) de los electores participantes en dicho proceso electoral.

Aunque sus gastos son una porción pequeña del presupuesto consolidado de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa debe ser un modelo de austeridad y prudencia para el pueblo.  No más excusas por favor.  

 

Letter to
Presidente, Senado de Puerto Rico Hon. Eduardo Bhatia
Presidente, Cámara de Representantes Hon. Jaime Perelló
Representante San Juan Precinto 4 Hon. José L. Baez Rivera
and 6 others
Senador, Distrito I San Juan Hon. Ramón Luis Nieves
Senador, Distrito I San Juan Hon. José Ramón Nadal Power
Gobernador Hon. Alejandro García Padilla
Representante por acumulación Hon. Eduardo Ferrer
Representante Distrito 21 Hon. Lydia Mendez
Representante Distrito 29 Hon. Carlos Vargas
Aprobación de legislador ciudadano