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Petitioning Gobierno de España

Apoyamos el decreto antidesahucio de la Junta de Andalucía y le exigimos al PP que retire su recurso de inconstitucionalidad.

Juventudes Socialistas de Andalucía exige al Partido Popular la
retirada del recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley
6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la
Función Social de la Vivienda.

En una situación de crisis económica, donde florecen cada día los
casos de abusos bancarios y la justicia está jugando un papel activo
en la defensa de muchos ciudadanos que se hipotecaron para poder
comprar un hogar donde residir, en un contexto de burbuja inmobiliaria
generada por especuladores que consiguieron importantes beneficios con
el incremento sin base real de los precios de la vivienda, las
administraciones públicas tenían que intervenir.
La Junta de Andalucía consciente del desgarro económico y emocional
que supone para una familia ser desahuciada, y ante la inactividad de
un Partido Popular que acabó diluyendo la Iniciativa Legislativa
Popular que la PAH presentó en el congreso, decidió actuar.
Una actuación que se basó en el artículo 47 de la Constitución
Española que establece que todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Asimismo, exhorta a los
poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer
las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la
utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir
la especulación.

Junto a este artículo y bajo el respeto al artículo 33 que establece
el derecho a la propiedad privada, se entendió que tal como establece
nuestra Constitución el derecho a la propiedad no es absoluto sino que
esta unido a la función social de la misma. La función social de la
vivienda configura el contenido esencial del derecho mediante la
posibilidad de imponer deberes positivos a su titular que aseguren su
uso efectivo para fines residenciales, entendiendo que la fijación de
dicho contenido esencial no puede hacerse desde la exclusiva
consideración subjetiva del derecho o de los intereses individuales.
Bajo esta premisa jurídica, la Junta de Andalucía previó la
expropiación forzosa a los bancos durante tres años cuando se fuesen a
llevar a cabo desahucios de familias en especial riesgo de exclusión
social acreditada por los servicios sociales de los ayuntamientos y
por otro lado, con respecto al fomento del alquiler de viviendas
vacías se establecía   un sistema de penalización en el que se
multaría con hasta 9.000 euros a las entidades bancarias y a sus
sociedades filiales que no arrendasen sus inmuebles.
Muchas de estas medidas están en la órbita de legislaciones europeas
más activas en la defensa de la vivienda como derecho. La regulación
de la Junta legisla a favor de los ciudadanos y no contra ellos, por
tanto, le pedimos al Partido Popular que sea consecuente y retire el
recurso.

Letter to
Gobierno de España
Apoyamos el decreto antidesahucio de la Junta de Andalucía y le exigimos al PP que retire su recurso de inconstitucionalidad.