Apóyanos con tu firma para acabar con la estafa de los Fondos Privados de Pensiones (AFP)

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La Ley 100 de 1993 creó las AFP convirtiendo el derecho a la pensión en un lucrativo negocio para el sector financiero.Este sistema de ahorro privado compite con el régimen público de Colpensiones. Para esto, las AFP (Porvenir, Protección, Old Mutual y Colfondos), no reparan en implementar estrategias que faltan a la ética, realizando afiliaciones con vicios de consentimiento:

* a estudiantes universitarios, puesto que Porvenir nos ofreció tarjetas promocionales, sin advertirnos que nos estaban afiliando a una AFP, y que la actual legislación nos obliga a permanecer durante cinco años en dicho régimen.

* a trabajadores, a quienes el empleador nos presionó para que nos afiliáramos a una AFP.

* también a  quienes fuimos afiliados sin nuestra autorización.

* a muchos, las AFP nos engañaron con información incompleta, parcial, falsa e inexacta, sobre: (a) las condiciones y proyecciones del monto de la pensión, al comparar los beneficios del régimen público con los del privado; (b) los riesgos que correrían nuestros ahorros con las operaciones en los mercados financieros; (c) y los rendimientos que recibiríamos que son ridículamente bajos y fluctuantes.

* Nos mintieron generarando pánico al afirmar que el régimen público estaba en quiebra, desaparecería y que nuestros aportes se iban a perder.

* Y a otros, nos falsificaron la firma.

Con las AFP, recibimos pensiones con montos que no nos permiten sostenernos en la vejez, por lo que debemos seguir trabajando indefinidamente, casi hasta la muerte, y nos vemos abocados a perder los bienes que conseguimos tras una vida de trabajo.

Cuando tratamos de retornar a Colpensiones, la actual legislación lo prohíbe dentro de los diez años previos a la edad de jubilación. Y si entablamos demandas, en ocasiones recibimos fallos a favor, pero muchos hemos tenido fallos en contra, con argumentos que castigan a las víctimas y con ello, premian a los victimarios.

Los medios de comunicación no reconocen lo evidente: que hubo estafa, puesto que estos engaños generaron ganancias para las AFP y pérdidas económicas para las víctimas en el monto de sus mesadas pensionales; y no lo hacen, porque están en manos de los grandes grupos económicos. Por ejemplo, El Tiempo, el periódico con mayor circulación, le pertenece a Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico de Colombia, dueño de Porvenir, la AFP más grande, y del grupo financiero Aval, el más poderoso del país. Y tampoco ha habido sanción para los responsables, puesto que la Fiscalía está presidida por N. H. Martínez Neira, cuestionado por conflictos de interés en el caso de corrupción que vincula al grupo Aval con la multinacional Odebrecht. Martínez Neira trabajó para el grupo Aval y es amigo personal de su dueño, Luis Carlos Sarmiento.

Al tiempo que se propaga la falsa idea de una Bomba Pensional, el régimen público se desfinancia por las masivas vinculaciones a las AFP (15.732.000 afiliados), buena parte de ellas hechas con los métodos ilegales mencionados. Mientras las AFP administran más de 260 billones de pesos, provenientes de los ahorros de los trabajadores, la desfinancianción del régimen público la cubrimos los colombianos con nuestros impuestos. Con estos ahorros de los cotizantes, las AFP le prestan al Estado, deuda que entre todos pagamos –incluidos los mismos cotizantes– a través de impuestos. Asimismo, las quejas presentadas ante las distintas instancias del Estado, que se cuentan por miles, debemos solventarlas los colombianos, nuevamente con nuestros impuestos.

Y después de lo anterior, las AFP y sus cómplices en el Gobierno nos vetaron un retorno exprés a Colpensiones, propuesto recientemente en el Plan Nacional de Desarrollo, con argumentos absurdos. El primero, que eso sería una competencia desleal con los Fondos Privados, cuando fueron ellos los que ejercieron una competencia desleal con Colpensiones. Y segundo, porque supuestamente representamos una amenaza para el presupuesto nacional, porque terminarían los pobres subsidiando a los ricos, es decir a nosotros, cuando en realidad nosotros, los trabajadores, fuimos los estafados por los grandes magnates.

Apóyanos con tu firma para exigir que el Estado colombiano investigue y sancione estas ilegalidades en las afiliaciones; derogue el artículo 2 de la ley 797 de 2003, que restringe el derecho del ciudadano a elegir libremente el régimen, al impedir el traslado faltando diez años para el cumplimiento de la edad pensional; y garantice el retorno inmediato de las víctimas de las AFP a Colpensiones con plenos derechos. ¡No más abusos de las AFP! ¡No más estafa!

Campaña Con Las Pensiones No y Salario Mínimo Digno

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