El presidente de Guatemala,Jimmy Morales, debe renunciar.

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EL PUEBLO DE GUATEMALA Y LOS GUATEMALTECOS RADICADOS EN EL EXTRANJERO CON FAMILIA EN EL PAÍS, PEDIMOS LA AYUDA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.

 

La población guatemalteca vive hoy en un ambiente de zozobra por la violencia en las calles, los constantes crímenes y la falta de seguridad que deviene de los actos de corrupción y de impunidad dentro del Gobierno de la República. La sociedad guatemalteca ha tenido un respiro con el actuar del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), debido a que estas dos instituciones han desarticulado bandas criminales que se encontraban incrustadas en las instituciones estatales.

 

El Presidente de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, los Diputados del Congreso de la República, empresarios y demás personas involucradas en actos de corrupción y de impunidad se han dedicado a atacar y boicotear, públicamente, todos los avances y esfuerzos del Ministerio Público y de la CICIG, que como lo indicamos anteriormente, son dos instituciones que han investigado y desarticulado grupos que tienen coptado al Estado de Guatemala, que viven en la impunidad y que promueven la corrupción en su actuar.

 

El Presidente Morales con la complicidad de su Ministro de Gobernación, Enrique Antonio Dogenhart Asturias, funcionario que no tiene las calidades académicas para ocupar el cargo y que fue nombrado gracias a la influencia de su íntimo amigo Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, le han retirado, a la CICIG, personal del Ministerio de Gobernación que por varios años han coadyuvado a las investigaciones de este ente internacional. Morales ha tratado de expulsar al máximo representante de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, en más de una ocasión; violentando así lo preceptuado en el acuerdo bilateral que firmó Guatemala con la Organización de Naciones Unidas y ha sido frenado únicamente por el actuar del Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala y de la Corte de Constitucionalidad.

 

El Presidente de la República en varias ocasiones ha dejado entrever su descontento con los máximos funcionarios del Ministerio Público y de la CICIG, ya que se ha rehusado a asistir a actos públicos o a presentación de investigaciones realizadas por estos dos entes. Su descontento se debe a que hay por lo menos dos personas de su familia involucrados en un acto de corrupción sucedido en el Registro General de la Propiedad de Guatemala; estas dos personas se trata de su hijo y de su hermano quienes falsificaron facturas para lograr adjudicarse una licitación en dicha institución y que gracias a la investigación realizada por el MP-CICIG han sido ligados, por un tribunal de justicia, a proceso penal y están próximos a enfrentar juicio. Vale la pena hacer mención que estas dos personas gozan de libertad condicionada y se cree que se debe a que son familiares del presidente.

 

La mayoría de Diputados del Congreso de la República de Guatemala y que apoyan o son parte del partido político del Presidente -FCN-, están bajo investigación y muchos de ellos tienen proceso de antejuicio en su contra y lo más grave es que, aún siendo señalados por el MP-CICIG, estos son dignatarios de la nación y quienes controlan la aprobación o improbación de leyes, boicoteando de esta manera leyes que refuerzan la lucha contra la corrupción y aprobando leyes que los beneficia a ellos. Esto, como pueblo, lo consideramos una burla y violación a las leyes ordinarias del país, así como a la Constitución Política de la República.

 

Entre el 18 y 19 de abril del 2018, el Ministerio Público y la CICIG, revelaron una investigación que daba como resultado los nexos que tiene un Coronel del ejercito de Guatemala con el crimen organizado; se trata del militar de alto rango Ariel Salvador de León, quien se desempeñaba como Coronel de Infantería y Director de Logística del Estado Mayor, entidad bajo ordenes del Presidente Constitucional de la República y que forma parte del Ministerio de Defensa Nacional. Al alto funcionario militar se le acusa de coordinar acciones delictivas con la terrible mara salvatrucha, grupo criminal que ha sembrado zozobra y muchas muertes en toda Centroamérica, pero principalmente en Guatemala.

 

El mandatario de la nación ha destituido a funcionarios de su Gobierno que conferencia de prensa, las conclusiones de una investigación que realizaron conjuntamente y que da como resultado el financiamiento ilícito, por parte de grandes empresarios, a la campaña política del actual Presidente de la República de Guatemala; violentando así lo preceptuado en la Ley de Partidos Políticos. Esta investigación se suma otra como lo es la presentada hace aproximadamente un año, en la cual se señala y se comprueba que el Presidente Morales recibió sobresueldos por parte del Ministerio de la Defensa Nacional por una cantidad de Q.50,000.00 mensuales durante 10 meses, a lo que denominaban “bono de responsabilidad”. En ese momento el ente investigador presenta una solicitud para que le sea retirada la inmunidad al mandatario, pero el Congreso de la República lo protege y da sin lugar dicha solicitud, quedando esto en la impunidad.

 

El Presidente Morales junto a la mayoría de Diputados del Congreso de la República ha tratado, desde hace varios meses, modificar el delito de financiamiento ilícito que se encuentra regulado en el Código Penal, para favorecer con castigos leves y pequeñas multas a quienes cometen dicho delito, el pueblo de Guatemala denomina a esta alianza “pacto de corruptos”.

 

El mandatario de la nación ha destituido a funcionarios de su Gobierno que cooperaban activamente en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esa no es la actitud de un líder que está llamado a mediar por la unidad nacional y que practica o apoya la transparencia en su Gobierno.

 

Así mismo, el Estado de Guatemala ha tratado de boicotear el actuar del Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, tratando de destituirlo y expulsarlo de su cargo como tal, esto por el sólo hecho de que el Procurador apoya la lucha contra la corrupción y a los ciudadanos que manifiestan en contra de todos los abusos cometidos por el presidente de la República, por sus funcionarios de Gobierno y por los Diputados del denominado “pacto de corruptos”.

 

Los últimos descubrimientos en contra del presidente (financiamiento ilícito de su campaña política, el tratar de modificar el Código Penal y el involucramiento de su coronel con la mara salvatrucha), causaron protestas por parte de los ciudadanos en la Plaza de la Constitución y en varias partes del país los días 21 y 24 de abril. Los ciudadanos que protestaban en su consigna exigen la inmediata renuncia del mandatario de la nación y de los diputados por abuso de poder, corrupción, financiamiento ilícito, la muerte de las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción y por su asociación con el crimen organizado. Esto refleja de que existen demasiados señalamientos de hechos delictivos en su contra. Es más que obvio que el actuar del mandatario violenta las leyes constitucionales y ordinarias del país, así como un conflicto de intereses personales en contra del actuar del Ministerio Público y de la CICIG.

 

No es viable que un presidente que ignora y denigra la función de un ente internacional como lo es la CICIG  y de la máxima institución de investigación en Guatemala, como lo es el Ministerio Público, siga ocupando el puesto que ostenta.

 

El presidente Morales junto con algunos de sus funcionarios de Gobierno, persigue, acosa y criminaliza a las personas que protestan en su contra de manera pacífica y ha tratado de impulsar leyes, en el Congreso de la República, que criminalizan y condenan con muchos años de cárcel a quienes expresan libremente su malestar hacía su gestión gubernamental.

 

Desde que Jimmy Morales asumió la presidencia de la República las protestas ciudadanas no han cesado. Pero se ha llegado al límite de utilizar gases lacrimógenos en contra de mujeres, ancianos y niños que manifiestan, como lo fue en la protesta ciudadana frente al Congreso de la República cuando los diputados trataron de modificar el Código Penal de Guatemala. Ahora intimida a los civiles que protestan de manera pacífica, enviando a agentes del Ministerio de Gobernación, uniformados o vestidos de civiles pero armados a tomar vídeos y fotos de las personas que hacen uso de su derecho constitucional de protestar.

 

Morales ha tratado de prohibir las protestas y esta semana dio pauta de querer imponer un estado de sitio. Estas actitudes del mandatario violan flagrantemente los derechos constitucionales de los ciudadanos guatemaltecos, así como tratados en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala, los mismos acuerdos de paz firmados en el año 1996 y el acuerdo firmado entre el Estado y la Organización de Naciones Unidas, sin importarle que la ONU ha invertido fondos económicos, tiempo, recurso humano y esfuerzos para hacer de Guatemala un país mejor, con un sistema de Gobierno transparente y democrático para la seguridad y la prosperidad de sus habitantes.

 

Es necesaria una investigación profunda y directa al presidente de la República de Guatemala, a su vicepresidente, a los funcionarios que forman parte de su gabinete de Gobierno y a los Diputados del Congreso la República ya que, todos estos representan un obstáculo para la lucha contra la corrupción en el país.

 

Hacemos esta petición formal a la Organización de Naciones Unidas para que se tomen cartas en el asunto de manera inmediata. La seguridad y la garantía de nuestros derechos humanos está en riesgo. Necesitamos apoyo de las organizaciones internacionales y que se aplique el derecho internacional.

 

 

 

 

 

 



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