El 15 de enero de 1919, durante el Gobierno del Presidente José Pardo; el movimiento sindical peruano - logró después de muchos años de lucha y en un contexto de profundas desigualdades e injusticias sociales  - conquistar para sí mismo y para las generaciones venideras, la jornada de las ochos horas diarias de trabajo y el derecho al descanso dominical pagado, De esta forma nacía la jornada semanal de trabajo de 48 horas, que fuera recogida en la Constitución de 1993, en su artículo 25º.

En la actualidad la transformación constante de la economía, los medios de producción, la contaminación, así como el crecimiento desordenado de las ciudades, han conllevado a que los/as trabajadores/as deban dedicar alrededor de 11 a 12 horas diarias para el cumplimiento de su jornada de trabajo; afectando sus vidas, salud, y hogares. Hoy millones de trabajadores y trabajadoras no disponen de tiempo suficiente para descansar y compartir con sus familias. Menos aún disponen de tiempo para capacitarse en los nuevos desafíos laborales que implican la Cuarta Revolución Industrial o Revolución 4.0  que está basada en inteligencia artificial, automatización y digitalización de las actividades económicas, y amenaza con destruir millones de empleos en el mundo. Los trabajadores y trabajadoras de nuestro país se encuentran vulnerables al cambio tecnológico ya que el 67.9% de la PEA OCUPADA de nuestro país NO CUENTA CON NINGUN TIPO DE ESTUDIOS SUPERIORES, es decir 2 de cada 3 trabajadores ocupados no tienen ningún tipo de estudios de formación profesional (universitaria y no universitaria), según las propias Estadísticas de Empleo 2020 del Ministerio de Trabajo. A ello se suma el hecho que la brecha digital, afecta a más de 10 millones de peruanos que no tienen ningún tipo de acceso al internet.

Por ello en salvaguarda de nuestras familias, salud y empleabilidad, es imperativo que los/as trabajadores/as unidos y movilizados vayamos hacia LA CONQUISTA DE LA JORNADA SEMANAL DE TRABAJO DE 40 HORAS, mediante la REFORMA CONSTITUCIONAL DEL ARTÍCULO 25, responsabilidad que recae en el Congreso de La República.  entidad representada, por la Dra. María del Carmen Alva Prieto, en su calidad de Presidenta. 

Ayúdanos firmando y compartiendo esta petición para llegar hasta nuestras autoridades.