Retiren los nuevos criterios de acreditación para el profesorado universitario

           Las condiciones laborales en las que el profesorado universitario en España viene desarrollando su labor no han dejado de deteriorarse progresivamente desde hace años. La crisis económica ha supuesto un aumento espectacular de la precarización en la contratación de profesorado, pudiendo encontrar a profesores y profesoras que imparten docencia a tiempo completo, y además desarrollan labores investigadoras, por algo menos de 1000 euros al mes. La situación de los profesores asociados a tiempo parcial, que por unos pocos cientos de euros se dejan la piel en las aulas, ha llegado incluso a los tribunales. La crisis ha golpeado también duramente a los jóvenes investigadores que apenas encuentran posibilidades de desarrollar su carrera, su vocación y su talento, en España. A todo esto hay que sumar la drástica reducción en los presupuestos dedicados a investigación y proyectos en las universidades públicas durante los últimos años.

           Sumidos en este panorama, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), organismo público encargado, entre otras cosas, de acreditar al profesorado universitario en nuestro país, publicaba recientemente los criterios para obtener la nueva acreditación que permite el acceso a las figuras de profesorado funcionario (profesor titular o catedrático de universidad). Es importante recordar, que dentro de la administración pública, el profesorado universitario es prácticamente la única figura funcionarial que precisa, no sólo superar una oposición para obtener su plaza, sino además pasar un "filtro de calidad" previo con unos requisitos bastante exigentes, la denominada acreditación, que establecen quien puede y quien no puede, posteriormente, presentarse a una oposición y optar a una plaza. Por lo tanto, esta acreditación, debería servir en todo caso para garantizar unos mínimos exigibles para cualquier persona que crea que está en condiciones de optar a una plaza de profesor o profesora titular o catedrática.

        Sin embargo, a mediados de noviembre, y tras casi un año con el sistema de acreditación cerrado y sin admitir solicitudes, la ANECA publicó los nuevos criterios para obtener la acreditación, más específicos según las áreas de conocimiento, que han supuesto un escándalo, y han creado una enorme indignación entre la mayor parte del profesorado universitario, debido a su enorme dureza e incluso irracionalidad en algunos casos, por los méritos que se exigen en buena parte de las áreas para alcanzar la acreditación. Estos nuevos criterios suponen truncar la carrera académica de buena parte del actual profesorado laboral, y de los jóvenes investigadores, sus posibilidades de promoción o de acceder o progresar en la Universidad. Es un cambio radical en las "reglas del juego" a mitad del partido. Todo ello en un contexto en el cual, cada vez se hace más complicado investigar debido a la falta de fondos, y desarrollar una labor docente de calidad, debido a la saturación de horas docentes y en muchos casos a las aulas masificadas. En cualquier caso, el mensaje que lanza el nuevo sistema de acreditación a las nuevas generaciones de profesorado es meridianamente claro: abandonen en todo lo posible su labor docente para centrarse en conseguir los durísimos méritos investigadores que les exigimos para optar a la acreditación. Esto sin duda hará que se resienta a corto plazo la calidad de la docencia, y por lo tanto, de la formación que reciben los estudiantes en las universidades de nuestro país.

         Por todo lo anterior, le pedimos a la ANECA, al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y a la Secretaría General de Universidades, que reconsideren su actuación, retiren los nuevos criterios de acreditación, establezcan un proceso de diálogo y negociación con los colectivos afectados para la revisión y publicación de unos nuevos criterios más razonables, coherentes y al alcance de cualquier profesor o profesora o investigador que desarrolle con dignidad y de forma satisfactoria su labor docente e investigadora. Es de justicia por el bien y el futuro de la universidad en España, y por la formación de las futuras generaciones de estudiantes e investigadores.

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