CONSTRUIR UN GRAN ACUERDO NACIONAL PARA TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN

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Los abajo firmantes, investigadores educativos, docentes y especialistas en Educación, preocupados por la necesidad de construir un acuerdo nacional y contar con una política de Estado que recupere el proceso cultural de la educación para los mexicanos y garantice procesos de formación para el bienestar y transformación de las condiciones de vida de la población, nos permitimos manifestar que:

La Reforma Educativa del pacto por México infringió un daño estructural a la educación en el país. En su empecinamiento por sostener una política “educativa” empresarial neoliberal sometió a la escuela: estudiantes y docentes, a un profundo estrés antagónico al clima que es necesario y fundamental para el desarrollo de las
tareas de formación y educación de niñas, niños y jóvenes. El efecto más devastador ha sido el de mercantilizar las prácticas educativas sujetándose a la clasificación para la obtención del estímulo, generando una competencia entre los profesores, así como desigualdades significativas y por otro lado el de delinear los planes y programas, así como los diferentes procesos educativos a partir de evaluaciones dirigidas a
establecer la supuesta calidad y competitividad, en ambos casos contribuyendo al despojo cultural.

Las pérdidas que hoy lamentamos han sido trascendentes. La mencionada Reforma ubicó en un terreno de excepción al magisterio nacional, al negarle el derecho de establecer sus relaciones laborales como el resto de los trabajadores, a partir del artículo 123 constitucional y del apartado B. Los dejó en un vacío de incertidumbre, que prodigó jubilaciones anticipadas, despidos, suspensión de pagos, represión, cárcel, militarización y violencia para imponer la evaluación y una persecución mediática en un clima de cuestionamiento y de desvalorización social. Para superar esta fragilidad laboral se requiere colocar en las leyes de Educación, lo relativo a la Educación y en las leyes del trabajo, lo relativo al trabajo.

La Reforma Educativa de la Cuarta Transformación propuesta por el actual Ejecutivo, planteaba eliminar la evaluación punitiva y al INEE, y proponía la educación para el bienestar, gratuita y como derecho en todos los niveles.Sin embargo, en la Cámara de Diputados, los partidos del anterior Pacto por México la modificaron y ahora recobra con nuevos nombres gran parte de las realidades de la vieja reforma. Están ahí muchos de los conceptos que luego se tradujeron en persecutorias leyes secundarias.

Planteamos por tanto que es necesario dejar verdaderamente atrás la vieja reforma y hacer un nuevo planteamiento si en verdad se busca una transformación. Partir de niños y jóvenes y de la necesidad que tienen de nuevos y creativos espacios de libertad en el conocimiento. Para eso es indispensable revalorizar al docente, considerar a la educación como una profesión de Estado que busca fundamentalmente la pertinencia de la tarea educativa para el bienestar y desarrollo de todas y todos los educandos lo que pone en el horizonte la búsqueda de la equidad, la formación de niños y jóvenes con un pensamiento humanista, científico, crítico y emancipador, basado en la participación de todas y todos en un proceso de cooperación social para trabajar en la búsqueda de mejores condiciones de vida y desarrollo de la población. Es necesario recuperar la vastísima herencia educativa de este país y construir con las y los docentes, actores centrales de la educación, propuestas curriculares que ofrecen horizontes diversificados a jóvenes y niñas y niños, posibilidades de autonomía para asegurar la pertinencia local.

El cambio, el avance en los procesos educativos no puede ser sin las maestras y maestros porque son ellas y ellos quienes van a aterrizar en el aula proyectos educativos, que promuevan el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social, en un espacio de desarrollo de culturas, inclusivo, apoyado por la Educación Especial y la
investigación psicopedagógica; son ellas y ellos quienes tienen la necesidad de enfrentarse al panorama heterogéneo en la realidad nacional; quienes podrán enfrentar los índices de obesidad infantil con la Educación Física y el desarrollo de habilidades para el trabajo por la vía de la Educación Tecnológica; quienes
pueden promover el rescate de las lenguas indígenas no sólo para los hablantes, sino para los no hablantes que se nutren de ellas en el léxico nacional; quienes pueden formar en la conciencia de sus derechos a niñas, niños y jóvenes y desarrollar una cultura democrática y participativa, basada en el conocimiento de su región,
historia y país.

Pero, para estos grandes objetivos nacionales se requiere asegurar a los maestros y maestras un espacio de trabajo en el marco del Artículo 123 Constitucional que garantice, la permanencia, el retiro digno, la formación constante emanada de la evaluación de los proyectos educativos locales y de las condiciones y necesidades de sus estudiantes. Una evaluación que va de abajo hacia arriba, de las aulas y sus comunidades de madres y padres, de las escuelas y las zonas escolares apoyados por docentes experimentados y reconocidos y por educativos conocedores de los contextos locales.

Para lograr todo esto no se necesitan organismos externos a la escuela impregnados de una visión empresarial, centralista, consumista y protectora de intereses particulares enajenantes. Se necesitan centros locales de revaloración del magisterio, cercanos a la diversidad de realidades educativas para que puedan apoyar los procesos de evaluación y formación emprendidos por las escuelas. Tendrían también como tarea la revisión de la pertinencia regional de los contenidos, materiales y métodos educativos, la vigilancia para conservar infraestructura digna y adecuada,
así como la dotación de recursos necesarios para la dignificación de la escuela.

Todo lo anterior permite el reconocimiento del magisterio como agente primordial de la transformación social poniendo como objetivo central el pleno desarrollo de niñas, niños y jóvenes.
Para eso es necesario transformar a las normales. Se trata, de recuperar la gran herencia psicopedagógica, con un gran movimiento de cooperación social para enriquecer la formación de docentes, adjudicando presupuestos dignos para que las Normales puedan llevar a cabo su labor de manera integral. Esto podrá garantizar una sólida formación por parte del Estado para las y los maestros formados en las Normales y ofrecer el acceso directo a espacios de trabajo en las escuelas de los diversos niveles de Educación Básica como reconocimiento a una labor integral de formación profesional. Es decir, el Estado forma y el Estado integra a las aulas.

Todo lo anterior implica reconocer que la educación es un área prioritaria de la política pública y de inversión federal y estatal sustantiva (12% del PIB) como garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para una vida digna para todos. Desde el fondo del país, proponemos una profunda transformación de la educación para los niños y jóvenes y sus comunidades.

Nunca más una reforma educativa sin el magisterio, sin las y los estudiantes, investigadores, madres y padres; sólo en el diálogo podrá construirse la educación que necesitamos las y los mexicanos. El poder Legislativo debe realizar su tarea, recuperando las demandas del magisterio y generar los consensos necesarios mediante el diálogo democrático.


Dra. Teresita Garduño Rubio Instituto de Investigaciones Pedagógicas

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