• En Tlaxcala se reprime la exigencia social por el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
• Continúan prácticas de omisión y simulación para atender las violencias contra mujeres y niñas.

Los hechos ocurridos contra las mujeres que nos manifestamos este 8 de marzo, provenientes del gobierno del estado, sin lugar a dudas fueron actos de violencia, represión e intimidación, así como daños psicológicos contra las niñas y mujeres que se encontraron en ese espacio; sin embargo, ninguna de las instituciones responsables de proteger los derechos humanos, así como de periodistas y defensoras/es de derechos humanos han dado cuenta de la brutalidad usada por policías y granaderos, ocultando la gravedad que representa el actuar del gobierno contra las exigencias de las mujeres a las problemáticas que siguen sin resolverse y en la impunidad, manteniendo una grave tolerancia de la violencia contra las mujeres y niñas del estado.

Redes sociales de activistas, ciudadanía en general y medios de comunicación transmitieron en vivo las acciones implementadas por las autoridades, quienes agredieron a las mujeres con gases lacrimógenos, piedras, amenazas, e incluso les escupieron; agrediendo también a mujeres periodistas que se encontraban documentando los hechos y destruyendo parte de sus pertenencias y artículos de trabajo.

El doble discurso utilizado por la Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros que expresara días antes del 8 de marzo, donde pedía a las mujeres que tengamos confianza en ella; sin embargo, ella no demostró confianza en las mujeres de Tlaxcala al criminalizar la marcha y emplayar los edificios del centro; ordenando intimidaciones y detenciones arbitrarias ejecutadas sin protocolo ni fundamento por mujeres policías vestidas de civiles, quienes se encontraban entre las mujeres que marchamos y fueron quienes detuvieron a una compañera, llevándola de forma disimulada por medio de empujones, acorralándola y subiéndola a una ambulancia, la cual funcionó como patrulla, pues la dirigieron ante autoridades del Ministerio Público; sin que su familia supiera en dónde se encontraba realmente y sin permitirle a ella realizar una llamada conforme a su derecho, y como obligación del Estado garantizar su seguridad, por lo que el gobierno incurrió en graves violaciones a derechos humanos y una desaparición temporal.

Las prácticas llevadas a cabo, de ninguna manera fueron una “respuesta” a las acciones de manifestación de las mujeres que asistimos a la marcha y de las acciones de los bloques negros, sino que fueron coordinadas de forma anticipada, ya que al momento de que las mujeres llegáramos al Palacio de Gobierno, de forma inmediata grupos de granaderos se movilizaron para cerrar las salidas y comenzar a lanzar los gases lacrimógenos.

El gobierno miente

Al siguiente día, las autoridades estatales declararon ante medios de comunicación que no había existido violencia en el actuar de los grupos policiacos contra las mujeres, niñas y niños asistentes a la marcha, declarando que los policías actuaron bajo protocolos, sin portar armas; sin embargo, el uso de diversos artefactos como armas para violentar directamente a las mujeres como fueron, piedras, gases lacrimógenos, extintores, incluso escupieron, son muestra de la brutalidad y exceso de la fuerza utilizada sin distinción contra las mujeres, niñas y niños presentes.

Además de hacer que trabajadoras y trabajadores del gobierno limpiaran y desaparecieran de forma inmediata las evidencias de lo ocurrido, mientras vandalizaban y criminalizaban la marcha con sus declaraciones.

Es inaceptable el señalamiento directo a estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala como las responsables de pintas y otras acciones realizadas, generando un discurso de odio en contra de las universitarias organizadas, quienes, apoyadas por ex alumnas, feministas y mujeres tlaxcaltecas, han señalado las violencias que se ejercen contra las estudiantes de las diversas facultades y otras universidades del estado, así como las desigualdades de género que dentro de este ámbito se siguen practicando contra estudiantes, académicas y trabajadoras de estos espacios por lo que reprobamos los señalamientos en contra de las que se manifestaron durante la marcha.

Es importante mencionar que en Tlaxcala existe presencia de bloques negros, que se han ido conformado por mujeres de diversas edades y espacios que han tomado la decisión de realizar iconoclasia, ya que las exigencias de las tlaxcaltecas no han sido escuchadas por ninguna administración; porque las formas que las organizaciones y colectivos feministas hemos llevado a cabo durante décadas, exigiendo la garantía de nuestros derechos y colocando los contextos de violencias y riesgos para las mujeres parecen pasar totalmente desapercibidas para las instituciones y para la sociedad.

Invisibilizar estas expresiones de mujeres que se sienten desesperadas, desesperanzadas, con rabia o ignoradas para acceder a la justicia, por la omisión que ha persistido ante los feminicidios, la violencia familiar, violencia sexual, desapariciones, violencia comunitaria, o la obstaculización en sus procesos de investigación, sólo lleva a negar los niveles de impunidad que prevalecen cuando se trata de delitos contra las mujeres; por lo que no podemos desdeñar, ni invalidar estas formas de organización de las mujeres y del movimiento feminista en nuestro estado, porque tienen un fin, no es “vandalismo” como lo quieren presentar socialmente las autoridades y algunos medios locales, generando desinformación sobre los bloques negros y promoviendo discursos de odio, estigmatización, violencias o divisiones de las mujeres.

Sin embargo, las declaraciones que se han dado por autoridades estatales de un grupo de mujeres provenientes de otro estado y que intentaron pasarse la caseta de pago a su entrada a Tlaxcala y que no hayan realizado algún comunicado para prevenir cualquier riesgo a la ciudadanía resulta grave, pues no hay evidencias de lo dicho; además de que se ha hablado de ser más bien un grupo de choque por parte del mismo gobierno.

Resulta bastante grave y preocupante que una administración, gobernada por una mujer siga las prácticas de simulación y omisión, y dé paso a una política de violencia, represión y censura contra las mujeres, activistas, feministas y defensoras de los derechos de las mujeres; que haga uso de su poder para justificar y normalizar la brutalidad con la que actuaron policías y granaderos, además, vestidas de civil durante sus funciones.

Desconocemos la reunión previa que declaran haber tenido con sociedad civil y colectivas previo a la marcha, por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues ninguna de las aquí firmantes fuimos convocadas para tal acción por ninguna institución. Además de que su presencia no estuvo acompañada de algún protocolo o mecanismos para documentar las violaciones a derechos humanos, ya que, a la fecha, no han emitido ningún informe como resultado de haber desplegado a más de 30 integrantes de esta instancia autónoma; por el contrario, sólo emitió un pequeño comunicado que no da cuenta de estas agresiones y una declaración en la que refiere que aún no determinan si hubo o no brutalidad o exceso de la fuerza de policías y granaderos. 

Así mismo, durante el mes de marzo, han persistido prácticas de represión y censura contra las mujeres, pues durante el desarrollo del Tour Mundial de Voleibol de Playa no permitieron ningún tipo de protestas públicas, activando al cuerpo policiaco para detenerlas, intimidarlas e impedir el paso libre a las mujeres; implementando acciones violatorias a derechos humanos como la revisión de bolsas y mochilas principalmente a las mujeres, ya que con muy pocos hombres lo hicieron, impidieron el paso a una mujer que llevaba un pañuelo verde, retiraron de forma inmediata mantas colocadas por algunas mujeres en algunos puntos de la ciudad e incluso retiraron a uña mujeres que en medio de un partido sacó una consigna para exigir justicia por la violencia en otro estado del país. 

Durante estas semanas han persistido notas en medios electrónicos locales que han criminalizado estas acciones de las mujeres, siendo muy pocas aquellas que abonan al análisis de estas prácticas y en visibilizar las diversas formas de violencia contra las mujeres que vivimos las mujeres. Contribuyendo a la invisibilización y minimización de la grave situación que persiste en el estado.

Finalmente rechazamos totalmente las acciones discrecionales e informales que se han iniciado desde el Ejecutivo, para convocar a algunas organizaciones y colectivas sin ninguna agenda de trabajo, toda vez que no es amplia y no tiene el interés de recoger TODAS las demandas y necesidades de las mujeres tlaxcaltecas, sobrevivientes de violencia y familias de víctimas de la violencia feminicida; sino, permanecer con las mismas prácticas de simulación. Pues se mantiene un discurso con las mismas promesas de acciones a implementar que ya están instaladas y que no se cumplen, promesas sin fondo y sin enfoque feminista; tomando como bandera la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres, decretada desde agosto de 2021, pues por un lado, al ser una política de emergencia y dirigida muy específicamente a ciertos tipos de violencia, no responde a todas las condiciones de desigualdad y violencia contra las mujeres, y por otro, insistimos que no se cuenta con indicadores de seguimiento ni de cumplimiento, lo que impide la medición de impactos y sólo se convierte en un check list que no ayudan a modificar de fondo las condiciones de vida de las mujeres ni la falta de implementación efectiva de estas acciones, así como las prácticas machistas y de omisión del funcionariado público.

Ante estas formas de violencia institucional, exigimos a las instituciones del estado:

1. Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos rinda un Informe público sobre cuáles fueron los mecanismos de documentación y registro durante la presencia de más de 30 integrantes de su personal durante la marcha; así como los protocolos disponibles para actuar ante casos de agresiones contra las mujeres y periodistas asistentes a la marcha por parte de autoridades de seguridad.

2. A la Oficina de Atención a Periodistas y Defensores/as de Derechos Humanos en Tlaxcala, informe sobre cuáles son los mecanismos disponibles para atender las agresiones contra periodistas y defensoras de derechos humanos, violentadas por policías y granaderos durante la marcha.

3.  Que la Oficina de Atención a Periodistas y Defensoras/es de Derechos Humanos presente su Plan de Trabajo para garantizar el pleno goce de nuestros derechos a quienes pertenecemos a estos grupos en condiciones de seguridad.

4.   Exigimos que mujeres y hombres policías en cualquier movilización porten su uniforme y con la debida identificación, no queremos mujeres infiltradas en nuestras acciones para reprimir, distorsionar o manipular el movimiento feminista.

5.  Que el gobierno del Estado detenga los discursos de odio contra las mujeres y nuestras formas de expresarnos, pues la violencia cobra vidas de mujeres y niñas todos los días; la iconoclasia no ha dañado a nadie, es una expresión para dar cuenta de los desacuerdos por el actuar omiso y de simulación por parte del Estado, generando otras formas de violencia contra las mujeres desde los espacios virtuales y colocándonos en riesgo.

6.  Que el gobierno detenga las prácticas de represión contra las mujeres que exigimos el acceso a todos nuestros derechos, y que garantice la seguridad de todas las mujeres y defensoras de los derechos humanos.

7.  Que se integren mecanismos de interlocución de manera formal, oficial y exhaustiva con mujeres, colectivas y sociedad civil, para atender de forma efectiva las exigencias y necesidades de las tlaxcaltecas y no sean acciones de manera discrecional, sin un objetivo claro que no tiene alcance a todas las expresiones y demandas de las mujeres.

8.  Que el gobierno adquiera una política de estado integral para atender las demandas de las sobrevivientes de violencia y las familias de víctimas de violencia feminicida; así como de las condiciones de desigualdad y violencia contra las mujeres, y no permanezcan éstas como problemáticas secundarias o ausentes en los planes de trabajo estatal y municipales.

A los medios de comunicación: 

• Que su participación a las marchas, concentraciones y movilizaciones feministas, solo asistan compañeras mujeres. 
• 
  Que las notas y titulares dejen de demeritar, desinformar y criminalizar la lucha feminista.

A la sociedad en general:

• Que no miren a otro lado, pues a las mujeres de Tlaxcala nos violentan en todos los espacios, nos desaparecen, nos violan, nos matan todos los días. 
• 
  Que se detenga la criminalización de las luchas feministas y contra todas las mujeres del estado que pedimos un alto a estas violencias y la exigencia a las autoridades que están obligadas de atender de manera efectiva estas realidades.

El objetivo del Estado por medio de estas represiones y violencias ha sido intentar callar las demandas del movimiento feminista, de las mujeres del estado, pues siguen siendo deudas que el gobierno no quiere responder, seguir minimizando nuestras problemáticas y dividir a las mujeres.