Guatemala necesita a la CICIG, ahora más que nunca

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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se inició en 2006, a petición de un grupo de guatemaltecos.

 En el país hay niños que mueren de hambre; enfermos que mueren por falta de medicamentos. La mayoría del pueblo padece pobreza, pobreza extrema, desnutrición, inseguridad, carece de educación, vivienda y agua potable. El 95% del agua de los ríos está contaminada. Hacen falta escuelas, hospitales, parques, centros deportivos, bibliotecas, transporte público, caminos y carreteras. La falta de desarrollo empuja a hombres mujeres y niños, hacia la migración que también cobra vidas, tragedia humana que facilita la trata de personas. Un reflejo dramático son las más de 10 mil niñas madres, menores de 15 años, cuyo número crece diariamente.

La comunidad internacional ha aportado a la CICIG, US$167 millones 3 mil 243.42, que van a un fondo administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para garantizar la transparencia. Además, contribuye con personal especializado en investigación criminal para fortalecer al sector de la Justicia .  Bajo la dirección del comisionado Iván Velásquez, la CICIG ha demostrado que la impunidad puede ser derrotada construyendo las bases de confianza en el Ministerio Público para juzgar a los poderosos y procesar a narcotraficantes, exmilitares, políticos corruptos, banqueros corruptos e incluso crímenes del pasado.

En 2017 la CICIG y el MP acusaron al presidente Jimmy Morales de financiamiento ilícito. Morales comenzó a boicotear a la Comisión. Por haber llevado ante la ley a dos de sus familiares cercanos, decidió ya no renovar el mandato de la CICIG. Ningún presidente tiene el derecho de debilitar a la justicia.  

Sin la CICIG, será muy difícil que Guatemala pueda mantener y fortalecer la eficacia de su sistema judicial y el compromiso de apoyar y consolidar el Estado de Derecho y la gobernabilidad responsable. Al acabar con la CICIG, el presidente Morales tira por la borda el avance en la justicia que con tanto esfuerzo y tanto dinero se ha logrado y deja al país en manos de corruptos, narcotraficantes y miembros del crimen organizado que están en el poder como lo prueban los recientes acontecimientos.   En nombre de los millones de guatemaltecos sin voz, que sufren, solicitamos su intervención ante el gobierno del presidente Jimmy Morales para que se extienda el mandato de la CICIG, en los términos que Naciones Unidas estime convenientes.