Con el ASPO muchos emprendimientos, trabajadores independientes y pequeños comercios se vieron obligados a volcarse al comercio virtual para sostener sus negocios.  Durante estos meses de cuarentena las plataformas digitales fueron el motor para mantener en pie a miles de negocios locales y profesionales que de otra forma no hubiesen podido generar ingresos.  Desde enero de 2019 venimos batallando con las tarjetas de crédito y los bancos, que cobran 30% de impuesto PAIS sobre servicios digitales cuando deberían cobrar el 8%. Algunos son reintegrados luego del reclamo, pero la mayoría son rechazados por parte de los bancos, mientras que la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor tampoco intercede. La legislación no es clara, y en esa pelea salimos perdiendo. El 16 de septiembre entró en vigencia una nueva medida regresiva que afecta y perjudica a trabajadores independientes, emprendedores y pequeños comercios: al 30% de impuesto PAIS, se le suma una nueva percepción del 35% para compras en dólares con tarjeta de crédito y débito. Esta nueva alícuota impacta en la contratación de servicios y plataformas digitales y, al no contar con alternativas nacionales para este tipo de servicios, pone en jaque la viabilidad de muchas fuentes de trabajo. El ecosistema emprendedor, los trabajadores independientes y los pequeños comerciantes somos sostén de familias y necesitamos que se revea la medida que grava a Facebook, Google y tantas otras plataformas virtuales que, en este contexto de aislamiento, son herramientas indispensables para que podamos seguir trabajando.  Por lo tanto, exigimos: la exención inmediata de la alícuota del 35% para servicios digitales de las plataformas Facebook y Google, y todas las aplicaciones cuyo fin sea la de gestión y desarrollo de una actividad comercial digital.  También exigimos que se aplique la ley  y que los bancos respeten el 8% de Impuesto País. Desde enero a esta parte, los emprendedores nos hemos endeudado con un 22% de un impuesto que no nos corresponde. Exigimos que el trámite para la devolución sea ágil. Exigimos que desde el Gobierno obliguen a los bancos a darnos la información pertinente, y claros canales de comunicación para recibir los reintegros. Este incremento del 65% impactará de manera profunda en todo el ecosistema emprendedor, desde el pequeño monotributista hasta la pyme. Es por eso que exigimos una reforma.  Repetimos, no es “dólar ahorro”, no somos especuladores: necesitamos invertir en estas herramientas digitales para seguir sosteniendo nuestras fuentes de ingresos.