¡Que vuelvan las clases a la secundaria!

0 persona firmaron. ¡Ayudá a conseguir 1,000!


Hace ya unos cuantos días que varios miles de jóvenes estudiantes se ven impedidos de asistir a clases, rendir exámenes y realizar lo que habitualmente hacen: interactuar con sus pares y los docentes en el proceso educativo.

Quienes se lo impiden son, paradójicamente, sus pares. Pero no miles de ellos, sino un puñado que –fundándose en una muy cuestionable representación- se arroga la facultad de vulnerar un derecho constitucional, nada menos. Es, además, una demostración de falta de solidaridad para los compañeros que corren riesgo de quedarse libres o no poder mejorar sus calificaciones.

La “toma” de las escuelas públicas no es una situación de derecho. Es de hecho (de facto). La presencia física de los individuos que “toman” el establecimiento público opera literalmente como una barrera para que quienes tienen derecho a ingresar y aprender (o enseñar, los docentes) no puedan hacerlo. Los edificios públicos quedan “sitiados”.

Como todo recurso de facto, el sitio de los colegios confronta a la gente porque la lleva al borde mismo de la tolerancia. Quienes quieren ingresar a ejercer sus legítimos derechos se ven expuestos a una disyuntiva de hierro: o entran por la fuerza o reculan mansamente. Y no es que no existan formas de manifestar posiciones políticas: en el sistema democrático cotidianamente somos testigos de marchas, manifestaciones, “sentadas”, solicitadas, actos públicos, etc.

Las escuelas públicas son inmuebles del Estado con una función concreta, específica, cual es permitir que se produzca en su ámbito el fenómeno de la enseñanza, cumpliendo así con la letra y el espíritu de la Constitución Nacional. Es tan ilícito y dañino tomar un colegio como un hospital. No hay ninguna razón que justifique la más provocadora de las medidas de fuerza, que no se admitiría ni siquiera por parte de trabajadores adultos en conflictos laborales.

Como todo proyecto del Estado, la educación pública es dirigida por autoridades. Algunas de ellas son designadas en función de la política general del gobierno actuante y otras a través de concursos públicos. Sus funciones son variadas y hasta distintas. Sin embargo, en la base misma de la existencia de esos cargos reside el objetivo principal de todas ellas: hacer que se cumpla con el derecho-obligación de la educación de los habitantes.

Curiosamente, esta situación de facto no ha levantado muchos comentarios. Ha sido una noticia más en los diarios y programas de TV. La tragedia educativa argentina ha quedado una vez más patentizada en esta raquítica reacción de la opinión pública.

Sería deseable que los máximos responsables de la educación tomaran una participación activa en el asunto. Ellos son los ministros nacionales y locales, los rectores de la Universidad de Buenos Aires y de los colegios que de ella dependen, los especialistas en ciencias de la educación, las ONG dedicadas al proceso educativo, etc. Cada uno desde su ángulo debería interiorizarse de los sucesos ocurridos recientemente, promover cambios, llamar a debates y jornadas de reflexión grupales, en fin, consensuar reglas o reformas de programas (enseñar más la Constitución, por caso) para que, a futuro, las tomas sean cosa de un pasado crispado de la Argentina.

Hay tantos temas importantes que nuestra sociedad tiene que resolver que es poco probable que lo pueda hacer si mantenemos estas profundas fracturas de pensamiento. La irritación permanente del otro tiene que acabar. Tenemos que esforzarnos en conseguir consensos, sin duda; pero no condicionados por medidas de fuerza, situaciones de facto que oprimen derechos de otros. Los edificios públicos deben ser liberados, dejar de estar sitiados, inmediatamente. El Estado de Derecho no consiste en la ausencia de conflictos, sino en la posibilidad de procesarlos a la luz pública mediante reglas que permiten el debate y que prevén métodos de toma de decisiones que excluyen las vías de hecho.

El sabor amargo que deja esta experiencia, la segunda en el mismo año lectivo, sumado a la pasividad de las autoridades responsables, generan una desazón muy nociva para una sociedad en la que la mayoría quiere mejorar, superarse. Mientras esa mayoría se mantenga en silencio, las minorías activas seguirán imponiendo, por la fuerza, las ideas que no logran imponer por los votos.



Hoy: Grupo de Padres cuenta con tu ayuda

Grupo de Padres necesita tu ayuda con esta petición «Alejandro Finocchiaro: ¡Que vuelvan las clases a la secundaria!». Unite a Grupo de Padres y 700 personas que firmaron hoy.