Esta normativa legal supone un menoscabo para el personal publico sin que conlleve mejora alguna para los ciudadanos, incrementa el paro, merma la calidad de los servicios prestados, afecta a la adaptación de la jornada a la vida familiar e incrementar el bunout en el empleado publico.

Además, es un medio económicamente diseñado tan solo para evitar la contratación del personal necesario y que facilite la incorporación paulatina del personal nuevo al servicio del Estado y de sus organismos dependientes.

En el caso de la SANIDAD Y LA DOCENCIA, ello es especialmente lesivo al ser unas de las profesiones más valoradas por el ciudadano y de las que más se fundamenta en la vocación.

Un aumento de la jornada laboral no conlleva un incremento en la CALIDAD ASISTENCIAL, más bien todo lo contrario.