No a la legalización del despojo cultural y a la violación de los derechos indígenas

No a la legalización del despojo cultural y a la violación de los derechos indígenas

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Rocío Becerra lanzó esta petición dirigida para Al Senador Ricardo Monreal y

La iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley para la Protección de los Derechos Colectivos de Propiedad de los Pueblos y Comunidades Indígenas sobre sus Conocimientos y Expresiones Culturales Tradicionales propuesta por el Senador Ricardo Monreal y la iniciativa de Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos presentada por la Sen. Susana Harp  violan los derechos de Consulta, Libre, Previa e Informada establecida en el Convenio 169 de la OIT y otras normativas internacionales en materia indígena  ya que no se han realizado la consulta conforme a los estándares internacionales y el marco jurídico nacional, así mismo violan los derechos culturales, los derechos sobre los conocimientos tradicionales, expresiones culturales, patrimonio, propiedad intelectual y autonomía   protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La iniciativa del Senador Monreal carece de certeza jurídica ya que no hay claridad para diferenciar conocimientos tradicionales, expresiones culturales, patrimonio cultural y propiedad intelectual. De acuerdo con la Constitución y los convenios internacionales la personalidad jurídica para ejercer los derechos colectivos es de los pueblos y comunidades indígenas, no de municipios e individuos indígenas, regular como se establece en la iniciativa viola el derecho de autonomía de los pueblos y comunidades a organizarse como ellos decidan en la protección, conservación y defensa de sus derechos colectivos. La iniciativa también viola los derechos a mantener, proteger y desarrollar sus conocimientos, expresiones, patrimonio y los elementos de su cultura y el derecho que tienen los pueblos y comunidades a la restitución de aquellos conocimientos y expresiones que estén en el dominio público sin su consentimiento. Por otro lado, se deja a interpretación cuándo se pierde “la asociación distintiva” del pueblo con sus conocimientos tradicionales, por lo que se “convierte en conocimiento genérico” es decir de dominio público. Esta incertidumbre jurídica sólo refuerza las violaciones actuales que tienen los pueblos y comunidades sobre sus conocimientos que están en el dominio público. La iniciativa no contiene sanciones ni infracciones, distribución de competencias ni procedimientos administrativos, esto además de ser violatorio de los derechos de los pueblos indígenas y los ciudadanos en general hace que la iniciativa sea ineficaz para proteger los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y para combatir la apropiación ilegal de los elementos culturales.

La iniciativa de la Senadora Susana Harp por su parte desde el objetivo de la ley es difuso porque maneja el concepto de salvaguarda que está más relacionado con principios, directrices, políticas públicas que con normas de protección. No se regula el consentimiento, libre, previo, informado y culturalmente adecuado conforme a los tratados internacionales. Viola el derecho de autonomía y representación al otorgar personalidad jurídica a personas distintas a las comunidades y pueblos indígenas respecto a los derechos colectivos. Hay confusión de términos como conocimiento tradicional, expresiones culturales, patrimonio cultural, propiedad intelectual. Viola los derechos a  mantener, proteger y desarrollar sus conocimientos, expresiones, patrimonio y los elementos de su cultura y también viola el derecho que tienen los pueblos y comunidades a la restitución de aquéllos que estén en el dominio público sin su consentimiento, porque no se respetan sus derechos y se le otorga plena autonomía al INAH para “ la determinación metodológica de la creación, gestión, integración, mantenimiento y actualización” del inventario del patrimonio cultural inmaterial. El título de infracciones, delitos, competencias y sanciones es violatorio de los derechos humanos porque no se establece delitos ni autoridad competente, solo sanciones y no hay procedimientos claros de la solución alternativa de conflictos, las infracciones y los delitos.

Por lo antes expuesto y en cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, El Convenio 168 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes, el Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, la declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y ortos tratados internacionales, respetuosamente exigimos a los legisladores y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

1.       Qué la iniciativa que se impulse se someta a consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada y que garantice los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas a sus conocimientos tradicionales, expresiones culturales, patrimonio cultural, propiedad intelectual y todos los elementos de sus derechos culturales. Se haga con las autoridades o representantes que nombren los pueblos o comunidades indígenas.

2.      Qué la iniciativa garantice los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, especialmente sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos sobre sus conocimientos, expresiones, patrimonio cultural, propiedad intelectual y demás elementos de sus derechos culturales.

3.      Antes de someterla a consulta la iniciativa, ésta tenga claridad en la materia a proteger, existan procedimientos administrativos claros, autoridades competentes bien definidas de acuerdo a sus competencias legales y sanciones e infracciones por incumplimiento

4.      Qué la metodología para realizar la consulta se haga clara, comprensible y en la lengua y las preguntas den como resultado la protección de los derechos colectivos y no una lluvia de ideas como suelen hacerse con consultas simuladas

5.      Qué en la iniciativa efectivamente existan mecanismos de prevención y sanciones contra el plagio, la deformación y el uso indebido de conocimientos, expresiones, patrimonio cultural y propiedad intelectual colectiva.

Estamos seguros de la necesidad de una legislación,  pero que cumpla con los derechos indígenas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales 

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