Jaime Antonio Pérez y Tulia Ines Correa son mis padres, dos adultos mayores de 91 y 90 años de edad respectivamente, pensionados, residentes en el municipio de Zipaquirá y cotizantes a la EPS SANITAS.  Los días martes 30 y miércoles 31 de marzo de 2021 fueron ingresados de urgencia al Hospital Regional Universitario La Samaritana en el municipio de Zipaquirá por presentar síntomas de pérdida de consciencia, problemas cardíacos e infección.  

El día 02 de abril la EPS SANITAS nos informó que debían ser trasladados a Bogotá ya que la EPS no tiene convenio en el municipio de Zipaquirá para hospitalizaciones, ese mismo día mediante una carta nos opusimos al traslado. El 03 de Abril recibimos una notificación de la EPS SANITAS informando que a partir del 02 de abril todos los gastos causados por la hospitalización correrían por cuenta de mis padres o por cuenta de nosotros, sus familiares.

Redactamos una queja ante la Superintendencia de Salud, donde nos informaron que en 5 días hábiles la EPS debía darnos una nueva respuesta, esto descontando el jueves y el viernes santo por ser días “no laborales”. Aunque la salud de adultos mayores con discapacidades motrices altas como mis padres, debería tener una atención preferencial, ágil y oportuna, su derecho a la salud suele ser vulnerado por las EPS y en este caso específico por SANITAS. 

Solicitamos a la Superintendencia Nacional de Salud que le exija a la EPS SANITAS garantías de atención especial a mis padres en en el Hospital Regional Universitario La Samaritana de Zipaquirá, lugar donde residen hace más de 20 años con su familia cercana y cuentan con todos los servicios para una óptima atención. Recordamos atentamente que por los riesgos asociados a su condición y la pandemia ¡su traslado no es la solución! 

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