Petición cerrada

AERONÁUTICA CIVIL: SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE PROFESIONALES VINCULADOS COMO AUXILIAR

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Bogotá, 15 de mayo de 2017

Doctor:

ALFREDO BOCANEGRA VARON

Director General

U.A.E.A.C.

ASUNTO: SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE PROFESIONALES VINCULADOS COMO AUXILIARES.

Respetado Director Alfredo Bocanegra:

En atención a la problemática que estamos viviendo desde hace muchos años en la Entidad, con relación a las vacantes que están ocupadas por servidores Profesionales, que a la fecha venimos ejerciendo funciones relacionadas con el ejercicio de nuestras profesiones, pero nombrados en cargos de auxiliar, donde claramente se nos está trasgrediendo los derechos de la Constitución Política de Colombia, relacionados a continuación tal como los cita la norma:

Artículo 1°. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. – Resaltado fuera del texto original.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. – Resaltado fuera del texto original.

La sentencia constitucional C-593/14 que a su vez señala -“La protección constitucional del trabajo, que involucra el ejercicio de la actividad productiva tanto del empresario como la del trabajador o del servidor público, no está circunscrita exclusivamente al derecho a acceder a un empleo sino que, por el contrario, es más amplia e incluye, entre otras, la facultad subjetiva para trabajar en condiciones dignas, para ejercer una labor conforme a los principios mínimos que rigen las relaciones laborales y a obtener la contraprestación acorde con la cantidad y calidad de la labor desempeñada”. Desde el Preámbulo de la Constitución, se enuncia como uno de los objetivos de la expedición de la Constitución de 1991, el asegurar a las personas la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Es decir, el trabajo es un principio fundante del Estado Social de Derecho. Es por ello que desde las primeras decisiones de la Corte Constitucional se ha considerado que “Cuando el Constituyente de 1991 decidió garantizar un orden político, económico y social justo e hizo del trabajo requisito indispensable del Estado, quiso significar con ello que la materia laboral, en sus diversas manifestaciones, no puede estar ausente en la construcción de la nueva legalidad”. Lo anterior implica entonces que dentro de la nueva concepción del Estado como Social de Derecho, debe entenderse la consagración constitucional del trabajo no sólo como factor básico de la organización social sino como principio axiológico de la Carta. El artículo 25 de la Constitución Política dispone que “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.” 

De igual manera la sentencia T-644/98 menciona –“La jurisprudencia de la Corte ha sido uniforme y reiterada, en el sentido de señalar que el derecho al trabajo debe desarrollarse en condiciones dignas y justas, como lo establece el artículo 25 de la Carta Política, lo cual se traduce, entre otros aspectos, en la verificación por la vía judicial o administrativa, según las competencias asignadas en la ley, acerca del cumplimiento por parte de los patronos públicos y privados de la normatividad que rige las relaciones laborales y de las garantías y derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores.”

Sobre el particular, encontramos un sin número de Sentencias Constitucionales que en esta materia ha emitido la Honorable Corte Constitucional de Colombia.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que en la Entidad se presentan las siguientes situaciones donde se evidencia, que:

·         Existe una brecha salarial bastante diferencial entre un servidor público con nombramiento profesional y un servidor público con nombramiento auxiliar siendo éste un funcionario con carrera profesional debidamente culminada y en muchos casos especializado.

·         Al aplicar los conocimientos obtenidos durante la vida profesional, los servidores públicos de la Entidad con nombramiento auxiliar, están en su derecho recibir remuneración salarial acorde con las funciones desempeñadas, en muchos casos un funcionario con nombramiento auxiliar con carrera profesional, se encuentra ejecutando funciones inclusive de un grado asesor, tal como sucede en las oficinas asesoras de la Entidad.

·         Existen servidores públicos que pese a su nombramiento como auxiliar y sin contar con ayuda económica por parte de la Entidad por ser de nombramiento provisional, han decidido incrementar su nivel intelectual, fortaleciendo sus conocimientos en una Universidad, sin que eso sea tenido en cuenta a la hora de reconocer el incremento salarial.

·         Como principio fundamental en la equidad de género, de las mujeres de la Entidad nombradas como auxiliar, mas del 18,6% tienen carrera técnica, profesional, especialista e inclusive maestría, encontrándose en desventaja con los otros géneros frente a la remuneración salarial y que en muchos casos con funciones de responsabilidad y de toma de decisiones tan importantes como las funciones de un Directivo. 

Los abajo firmantes, respetando sin lugar  a duda las garantías de la protección del derecho preferencial con que gozan los funcionarios de carrera administrativa, señalados en los Artículos 2 y 23 del Decreto Ley 790 de 2005, el Articulo 2.2.20.1.2 del Decreto 1083 de 215, supletoriamente los Artículos 24 y 25 de la Ley 909 de 2004 y los Artículos 2.2.5.9.8 y 2.2.5.3.3 del Decreto 1083 de 2015; obrando en calidad de funcionarios de esta excelente Entidad y quienes a pesar de ostentar una profesión estamos vinculados en los cargos más bajos como lo es el nivel Auxiliar,  desempeñando funciones afines a nuestra profesión, por lo que solicitamos de manera muy respetuosa a usted señor Director se sirva darnos una respuesta clara y definitiva a los siguiente interrogantes:

 

1.    ¿A la fecha que gestión se ha adelantado o se tiene proyectada bajo su Administración encaminada a tratar esta injusticia laboral que hoy vivimos en la Entidad?, toda vez que tanto servidores de carrera como en provisionalidad estamos viviendo esta afectación de igualdad y de dignidad laboral; sin evidenciar que a través de la Dirección de Talento Humano se esté dando cumplimiento a lo señalado en nuestra carta magna, así como en las sentencias relacionadas. 

2.    ¿Qué fecha de cumplimiento se tiene prevista para finiquitar este tema, el cual nos afecta a mas de 265 funcionarios de la Entidad?

 3.    En último caso, que la entidad no tenga previsto una solución a este tema, se nos agende una reunión con usted señor director y los colaboradores que considere pertinente para enterarlo de todos los pormenores en cuanto al tema en comento, indicándonos la fecha, sitio y hora correspondiente.    

PRINCIPIO A TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL-Reiteración de jurisprudencia

El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio relacional, propio del juicio de igualdad.  Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse ante dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de cualificación para el empleo, son comparables y, no obstante, ello, reciben una remuneración diferente.  Se insiste entonces en que la discriminación salarial injustificada debe basarse en la inexistencia de un parámetro objetivo, discernible y razonable, que justifique la diferenciación. Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles de diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos de evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los empleos públicos, a partir de la cual se generan diferentes escalas salariales, que responden a cualificaciones  igualmente disímiles para el acceso a dichos empleos. De acuerdo con lo expuesto, se encuentra que la protección constitucional del principio de a trabajo igual, salario igual, tiene sustento en la eficacia de los principios mínimos del trabajo, tanto de remuneración acorde con la cantidad y calidad de la labor, como de, especialmente, la primacía de la realidad sobre las formas dentro de la relación laboral. 

 

 

·         Como propuesta, se hace importante el reconocimiento de una prima especial para aquellos servidores públicos que están desempeñando funciones profesionales con nombramiento auxiliar, esto se puede verificar consultando los estudios en la hoja de vida y verificando en el área las funciones realizadas, mientras se soluciona esta situación.

 

·         Se solicita que la Alta Gerencia, designe una comisión especial del ministerio de trabajo y del Departamento Administrativo de la Función Pública, para que verifiquen el cumplimiento de requisitos de los servidores públicos nombrados como profesionales sin tener una carrera universitaria demostrable y en muchos casos comprobando la veracidad de los títulos profesionales y de especialización, de esta manera se liberarían cargos, los cuales serían ocupados por funcionarios de la planta que cumpla realmente con los estudios y requisitos profesionales.

 

 

Sin otro particular agradecemos de antemano su atención y valiosa colaboración.

 

 

Atentamente,

 

Auxiliares Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil



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