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Desde hace años la Municipalidad de La Plata desarrolla violentos operativos en la ciudad con la excusa de “combatir la venta ilegal”. En el marco de esos procedimientos, lxs funcionarios de Control Urbano y de la Policía Bonaerense agreden física y verbalmente a lxs vendedorxs ambulantes, les roban su mercadería de venta, los detienen arbitrariamente y les arman causas judiciales por “resistencia a la autoridad”, persiguiendo y hostigando con especial énfasis a lxs manterxs de origen senegalés, lo que denota una evidente discriminación xenófoba y racial hacia un colectivo migrante que se encuentra en especial situación de vulnerabilidad.

En los últimos meses, el gobierno municipal tomó la decisión de profundizar aún más la escalada de violencia que venían implementando en la calle, montando una campaña mediática y judicial de carácter estigmatizante sin precedentes, denunciando penalmente a un grupo de jóvenes senegaleses y a un integrante del Colectivo de abogadxs populares “La Ciega” (organismo de derechos humanos que desde hace años acompaña a la comunidad en la defensa de sus derechos), como responsables de una red trasnacional de trata de personas que tiene por fin explotar laboralmente a migrantes senegaleses de la ciudad, entre otros graves delitos.

Frente a esa insólita denuncia del Intendente Julio Garro y la Secretaria de Control Urbano Virginia Pérez Cattaneo, y a partir de los irresponsables artículos periodísticos y declaraciones de funcionarios municipales al respecto, vale la pena cuestionar o corregir afirmaciones falsas o incorrectas que se vienen repitiendo de manera superficial, y que evidentemente pretenden dar sustento a semejante denuncia.

En primer lugar, vale decir que las redes de trata de personas son un flagelo que ninguna sociedad debe tolerar, y son los Estados los que tienen la responsabilidad de invertir sus recursos en perseguirlas y desarticularlas. Sin embargo, no es esa la situación de lxs senegalesxs de La Plata. La mayoría son vendedorxs ambulantes que viven en situación de vulnerabilidad, pero ni son víctimas de trata, ni son jefes de una organización criminal como se ha dicho. Y si así fuera, si efectivamente fueran víctimas de una red de trata, no se entiende por qué el Municipio responde profundizando todos los días operativos violentos y discriminatorios contra lxs manterxs, persiguiendo con especial énfasis a lxs senegaleses.

La idea de que “hay una mafia detrás de los senegaleses” ha logrado instalarse en el imaginario social gracias a discursos irresponsables, por eso es necesario insistir en aclarar que no existe tal cosa y que (como lo han expresado lxs senegalesxs hasta el hartazgo), cada unx trabaja por su cuenta de forma independiente.

A su vez, llama la atención que el gobierno municipal se jacte de haber “llevado el conflicto con los senegaleses a la Justicia”, cuando en rigor fueron lxs propixs senegalesxs -junto al Colectivo “La Ciega”-, lxs que han pedido la intervención de la Justicia hace más de un año atrás: exactamente el 22 de agosto de 2019, 90 trabajadorxs senegalesxs de La Plata junto al Colectivo “La Ciega” presentaron una acción de amparo colectivo que buscaba el cese de los violentos operativos que sufren todas las personas de origen senegalés que transitan en la ciudad, amparo que fue admitido y en el que se dispusieron una serie de medidas.

Llamativamente, hace tan sólo días atrás, luego de más de más de 1 año de haberse presentado el amparo, y justo 9 días después de que el Municipio presentara en el mismo fuero una denuncia por trata de personas y otros delitos, el Juez Recondo a cargo del expediente del amparo se declaró incompetente para intervenir, dejando en total estado de desprotección y tutela judicial a lxs senegalesxs, y generando una suerte de “zona liberada” en la ciudad para que el gobierno municipal lxs siga persiguiendo.

Resulta inaceptable no sólo la denuncia penal, sino también la difamación por parte de las autoridades y algunos medios de comunicación, que de manera insensata e imprudente les endilgan responsabilidades severas a lxs senegalesxs, sin siquiera darles el derecho de expresarse. No hacen más que estigmatizarlxs y asociarlxs injustificadamente a la criminalidad: el “A B C” de los discursos antimigratorios y xenófobos.

Como ya lo han manifestado ellxs mismos, la mayoría de lxs senegalesxs son vendedorxs ambulantes que llegaron al país para trabajar y ayudar a sus familias que quedaron en Senegal, pero al igual que le ha sucedido a muchxs, el aislamiento obligatorio decretado por la pandemia no les permitió salir a la calle durante meses. Como les cuesta mucho poder subsistir, alimentarse y pagar los alquileres de sus hogares (sobre todo porque la mayoría no ha podido acceder a cobrar el IFE), se vieron obligadxs a salir algunas horas a la calle a vender. A eso, se les suma el desarraigo, las dificultades para entender y hablar el idioma español, el racismo que padecen en todo el mundo, y la carencia de todo tipo de representación diplomática en la Argentina que les permita resolver algunos problemas que arrastran desde hace años.

Nadie en su sano juicio podría pensar que es un privilegio trabajar en la calle expuestxs al frio, al calor, a la lluvia, a la falta de un baño, y muchas veces al maltrato. Es necesario que puedan tener oportunidades, alternativas laborales y soluciones estructurales, pero en lo inmediato es fundamental entenderlxs y escucharlxs, porque lo que dice el Municipio es falso, pero sus discursos y denuncias lxs perjudican de sobremanera, dejándolxs cada vez más en un estado de indefensión.

Hacemos un llamado a los organismos de derechos humanos, instituciones, organizaciones sociales, y a la comunidad platense en general, a acompañarlxs en la difusión de su voz, y apoyarlxs en esta injusta arremetida.

Migrar no es delito. Trabajar es un derecho.