SOLICITAN DERECHO CONSTITUCIONAL DE LIBERTAD DE OPCION JUBILATORIA FRENTE A LA EMERGENCIA

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SOLICITAN DERECHO CONSTITUCIONAL DE LIBERTAD DE OPCION JUBILATORIA FRENTE A LA EMERGENCIA PREVISIONAL.- FUNDAMENTOS.-
Señor Presidente de la Caja de Previsión Social para abogados de la provincia de Buenos Aires, Dr. Daniel Burke.
S___/___D.

En nuestro carácter de abogados matriculados en la provincia de Buenos Aires y ante la difícil crisis económica que atraviesa nuestro país y que incide drásticamente en forma perjudicial para los colegas  quienes  dada esta grave situación muchos están dando la baja de la matricula para ejercer en la Provincia de Bs. As y muchos tristemente evaluando la  lamentable  posibilidad de abandonar el ejercicio profesional en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, es que solicitamos dada la grave situación de emergencia previsional ampliar el petitorio que fuere presentado el 31 de mayo ante la delegación que UD  preside como en las restantes delegaciones de la caja: MORON, MATANZA, LOMAS DE ZAMORA, SAN MARTIN, LA PLATA, SAN ISIDRO, MORENO  y restantes delegaciones  solicitamos  además que:
los afiliados puedan libremente  elegir entre continuar con la afiliación compulsiva a la que nos encontramos sometidos dado que existe una clara doble imposición que claramente es inconstitucional debiendo obligatoriamente aportar a la CAO como al monotributo. Son inconstitucionales e inconvencionales y deben reputarse como derogados por la última reforma de la Constitución Nacional del año 1994, el inciso b punto 4 del artículo 3 de la ley nacional 24.241, el artículo 40 último párrafo de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el artículo 31 de la ley 6.716 de la Provincia de Buenos Aires, y los dos últimos párrafos del artículo 3º de la Ley Nº 18.038, incorporados por el artículo 1 de la ley 23.987, y de toda otra norma legal o reglamentaria que deriven de ellas, sea federal o local, pública o privada, y son inconstitucionales e inconvencionales los artículos 2, 12 incisos a) b) d), g), artículos 13, 15, 18, 21, 21 bis, y concordantes de la ley 6.716 de la Provincia de Buenos Aires, la Resolución 31/2004 de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, la Resolución 484/2010 del Consejo de la Magistratura de la Nación y de toda otra norma legal o reglamentaria que deriven de ellas, sea federal o local, pública o privada. Las normas inconstitucionales e inconvencionales deben ser reputadas como derogadas e inconstitucionales, violan la Constitución Nacional, violan el artículo 42 de la Constitución Nacional que consagra “el derecho constitucional a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”, violan el artículo 33 de la Constitución Nacional que dispone que “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados”, violan la libertad y la prohibición de la esclavitud en todas sus formas pues la afiliación compulsiva es la esclavitud en su versión moderna, violan el derecho a la seguridad social y el derecho de jubilarme en el futuro, violan el derecho a una vida digna, a la dignidad como persona, el derecho a la salud, a la integridad física, psíquica y moral, el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes y discriminatorios, el derecho a la salud física y mental, violan el derecho a trabajar y ejercer que forma parte de la dignidad humana, violan el derecho de propiedad de los profesionales, violan el derecho de propiedad de las partes cuando se le impone pagar la sobretasa de justicia quienes no reciben beneficio alguno de la caja, se viola la prohibición de la superposición de los aportes o doble imposición por una misma actividad, violan los fines del preámbulo de la Constitución Nacional de afianzar la justicia, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, violan el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa en juicio, del acceso a la justicia de los ciudadanos, de obtener y gozar de un pronunciamiento judicial de las partes del proceso, frustran el fin de la justicia, por ser violatorios de los principios de legalidad, razonabilidad, de seguridad jurídica, de las facultades exclusivas y excluyentes que son de la Nación, de la supremacía de la Constitución Nacional, se viola la división de poderes, se violan los derechos, principios y garantías, consagrados en los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33, 42, 75 incisos 12, 22, 23 y 30, artículos 123, 125 segundo párrafo y 126 de la Constitución Nacional y los derechos que consagran las Convenciones Internacionales de derechos Humanos que poseen Jerarquía Constitucional por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Violan el artículo 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que dispone: “Los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley, y gozan de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional, los que emanan en su consecuencia a través de los tratados celebrados por la Nación”, y violan el artículo 12 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires que dispone que: “Todas las personas en la Provincia gozan, entre otros, de los siguientes derechos: 3- Al respeto de la dignidad, al honor, la integridad física, psíquica y moral.

La última reforma constitucional, en su artículo 42, consagra la libertad de opción, el mismo dice: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e interesas económicos; a una información adecuada y veráz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”. 

La última reforma constitucional, en su artículo 75 inciso 22 otorga jerarquía constitucional a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, entre otros, los cuales consagran “el derecho a la libertad de asociación”. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 20 inciso 1 establece que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”, y en su inciso 2 establece que “Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 22 consagra el derecho a la libertad de asociación el cual en su inciso 1 establece que: “Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras…”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 16 inciso 1 consagra la libertad de asociación, el cual establece: “ Libertad de Asociación. "Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole". 

El Derecho de libertad de opción fue respetado con la sanción de la ley 26.222 del año 2007, la cual permitió a aquellos afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), optar por el Régimen Previsional Público de Reparto o por el Régimen de Capitalización. 

El inciso B Punto 4 del artículo 3 de la ley 24241 permite a los profesionales incorporarse voluntariamente al SIJP (actual SIPA) y textualmente dice: “Las personas que ejerzan las actividades mencionadas en el artículo 2º, inciso b), apartado 2, y que por ellas se encontraren obligatoriamente afiliadas a uno o más regímenes jubilatorios provinciales para profesionales, como asimismo aquellas que ejerzan una profesión no académica autorizada con anterioridad a la promulgación de esta ley. Esta incorporación no modificará la obligatoriedad que dimana de los respectivos regímenes locales”. El inciso B Punto 4 del artículo 3 de la ley 24241 les permite a las cajas previsionales provinciales para profesionales tener de rehenes y esclavos en su versión como explotación humana a todos los profesionales que ejerzan en territorio de las provincias para que financien y mantengan a un sistema al cual no optaron. La afiliación compulsiva viola la libertad de elección y el derecho de asociarnos con fines útiles que consagra la Constitución Nacional en sus artículos 42 y 14, viola a los tratados internacionales que consagran la “libertad de asociación” que poseen jerarquía constitucional por el artículo 75 inciso 22, y viola el artículo 31 de la Constitución Nacional que consagra su Supremacía sobre las demás leyes inferiores. La afiliación compulsiva viola todos los principios constitucionales. 

El inciso B Punto 4 del artículo 3 de la ley 24241 es inconstitucional, porque atenta contra nuestro derecho de igualdad y no discriminación consagrado por el artículo 16 de la Constitución Nacional, se discrimina al Régimen Previsional Público (SIPA), ya que permite a las cajas previsionales provinciales para profesionales mantener de rehenes y esclavos en su versión como explotación humana a todos los profesionales para que financien a un sistema al cual no optaron por afiliarse y les permite incorporarse voluntariamente al Régimen Previsional Público, pero no viceversa, realizándose una verdadera discriminación contra el Régimen Previsional Público (SIPA). Las cajas provinciales para profesionales generan un constante desfinanciamiento del sistema público de reparto SIPA, perjudicándose a los actuales y futuros jubilados del régimen público de reparto y discrimina a los que no son de los que son profesionales y a estos últimos los afilia compulsivamente y los obliga a aportar, genera una desigualdad entre profesionales y no profesionales. 

Las cajas provinciales para profesionales atentan contra el principio de razonabilidad que consagra el artículos 28 de la Constitución Nacional ya que resulta irrazonable ser esclavo en su versión como explotación humana, en mantener un sistema tan discriminatorio solo para profesionales al cual nadie optó por afiliarse y aportar, resulta irrazonable y discriminatorio que solamente se les haya dado la libertad de opción por la ley 26.222 a los que fueron rehenes de las AFJP y que no se haya dado esa misma opción a los profesionales, que aún se permita el sometimiento a los profesionales para que sigan siendo rehenes en financiar las cajas provinciales para profesionales en las que nadie optó por afiliarse y aportar, violándose también el artículo 15 de la Constitución Nacional que prohíbe la esclavitud en su versión como explotación humana y los tratados internacionales que poseen jerarquía constitucional que prohíben la esclavitud y la explotación humana. 

El inciso B Punto 4 del artículo 3 de la ley 24241 es claramente inconstitucional ya que expresamente permite la superposición de aportes o la doble imposición cuando dice: “se encontraren obligatoriamente afiliadas a uno o más regímenes jubilatorios provinciales para profesionales”… atentando contra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que prohíbe la superposición de aportes. Se permite que un profesional que ejerza una misma profesión en más de una provincia donde existan cajas, que se vea obligado a pagar a varias cajas por una misma actividad. El inciso B Punto 4 del articulo 3 de la ley 24241 permite la doble imposición y que se vulnere el derecho de propiedad que la Constitución Nacional garantiza en su artículo 17, se viola la supremacía Constitucional consagrada en el artículo 31 de nuestra Constitución Nacional, se viola nuestro derecho constitucional de trabajar dignamente, los abusivos aumentos en las cuotas anuales obligatorias atentan contra el derecho constitucional de propiedad, provoca que muchos profesionales se vean obligados a dar de baja a la matricula profesional, generando desempleo profesional por culpa de un sistema perverso al cual nadie optó por aportar y afiliarse, se discrimina, castiga, explota y expulsa a los profesionales que poseen una cartera reducida de clientes, favoreciéndose a los grandes estudios profesionales que cuentan con una importante cantidad de clientes de muy buen nivel económico, que les permite afrontar los enormes costos en financiar a esos regímenes provinciales para profesionales y los pequeños estudios o profesionales al contar con una pequeña cartera de clientes se ven obligados a dar de baja a la matricula para evitar quedar en deuda con las cajas provinciales las que aplican a la deuda intereses abusivos y hacen juicio para ejecutarla u ofrecen planes de pagos que resultan impagables, el profesional padece de un sistema abusivo, persecutorio y expulsivo al cual no optaron y terminan como profesionales desempleados o se ven obligados a dedicarse a otro trabajo, eso es atentar contra la dignidad de las personas. Los profesionales que cuentan con una gran cartera de clientes terminan jubilándose en las cajas previsionales provinciales y en cambio los que dieron de baja a la matricula al verse imposibilitado en ejercer por los costos y al no contar con los años suficientes no podrán lograr jubilarse en las cajas previsionales provinciales, eso es violar la garantía de igualdad y de no discriminación de las personas que consagra la Constitución Nacional y los tratados internacionales que poseen jerarquía constitucional. Esos regímenes provinciales para profesionales atentan contra todos los principios que rigen la solidaridad previsional que falsamente entre su fin dicen tener. Las cajas previsionales provinciales para profesionales toman a los profesionales como objeto de negocio y la seguridad social empezó a dejar de ser negocio con la eliminación de las AFJP. En relación a los profesionales abogados, la cantidad, calidad y duración de los procesos judiciales hacen imposible llegar a cubrir una cuota anual obligatoria abusiva que imponen y atentan contra el derecho de propiedad de las personas, obligan al profesional a suspender voluntariamente la matricula y se termina atentando contra el derecho constitucional de trabajar que consagra el artículo 14 de la Constitución Nacional que forma parte de la dignidad humana -el profesional abogado que se vio obligado a suspender voluntariamente su matrícula, se ve impedido en defender sus propios derechos en causa propia y/o de sus familiares o litigar por una causa noble o justa, y si quiere defender sus propios derechos deberá contratar a un abogado con matricula activa- lo mismo sucede con los profesionales de la psicología y tantas otras profesiones que son objeto de negocio de estos organismos provinciales para profesionales. Las Cajas previsionales provinciales para profesionales atentan contra los tratados internacionales de derechos humanos que poseen jerarquía constitucional, atentan contra la dignidad de las personas. 

Las cajas previsionales provinciales para profesionales y la afiliación compulsiva violan la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que en su artículo 5 consagra el derecho a la integridad personal, y en su inciso 1 establece que: "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral" y en su inciso 2 dice: "... Nadie debe ser sometido a …tratos crueles, inhumanos o degradantes. En su artículo 11 consagra la Protección de la Honra y de la Dignidad cuyo inciso 1 establece: " Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad". Su artículo 21 consagra el Derecho a la Propiedad Privada el cual en su inciso 1 dice: "Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. En su inciso 3 dice: “Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley". EL artículo 24 consagra la Igualdad ante la Ley, el cual dice: "Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley". Se viola la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 5 establece que: “Nadie será sometido a …tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Violan el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales, el cual en su artículo 11 inciso 1 establece que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a una mejora continua de las condiciones de existencia”, y se viola el artículo 12 cuyo inciso 1 establece que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. 

La afiliación compulsiva viola el artículo 42 y 14 de la Constitución Nacional que consagra la libertad de elección y de asociación con fines útiles. Viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 20 inciso 1 establece que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”, y en su inciso 2 establece que “Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”. La afiliación compulsiva también viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su artículo 22 inciso 1 establece que: “Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras…”. Viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 16 inciso 1 establece: “ Libertad de Asociación. "Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole". La afiliación compulsiva viola todos los principios constitucionales entre ellos el de legalidad que consagra el artículo 19 de la Constitución Nacional, ya que el inciso B Punto 4 del artículo 3 de la ley 24241 al respetar la afiliación compulsiva que imponen los regímenes jubilatorios provinciales para profesionales y al no modificar la obligatoriedad que imponen los mismos, viola y permite a las provincias que violen las leyes supremas de la Nación, que son la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que poseen jerarquía constitucional, que consagran el derecho a la libertad de opción, elección, de asociarnos con fines útiles, libertad de asociación.

Dar libertad de opción jubilatoria no atenta contra las autonomías provinciales, la Constitución Nacional es muy clara y en su artículo 125 solo permite a las provincias “conservar las cajas existentes” (se refiere a que pueden conservar las cajas creadas con anterioridad a la última reforma constitucional del año 1994. Las provincias tienen prohibido luego de la reforma crear nuevas cajas), pero no permite en relación a las cajas creadas con anterioridad a la última reforma Constitucional del año 1994, mantener de rehenes y esclavos en su versión como explotación humana a los profesionales para que financien y mantengan a un sistema al que nadie optó, ya que nuestro derecho de asociarnos con fines útiles y la libertad de opción está consagrado por los artículos 14 y 42 de la Constitución Nacional, por el artículo 15 de la Constitución Nacional que al prohibir la esclavitud implícitamente consagra la libertad de opción y por los tratados internacionales que poseen jerarquía constitucional que consagran “la libertad de asociación”, que prohíben la esclavitud y la explotación humana. 

Las propias provincias violaron el artículo 125 2º párrafo de la Constitución Nacional, creando luego de la última reforma constitucional del año 1994 nuevas cajas previsionales provinciales para profesionales, incluso la Ciudad de Buenos Aires violó la Constitución Nacional con la creación de la liquidada ex CASSABA. Las propias provincias al crear con posterioridad a la última reforma constitucional nuevos regímenes provinciales para profesionales han violado todos los principios constitucionales entre ellos el de legalidad que consagra la Constitución Nacional en su artículo 19, han violado el artículo 75, inc. 12 de la Constitución Nacional que establece que corresponde al Congreso de la Nación legislar sobre la Seguridad Social, reafirmado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y han violado el artículo 126 de la Constitución Nacional que prohíbe expresamente a las Provincias ejercer el poder delegado a la Nación.

Por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) responde el Estado Nacional donde pagan la mayoría de los argentinos, la ANSES es la caja del Pueblo Argentino. Por las Cajas provinciales que son organismos privados y usureros que desconocen los principios de la seguridad social no responde nadie, así lo establece por ejemplo en relación a la Caja de Previsión Social para abogados de la Provincia de Buenos Aires el artículo 2 de la ley 6716 que textualmente dice “La Provincia de Buenos Aires no contrae obligación alguna que se relaciones con las emergentes del funcionamiento de la Caja”. Al responder el Estado Nacional por la ANSES hace que se proteja el derecho de propiedad de los aportes jubilatorios y el Estado Nacional genera confianza y solidez y esa situación no se da con los organismos previsionales para profesionales provinciales, al no responder por los mismos el Estado sea nacional o provincial, generan desconfianza e inseguridad, y eso es atentar contra nuestro derecho de propiedad de nuestros aportes, estando en riesgo nuestro futuro. Atentan contra el derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, derecho de propiedad de nuestros aportes y queremos decidir a quién queremos aportar para que administren nuestros aportes.

Las cajas previsionales provinciales para profesionales, actúan como verdaderos bancos, son instituciones que atentan contra todos los principios de la seguridad social, desconocen lo que es la solidaridad previsional, la mayoría de las cajas exigen más años de aportes y de edad en comparación con la ley 24.241 y carecen de moratoria conocida como las de “amas de casa”, aplican una cuota anual de matriculación abusiva, impagable, encarecen y atentan contra el ejercicio profesional, atentan contra el acceso a la justicia de los ciudadanos ya que en el caso de los abogados -más allá de destacar que padecen de una cuota anual obligatoria abusiva- tanto los aportes como las contribuciones que estos organismos exigen, inciden, atentan directa o indirectamente sobre el costo de los servicios profesionales, cuando se inicia en las provincias un proceso judicial, las cajas les impone pagar un anticipo previsional a cargo del profesional (el profesional como no cuenta y no puede pagar ese anticipo abusivo e irrazonable, debe pedir el dinero al cliente que éste en la mayoría de los casos tampoco posee, atentando contra nuestro derecho constitucional de trabajar) y cuando al profesional se le regulan honorarios, la caja participa sobre un porcentaje muy elevado sobre los honorarios regulados a cargo del letrado y otro porcentaje adicional muy elevado a cargo del cliente, y en los procesos contradictorios el condenado en costas debe hacerse cargo del porcentaje adicional del abogado que lo patrocinó como del abogado de la parte vencedora. En los procesos judiciales cobran un porcentaje adicional sobre la tasa de justicia y generan inflación al encarecer la actividad profesional. Los profesionales no solamente ven disminuidos sus ingresos por culpa de estos organismos, sino también se ven prohibidos en ejercer por la cuota anual abusiva que imponen. Las cajas previsionales para profesionales atentan contra el ejercicio de la profesión, la dignidad humana, el decoro profesional y la tutela de la inviolabilidad del ejercicio profesional en todos sus órdenes. Generan sentimientos de fracaso profesional, desprotección y provocan daño psicológico. 

Las provincias han excedido sus facultades por violación de los artículos 125 párrafo 2º, 42, 14, 14 bis, 15, 16, 17, 19, 28, 31, 75 incisos 12 y 22 y 126 de la Constitución Nacional, el cual este último prohíbe expresamente a las Provincias ejercer el poder delegado a la Nación y el Estado Nacional tiene la obligación de salvaguardar las facultades constitucionales exclusivas y excluyentes que le han sido invadidas y ha permitido violar. El Estado Nacional y las Provincias han violado los Tratados Internacionales que poseen Jerarquía Constitucional. 

Es necesario que el Congreso de la Nación trate y apruebe el presente proyecto de ley para que se respete la Supremacía Constitucional y la de los Tratados Internacionales que poseen jerarquía Constitucional y evitar que continúen siendo letra muerta. Los firmantes de la presente solicitud de ampliación al petitorio presentado el 31 de Mayo del presente  somos profesionales afectados por haber sido afiliados compulsivamente y obligados a aportar a las cajas previsionales provinciales para profesionales, profesionales y no profesionales afiliados a la ANSES y jubilados afectados por la existencia de las cajas previsionales.-

Esperamos una pronta respuesta a todos los planteos realizados, lo saludamos muy atte.-

ABOGADOS AUTOCONCOVOCADOS LIBERTAD DE OPCION.-