Cambio en la Constitución para referéndums pactados de independencia

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!


Es muy difícil razonar con quien que se gobierna por las emociones, en ocasiones es hasta imposible, pero no por ello creo que deba dejarse de intentar para evitar males mayores a toda la sociedad española.


Durante años he visto como en España hemos tenido sucesivos conflictos territoriales surgidos a razón de sentimientos identitarios y no parece que con el tiempo la situación vaya a mejorar.


Como país nunca avanzaremos realmente hasta que no se proporcione una forma de solucionarlos, siempre dentro de la ley. En varias ocasiones por culpa de estos conflictos España se ha paralizado políticamente, dejando de lado cuestiones mucho más importantes y que afectan a todos o una gran mayoría de ciudadanos españoles, se sientan éstos reconocidos como españoles o no.


Sin menospreciar a los sentimientos nacionalistas identitarios periféricos, cómo afrontar el futuro de las pensiones, cómo crear más empleo a través de nuevos sectores económicos, como paliar o evitar las consecuencias del cambio climático en nuestro país y en el mundo, cómo proporcionar ayudas sociales a quienes lo necesitan sin disparar nuestra deuda, cómo combatir eficientemente la corrupción y muchos otros problemas, son problemas mucho más urgentes de abordar, a mi parecer, y que no hacen distinción identitaria sobre a quienes afectan.


Perdemos demasiado tiempo y recursos en los problemas identitarios que no se solucionan y no tenemos el lujo de perder, por ello propongo introducir en la Constitución estos cambios para dar una salida democrática a las aspiraciones separatistas legítimas por parte de una minoría bastante visible dentro de algunas regiones del Estado español.


PROPUESTA DE PROCESO PACTADO:


PREÁMBULO:

Incluso en el mejor de los casos, con la mejor voluntad de ambas partes, la escisión territorial del Estado es un proceso muy lesivo y perjudicial para el Estado, es un proceso enormemente complejo con consecuencias negativas a nivel económico, social y político para las dos partes, y los ciudadanos que voten a favor o en contra de la independencia deben ser plenamente conscientes.


A cambio de permitir el proceso pactado, que no resulta beneficioso para la mayoría de ciudadanos del Estado español, y renunciar a la soberanía sobre la integridad territorial del Estado por parte de todos los ciudadanos españoles, se establecen una serie de condiciones de obligado cumplimiento para el territorio que pide la escisión y sus ciudadanos que deben estar plenamente claros antes de que se inicie el proceso pactado:


-Sólo una comunidad autónoma puede pedir el proceso pactado y sólo para sus propios territorios. Cualquier tipo de reivindicación sobre territorios de otras comunidades autónomas no será aceptada porque sólo los ciudadanos de dichos territorios en disputa tienen el derecho de decidirlo por sí mismos.


- Los límites del derecho a decidir deben ser pactados antes del proceso pactado o durante el proceso de negociación. Podría darse el caso de que en una provincia o comarca o municipio, el rechazo a la independencia sea mayor del 55 %, en cuyo caso debe debatirse y establecerse qué derechos tienen estos ciudadanos respecto a una posible mayoría secesionista. Estos ciudadanos tienen derecho a convocar una consulta pactada con la comunidad autónoma y una negociación para decidir su estatus en caso de secesión si así lo pidiesen. Lo que vale para los independentistas sobre el derecho a decidir también vale para los no independentistas.


- El territorio que gane la independencia por medio del proceso pactado asumirá la parte de deuda actual correspondiente del Estado español en proporción al número de habitantes. El Estado español ha incurrido en la deuda para financiar su funcionamiento normal, proporcionar servicios a sus ciudadanos y construir infraestructuras de uso público, no asumir dicha deuda implica haber tenido acceso gratuito a dichos servicios e infraestructuras y además cargar su coste al resto de ciudadanos del Estado, lo cual es absolutamente injusto.


- Los costes de la separación del Estado español y el nuevo estado resultante serán asumidos íntegramente por los ciudadanos del nuevo estado resultante. La escisión del Estado no es algo que el Estado persiga ni le beneficie en absoluto tanto a él como a sus ciudadanos, dichos costes deben ser asumidos por los ciudadanos que libre y voluntariamente han promovido y conseguido la escisión del territorio. Lo contrario sería imponer y anteponer el derecho de una minoría sobre los derechos y el futuro de una gran mayoría de ciudadanos que permanecen en el Estado español y no desean dicha escisión. Se entenderán como costes el levantamiento de fronteras físicas, el coste de la separación administrativa de sistemas de estado, el sueldo y las dietas de los funcionarios o especialistas contratados para ello por el Estado español para las negociaciones...


- La nacionalidad española y otros derechos relativos a la ciudadanía española serán retirados, salvo excepciones, a los ciudadanos del nuevo estado resultante de la escisión. Por coherencia: si se quiere romper con el Estado español uno no debería aferrarse a los beneficios de ser ciudadano del Estado español, por justicia: no pueden tener los mismos derechos como ciudadano español aquel que ha promovido y votado en favor de escindirse del Estado y aquel que no lo ha promovido y además no lo ha votado. Por prudencia: permitir el derecho a voto a elecciones en el Estado español a varios millones de ciudadanos que pueden tener intereses ajenos al mismo al pertenecer a otro estado es contrario a la lógica. Se permitirán formas de mantener o recuperar la nacionalidad española para los ciudadanos del nuevo estado, pero implicarán que manifiesten públicamente su rechazo a la escisión del Estado.


- Se ejercerá el derecho de veto en la UE hasta el cumplimiento de las obligaciones económicas por parte del nuevo estado, también en caso de promover o alentar en cualquier manera la escisión de más territorios del Estado español. En caso de no darse ninguna de las circunstancias anteriores no significará el apoyo expreso u obligación por parte del Estado español a facilitar la entrada en la UE u otras organizaciones transnacionales del nuevo estado. En caso de darse alguna de las circunstancias mencionadas en este apartado el Estado español podrá pedir ayuda a sus socios internacionales para el establecimiento de sanciones para el nuevo estado.


- Los equipos deportivos de los territorios del nuevo estado serán excluídos de las competiciones nacionales del Estado español. En el deporte es común exaltar ciertas sensibilidades políticas y por prudencia, al menos durante unos años, es recomendable evitar tensiones sociales. En cuanto a los deportistas individuales podrían seguir en las competiciones nacionales siempre y cuando no reivindiquen posiciones separatistas a título personal, para evitar cualquier tipo de conflicto entre el deportista y los aficionados dentro del Estado español.


FORMA DEL PROCESO:


1º Referéndum no vinculante: se requiere un mínimo del 55% de participación, el sí requiere un mínimo del 51% de los sufragios, sin redondeo al alza, para ganar. En caso de ganar el sí se pasa a la siguiente fase


2º Negociación para las condiciones de la separación: durante un mínimo de 2 años el Gobierno Central y el territorio que pide la independencia negocian todos los aspectos posibles de la separación para evitar en la medida de lo posible cualquier tipo de incertidumbre jurídica, social, económica y política. Antes del referéndum vinculante el resultado de la negociación debe ser comunicado ampliamente a los ciudadanos que van a decidir en el referéndum en una campaña informativa de amplia difusión que debe durar al menos 4 meses.


Referéndum vinculante: se requiere un minímo de participación del 65% y el sí gana con un mínimo del 55% de los sufragios, sin redondeo al alza, para ganar. El triunfo del sí significa la independencia del territorio de facto.


ANEXO 1: En caso de que no se llegue a la participación mínima o gane el no, en el no vinculante o vinculante de los referéndums, no puede volver a convocarse un un nuevo proceso pactado para la misma región en un plazo de 20 años con el objeto de mantener la estabilidad política, social, económica e institucional en todo el Estado español.


ANEXO 2: En caso de que más de una región solicite el proceso pactado de independencia, sólo puede haber un proceso en marcha a la vez, se atenderán por orden de petición, y entre ellos debe haber un espacio de 5 años independientemente de su resultado para mantener la estabilidad del Estado español en la medida de lo posible.


ANEXO 3: El coste económico de(l)/los referéndum(s), así como el coste del proceso de negociación saldrá exclusivamente de los impuestos abonados por los ciudadanos de los territorios que lo soliciten, teniendo el Estado español derecho al control de cuentas pertinente para velar por el cumplimiento de esta norma.

 

Me gustaría abrir un debate serio y razonado sobre las consecuencias de una independencia real y estoy abierto a sugerencias por parte de cualquiera. Yo soy partidario de la estrategia "prepárate para lo peor y espera lo mejor" pero sé que mucha gente no entenderá esto que he formulado y puede que lo rechace enérgicamente. Hay que empezar a no desconocer el principio de realidad que parece ajeno a nuestros políticos y hay que entender que algunas cosas no tienen vuelta atrás y tienen unas consecuencias muy serias dejándonos de sentimentalismos, si compartes gran parte de mi escrito, por favor fírmalo.

 



Hoy: Jesús Antonio cuenta con tu ayuda

Jesús Antonio Bausá Aragonés necesita tu ayuda con esta petición «A todos los partidos políticos con representación parlamentaria : Cambio en la Constitución para referéndums pactados de independencia». Únete a Jesús Antonio y 65 personas que ya han firmado.