Victoria
Petición para Comisión de Carta de Derechos A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA CONSTITUTUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO: y 1 otro/a

LA PROSTITUCIÓN NO ES UN TRABAJO, ES UN SISTEMA DE EXPLOTACIÓN Y VIOLENCIA PATRIARCAL

En México los tratados internacionales son mandatos constitucionales a partir de la reforma al Artículo 1º. Constitucional del 10 de junio de 2011. Entre ellos se encuentran el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (Convención del 49 ratificada en 1951); Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés, ratificada en 1981); Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños/as que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada (ratificado en diciembre de 2003).

Por lo anterior, México y todas sus entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, tienen la obligación inexcusable de contribuir a la eliminación de cualquier forma de explotación sexual y de violencia sexual, trabajar hacia la prevención, la erradicación de la prostitución y la protección de las víctimas. Todas las políticas que justifican, promueven o califican la prostitución como “trabajo sexual” son incompatibles con la legislación internacional en materia de Derechos Humanos, e incumplen los compromisos internacionalmente adquiridos.

El fenómeno de la prostitución tratado con ligereza en aras de una supuesta postura progresista, enmascara el contenido siniestro de la trata y la explotación sexual, que son actos criminales y que están tipificados como delito en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas de estos Delitos (de julio del 2012).

No existe en el mundo una constitución que incluya el reconocimiento de la prostitución como “trabajo sexual”, ni siquiera en los países que legalizaron la prostitución.

El llamado “consentimiento --o política de elección personal”, se basa en una visión liberal occidental de los derechos humanos que eleva la voluntad y las elecciones individuales por encima de todos los otros derechos humanos y de toda noción de bien común (BARRY, 1995).

Cualquier acto legislativo en México debe regirse por los siguientes principios:

  Los países no pueden reglamentar la prostitución o someter a las mujeres a registros o a otros controles.
El “consentimiento” no puede ser utilizado como instrumento de defensa de los acusados o como excluyente del delito.
La prostitución no puede ser reconocida como un trabajo.
No se puede hacer distinción entre prostitución “libre” y “forzada”.
La trata con fines de prostitución y “la explotación de la prostitución ajena” no pueden estar disociadas porque es un negocio ilícito que se rige por la Ley de la Oferta y la Demanda.  

Pese a todo lo anterior, contraviniendo los tratados internacionales, en enero de 2014 la Jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal resolvió que sancionar el “trabajo sexual” es “inconstitucional” y ordenó a la Secretaría del Trabajo del DF otorgar credenciales a las personas sexoservidoras para “proteger sus derechos laborales”, sin ningún sistema de verificación sobre la autonomía o autodeterminación de quienes solicitan las credenciales de trabajadoras no asalariadas, que hasta el momento asciende a 177.

Dicha sentencia de amparo es una tesis aislada y no una tesis jurisprudencial, que de ninguna manera puede constituirse en una norma en sí misma, sólo puede aplicarse a quienes solicitaron el amparo.

La fracción segunda del Artículo 107 de la Constitución General de la República establece que, en materia del juicio de amparo, “la sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare”.

La tendencia mundial en relación con la prostitución, está encaminada a legislar e implementar políticas de prevención y salida de la prostitución, con una amplia gama de apoyos a las víctimas, despenalizando la prostitución, sancionando al cliente y penalizando la publicidad de contacto sexual. Así se constata en Suecia (1999), Noruega, Islandia, Irlanda del Norte, Filipinas, Korea, Canadá, Guatemala y El Salvador. En abril de 2016 la Asamblea Nacional Francesa adoptó una ley contra el sistema prostitucional, a favor del acompañamiento y apoyo integral a las víctimas y la prohibición de la compra de cualquier acto sexual.

La trata, la prostitución y la explotación sexual de mujeres y niñas en el mundo y en México, determinan y condicionan un orden social basado en la desigualdad y la violencia, que constituye una seria amenaza para el desarrollo, la paz, la igualdad de género y la democracia.

En las experiencias de otros países el reconocimiento de la prostitución como trabajo no asalariado y su despenalización resulta contrario a la exigibilidad de derechos, porque:

1. Es un regalo para los proxenetas, los traficantes y la industria del sexo.
2. Promueve la trata para la explotación sexual.
3. No supone un control de la industria del sexo, la expande.
4. Aumenta la prostitución de calle.
5. Promueve la prostitución infantil.
6. No protege a las mujeres que están en situación de prostitución.
7. Aumenta la demanda de la prostitución. Incentiva a los hombres a comprar sexo de paga en un entorno social más permisible y de mayor aceptabilidad.
8. No promueve una mejora de la salud de las mujeres.
9. No aumenta las posibilidades de elección de las mujeres.
10. Las mujeres que están dentro de la prostitución no quieren que se legalice o despenalice la industria del sexo.

Por todo lo anterior, las y los firmantes rechazamos categóricamente el reconocimiento de la prostitución como trabajo no asalariado (o asalariado), ya que legitima una actividad que enmascara la trata y la explotación sexual en la que las mujeres, las y los adolescentes, las niñas y los niños son reducidos a objetos que se pueden comprar, vender o alquilar bajo el neoliberalismo salvaje impuesto por el capitalismo y la globalización de la industria del sexo.

Y, atentamente, solicitamos a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México:

PRIMERO.- Modificar el Artículo 15, Apartado F, para quedar como sigue:

F. De las personas trabajadoras no asalariadas

1. Las personas trabajadoras no asalariadas, autónomas o por cuenta propia que prestan servicios o venden un producto a otra persona física, familias, hogares o personas morales, sin que se establezca una relación de subordinación, tienen derecho a realizar un trabajo digno y a percibir un ingreso de acuerdo a las condiciones mínimas reconocidas por esta Constitución, así como a:

a. Poseer una identidad formal como personas trabajadoras no asalariadas de la Ciudad de México, a una cartilla de registro de los servicios que presta y a la certificación de sus capacidades laborales, cuando lo requieran;

b. Asociarse para defender sus intereses; y

c. Recibir capacitación para mejorar el desempeño en su ocupación y la calidad de los servicios que prestan.

2. De conformidad con los requisitos que establezcan las leyes correspondientes, las personas prestadoras de servicios, vendedoras fijas y semifijas y todas las personas no asalariadas tienen derecho a:

a. Desempeñar sus actividades y oficios en los espacios públicos de la ciudad, determinados por la ley o en espacios privados, según sea el caso;

b. Condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas en los espacios públicos donde se les permita operar;

c. Contar con servicios de educación y cuidado para sus hijas e hijos en instalaciones cercanas a los lugares donde se les permita operar; y

d. La certeza jurídica, la seguridad física y la no represión.

e. La Ley establecerá mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales para todas y todos los habitantes de la Ciudad de México de este sector.

3. Las autoridades de la ciudad, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con lo previsto por la ley:

a. Protegen los derechos laborales de las personas deportistas profesionales y trabajadoras de la cultura; y

b. Todas las personas prestadoras de servicios profesionales que obtengan un ingreso hasta de ciento cincuenta mil pesos al año, podrán solicitar ser reconocidos como trabajadoras y trabajadores no asalariados y gozarán de todos los derechos establecidos para este sector. Este límite se actualizará conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

4. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la Ciudad de México creará un fondo de pensiones y prestaciones para personas trabajadoras pertenecientes a este sector a fin de contar con recursos que les brinden acceso a la protección social, de acuerdo con un esquema flexible, en concordancia con sus necesidades. El fondo se integrará mediante convenios y con las aportaciones de las personas beneficiarias, conforme a lo que determine la ley de la materia.

SEGUNDO.- Otorgarnos audiencia para discutir y argumentar con la Comisión de la Carta de Derechos nuestra propuesta.

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2016

Esta petición fue entregada a:
  • Comisión de Carta de Derechos
    A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA CONSTITUTUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO:
  • Diputada Constituyente
    C. Diputada Marcela Lagarde


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