Reforma constitucional que decrete la pena de muerte para casos de Corrupción

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Esta probado que las penas de privación de la libertad, se han vuelto absolutas e ineficaces para lograr un cambio de actitud en los servidores públicos, bien porque logran vulnerar a los jueces encargados de tomar las decisiones; como a los demás funcionarios involucrados en el proceso de la investigación penal. Logrando penas más bajas que las que el propio ordenamiento contempla para cada caso.

La pena de muerte al corrupto, garantiza que el sujeto objeto de la acción penal, no tendrá como vulnerar los operadores judiciales, porque desde su vinculación con el proceso deberá estar totalmente bajo estrictas medidas de vigilancia, totalmente incomunicado de sus familiares y amigos, hasta tanto no haya finalizado el proceso, además servirá de escarnio a los demás servidores públicos y aspirantes que deseen al futuro convertirse en servidores publicos



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