20​.​000 mayores fallecidos merecen justicia: ¡Investigación ya!

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Manuel Rico / Fernando Flores ha iniciado esta petición dirigida a fiscalia general del estado y

Han pasado casi dos años desde que la pandemia asolara las residencias geriátricas en España, provocando más de 20.000 muertes entre las personas mayores solo durante la primera ola.

Numerosos testimonios de familiares, e informes elaborados por instancias especializadas como Amnistía Internacional y Médicos sin Fronteras, han denunciado una serie de acciones y omisiones —desde instancias públicas y privadas— que habrían contribuido, cuando no provocado directamente, la grave vulneración de derechos fundamentales de los ancianos residentes: la vida, el no sometimiento a tratos inhumanos o degradantes, la libre circulación, la intimidad personal y familiar, la igualdad con el resto de la ciudadanía en el acceso a los recursos sanitarios.

Sin embargo, dos años después las consecuencias de esa vulneración de derechos fundamentales brillan por su ausencia.

En el ámbito político, las tres comisiones de investigación parlamentaria abiertas en Madrid, Cataluña y Castilla y León han sido cerradas sin realizar su trabajo. En muchas otras comunidades, ni siquiera se han llegado a constituir.

Los partidos mayoritarios –la derecha en Andalucía, Galicia o Murcia, la izquierda en Asturias, Baleares, Extremadura o La Rioja– se han opuesto con el argumento de que la oposición quería utilizar políticamente lo ocurrido.

En el ámbito judicial, las denuncias ante los tribunales y la fiscalía se archivan, o directamente ni se admiten a trámite. Las residencias esquivan las acusaciones amparadas en la excepcionalidad de la pandemia. Y la responsabilidad de la Administración, que legalmente tiene la obligación de fiscalizar el buen funcionamiento de los geriátricos, se diluye como si más 20.000 muertes no le hubieran incumbido en nada.

A pesar de que el Tribunal Supremo ha exigido que las investigaciones sobre las denuncias sean precisas y rigurosas, la actitud del Ministerio Público y de la judicatura para esclarecer los hechos ha sorprendido por su falta de profesionalidad y sensibilidad. Hay casos especialmente sangrantes difundidos por los medios, como lo ocurrido en Leganés (Madrid) o en Tomelloso (Ciudad Real). Pero son decenas y decenas las quejas de los familiares sobre este muro judicial y fiscal. En Galicia, en Murcia, en Castilla y León… en localidades de toda España.

Y permanecen también sin investigar los ‘protocolos de la vergüenza’ que se dictaron por determinadas Administraciones autonómicas, entre ellas Madrid y Cataluña, que impidieron a miles de mayores recibir el tratamiento hospitalario al que tenían derecho.

“Corremos el riesgo de una generalizada impunidad”, sostiene Amnistía Internacional, en una contundente investigación publicada este 31 de enero, en la que se denuncia que de las diligencias de investigación penal abiertas por la Fiscalía, “casi el 90% han sido archivadas sin llevar el caso a los tribunales”.

Por todo ello, porque las familias de las víctimas tienen derecho a conocer cómo fueron realmente tratados sus padres, sus madres, sus abuelos y abuelas, y si las circunstancias que vivieron pudieron ser evitadas.

Porque no es posible que en un Estado que se llama a sí mismo “de Derecho”, las instituciones encargadas de proteger a las personas más débiles renuncien a sus obligaciones.

Por eso pedimos tu firma para reclamar: 

1. A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, que tome todas las medidas necesarias para realizar investigaciones exhaustivas que garanticen justicia y reparación a las víctimas y sus familiares.

2. AL CONGRESO, que atienda la petición de Amnistía Internacional de crear una comisión de la verdad y la constituya cuanto antes.

Petición iniciada por Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València, y Manuel Rico, director de investigación de infoLibre.

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