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Petitioning Presidente del Gobierno, Carolina Darias, Irene Montero, Gobierno de España

POR UN AUTÉNTICO PLAN DE IGUALDAD EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

El Gobierno, que dice defender la transparencia, apuesta por mantener la opacidad y se niega aplicar en su casa lo que obliga a las empresas en materia de igualdad de género y brecha salarial. Hace unos días, la Dirección General de Función Pública envío un borrador de Plan de Igualdad, –elaborado exclusivamente por parte de la administración– y la convocatoria de una reunión, con la dio el pistoletazo de salida a lo que pretenden llamar “negociación” del III Plan de Igualdad de la Administración General del Estado –AGE–. Pretendían cerrarlo con un mero proceso de alegaciones y tras la insistencia de CCOO han accedido a celebrar 6 reuniones en un mes. Un mes para negociar un Plan que afecta a casi 180.000 personas trabajadoras y sólo permiten alegar a las medidas contenidas en los ejes, del resto ni hablar. A nuestra reclamación de negociación integra del Plan de Igualdad, la Dirección General de Función Pública ha respondido, por escrito, que los artículos 45 y siguientes de la Ley de Igualdad, —los que regulan los planes de igualdad— no afectan a la AGE. Curiosamente, el II Plan de Igualdad de la AGE, defendía lo contrario, y apostaba porque los citados artículos son una vertiente fundamental para enmarcar, adecuadamente, la actuación del Gobierno para definir el contenido de los planes de igualdad del personal al servicio de su Administración (BOE 10/12/2015 pág. 116508) e incluso en el borrador presentado a las organizaciones sindicales, dicen que el plan mantiene la estructura y contenido del art. 45 y siguientes. El borrador de Plan de Igualdad está prácticamente cerrado, incumpliendo la Ley de Igualdad en los siguientes aspectos: - No hay diagnóstico de la situación actual. En el texto llaman diagnóstico a un simple corta y pega, de un informe de 2019, cuyo único objetivo es ofrecer la imagen de que su personal disfruta de unas condiciones de igualdad mejores que en el sector privado; y esto no es verdad. Para conseguirlo agregan todos los datos de la AGE —más de 100 departamentos y organismos— y presentan valores medios sin ofrecer la imagen real de cada ministerio y organismo, ocultando de esta forma los nichos de discriminación y desigualdad. Obvian el análisis de elementos clave en la discriminación de género. - Se niegan a negociarlo con la representación del personal, algo que es obligatorio. El Tribunal Supremo afirma en su sentencia 832/2018 de 13 de septiembre que para la elaboración de un plan de igualdad, un elemento imprescindible es contar con un diagnóstico de la situación, lo más exacto posible, para garantizar que sus medidas consigan los fines previstos. - Como no hay diagnóstico no se han identificado los problemas existentes ni, lógicamente, objetivos concretos. El borrador del Plan se limita a definir un objetivo general que parece más un deseo, que una conclusión coherente con la situación real. Es na simple declaraciones de intenciones. - Las medidas que la Administración propone tampoco son auténticas medidas. Algunas medidas se limitan a exigir el cumplimiento de la Ley de Igualdad, cuando su aplicación, como el de cualquier otra ley, es obligatorio, especialmente por parte del propio Gobierno. El conjunto de medidas que el Plan dedica a este objetivo es, de hecho, el reconocimiento de que la AGE incumple la Ley de Igualdad de forma sistemática, sin que nada ocurra. Otras son meramente de gestión y, por tanto, también, de obligado cumplimiento. Si la Administración, por mandato normativo, está obligada a hacer algo no puede ser una medida de un Plan de Igualdad, es una obligación que forma parte de su trabajo. El resto de las medidas recogen términos vagos e imprecisos como creación de grupos de trabajo, realización de estudios, análisis, diseño, facilitar, etc., y por tanto su cumplimiento es nada o prácticamente exigible. - En materia de brecha salarial, Función Pública defiende que ha realizado un estudio interno, que no facilitan a la representación sindical, ni es público. Ni siquiera nos informan de los conceptos retributivos que han analizado. Y no lo hacen porque en la AGE las retribuciones no son las que cada año se publican en el BOE. De niveles 26 y superiores —sobre todo en los niveles 28 a 30— hay muchas retribuciones que no se publicitan como complementos de mayor dedicación o mayor vinculación que se aprueban por cada Subsecretaria Ministerial; productividades —que llegan en algunos casos a casi 100 mil euros anuales—; dietas por asistencia a tribunales compatibles con el salario aunque la actividad se realice durante la jornada de trabajo; gratificaciones; remuneraciones por impartir cursos y jornadas dentro de la jornada de trabajo—entre 90 y 600 euros hora o ponencia—. Este abanico de posibles ingresos, más allá de las retribuciones que el Boletín Oficial del Estado recoge, suponen una desigualdad salarial nada transparente. Son secretos a voces, conocidos en pasillos y despachos, sin que esta información se facilite ni a la ciudadanía ni a la representación sindical. SI APUESTAS POR LA IGUALDAD REAL Y LA TRANSPARENCIA TU FIRMA ES NECESARIA ¡¡¡FIRMA!!!

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Petitioning Gobierno, Ministerio de política territorial y función pública, Carolina Darias, Javier Rueda

CCOO exige al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos en la Administración del Estado

Las personas firmantes quieren denunciar la situación que atraviesa en estos momentos el personal de la Administración General del Estado. Una situación marcada por los incumplimientos que se están produciendo respecto a buena parte de los Acuerdos que, por parte de CCOO, han sido suscritos con el Gobierno buscando la mejora de las condiciones de trabajo de las empleadas y empleados públicos de este ámbito y de la atención a la ciudadanía en los servicios públicos que tiene encomendados la Administración del Estado. Tanto el Convenio Único del Personal Laboral de la Administración del Estado como algunos de estos Acuerdos fueron suscritos hace más de un año con los objetivos de frenar la destrucción de empleo público y reducir la temporalidad en este ámbito; avanzar en el desarrollo de la carrera profesional; mejorar las retribuciones más bajas, especialmente aquellas que se encuentran en el entorno de los 1.000 €; rejuvenecer las plantillas aplicando la jubilación parcial, etc. Transcurrido más de un año desde la firma del Convenio Colectivo y la firma de esos Acuerdos, el resultado es que su incumplimiento ha supuesto que las mejoras pactadas no se trasladen al empleo público ni a las condiciones de trabajo del personal. Sin ánimo de ser exhaustivo, estas son algunas de las situaciones que se están produciendo: El Convenio Único del personal laboral de la AGE firmado el 3 de marzo de 2019 y publicado en mayo del mismo año, está siendo incumplido por parte del Gobierno. La falta de aplicación de las tablas salariales y la negativa a encuadrar a la totalidad de trabajadoras y trabajadores son la expresión más clara del incumplimiento de este convenio pero no la única: ausencia de concurso de traslados; sigue sin concretarse el derecho a la jubilación parcial; no se han iniciado los procesos de cambio de relación jurídica, etc. Los Acuerdos firmados en materia de empleo no se ven reflejados en las mejoras del volumen de empleo pretendido. Las Ofertas de Empleo Público pactadas continúan retrasándose de forma sistemática en su ejecución. Los procesos de negociación acordados en materia de promoción interna o de diagnostico de empleo han sido abandonados por parte del Gobierno. Esta ausencia de soluciones negociadas dejan clara la falta de planificación y la improvisación por parte del Gobierno en materia de empleo, algo que se ha puesto de manifiesto de forma evidente durante la crisis sanitaria. El Servicio Público Estatal de Empleo, el INSS, la expedición de DNI, la atención a migrantes, Instituciones Penitenciarias, la investigación, la Sanidad Exterior, los Servicios Sociales o Sanitarios de la AGE… Son tan sólo algunos ejemplos de servicios públicos en los que la falta de planificación por parte del Gobierno en materia de empleo ha tenido una repercusión importante en los derechos de la ciudadanía. Mientras esto sucede parece que la única solución que se plantea por parte del Gobierno es recurrir a la privatización de servicios deteriorando aún más su calidad. Los acuerdos sobre distribución de fondos adicionales para 2018, 2019 y 2020 se aplicaron, en sus dos primeros años, con interpretaciones unilaterales que están generando desigualdades y situaciones injustas. Además, aún no se ha iniciado la discusión relativa a las medidas correspondientes a 2020, fundamentalmente dirigidas a establecer el soporte de la futura carrera profesional lo que, esperemos, únicamente signifique retrasos en su aplicación y no una voluntad de eludir su pago como está sucediendo con el Convenio Único. A pesar de los anuncios del Gobierno, las políticas de igualdad continúan olvidadas: por mucho que el Gobierno afirme otra cosa, aún no se ha iniciado la negociación del III Plan de Igualdad de la AGE. Igualmente el protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo sigue sin ser de aplicación por el incumplimiento del Gobierno de elevar a rango de Real Decreto el acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales. Esta situación está deteriorando las condiciones de trabajo del personal de la Administración del Estado, pero también la atención a la ciudadanía y su derecho a recibir unos servicios públicos de calidad. Por ello, las personas firmantes exigimos al Gobierno que rectifique y #CumpleSinRecortes el Convenio Único y los Acuerdos firmados para el personal de la Administración del Estado.

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