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Started 10 petitions

Petitioning Mariano Rajoy

Que José Manuel Soria no sea propuesto como director ejecutivo del Banco Mundial

Tras la investidura fallida de Mariano Rajoy, el Gobierno en funciones confirmó que había propuesto al exministro José Manuel Soria como candidato para el puesto de director ejecutivo del Banco Mundial. Según anunció el Ministerio de Economía, de ser elegido, el exministro ocuparía el cargo desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el 31 de octubre de 2018. Soria dimitió el pasado mes de abril tras mentir sobre su implicación en los papeles de Panamá, que revelaron la vinculación de personalidades de todo el mundo con el paraíso fiscal centroamericano. Después de que el exministro asegurara no tener propiedades en Panamá, el diario El Mundo informó de que fue administrador junto a su hermano Luis de una sociedad en la isla británica de Jersey: la compañía Mechanical Trading Limited. La información desvelada por el periódico aseguraba que, tras disolverse la sociedad, "los dos administradores, que hasta ese momento permanecían camuflados bajo un entramado fiduciario, firman bajo su propio nombre". La firma del exministro aparece hasta el 27 de noviembre de 2002, fecha de la disolución, que coincide con el periodo en el que ocupó el cargo de alcalde de Las Palmas. A partir de ese momento, los miembros de su partido dejaron de apoyar públicamente al que ya entonces era exministro. Sin embargo, ahora el Ejecutivo le propone para ocupar un importante cargo en el Banco Mundial. El comportamiento y las actuaciones de Soria son incompatibles con la ocupación de un puesto en "un organismo de alta importancia en la esfera internacional", tal y como lo define el Ministerio de Economía. Firma aquí para exigir a Mariano Rajoy que retire su propuesta para que José Manuel Soria ocupe el cargo de director ejecutivo del Banco Mundial. ¡Actúa!

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Petitioning Esperanza Aguirre

Que Aguirre pruebe que cumplió con Hacienda y con la Ley de Incompatibilidades

Esperanza Aguirre fue durante al menos 13 años accionista de Savial SL, una empresa dedicada a la explotación agrícola y ganadera que recibió más de cuatro millones de euros en subvenciones públicas. Ella dice que donó sus participaciones en la sociedad a su marido en 2005, pero no muestra ningún documento que respalde su versión. Aguirre se niega a explicar si, cuando fue elegida presidenta madrileña en 2003, declaró en el Registro de Bienes que era dueña de las acciones de Savial SL, como exigía la Ley de Incompatibilidades de los Altos Cargos. Tampoco aclara en qué precio valoró las participaciones que supuestamente donó a su marido en el año 2005 o si esa presunta donación se declaró ante Hacienda. La opacidad de los negocios en los que participa o ha participado la expresidenta madrileña es incompatible con la transparencia exigible a los representantes públicos. Firma aquí para exigirle que pruebe con documentos oficiales que cumplió con Hacienda y con la Ley de Incompatibilidades. ¡Actúa!

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Petitioning Presidentes autonómicos y alcaldes

Pide a presidentes autonómicos y alcaldes que se rebelen contra el acuerdo UE-Turquía

El acuerdo suscrito entre la Unión Europea y Turquía para intentar frenar de golpe la oleada de llegadas a Grecia echó a andar este lunes 4 de abril con las primeras expulsiones colectivas.   Ese pacto prevé sellar la ruta del mar Egeo mediante la devolución exprés a Turquía de todas las personas llegadas a suelo europeo desde el pasado 20 de marzo que no tengan derecho a "protección internacional". Funcionarios europeos –a través de un procedimiento de urgencia muy cuestionado por la ONU y las ONG, que alertan de una erosión de garantías– serán los que, en cuestión de días, determinarán qué personas tienen derecho a asilo. Normalmente los procedimientos de asilo se suelen alargar durante meses. Punto angular de este acuerdo es la consideración de Turquía como "tercer país seguro" a pesar de que no ha firmado el primer protocolo de la Convención de Ginebra y de que informes recientes de organizaciones como Amnistía Internacional vienen denunciando que los 2,5 millones de personas refugiadas que se calcula que acoge este país están "cada vez más expuestas individualmente a la detención arbitraria y la expulsión". Esta ONG también ha probado la devolución de refugiados a Siria por parte del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Académicos y juristas expertos en derechos humanos reclaman a los alcaldes y presidentes de comunidades autónomas –los representantes públicos más cercanos a los ciudadanos– que "se rebelen" contra este acuerdo. Critican que este pacto hace posible que refugiados, desplazados e inmigrantes "sean considerados cifras de un trueque que tiene como objetivo dejar de ver el problema en tierra europea", al tiempo que censuran la "falta de coherencia" de este pacto con los principios de la propia UE y el respeto a las obligaciones legales internacionales. Firma esta petición si tú también crees que regidores y presidentes autonómicos tienen que rebelarse contra este acuerdo. ¡Actúa!

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Petitioning Real Academia Española

Que la RAE exija la dimisión de Félix de Azúa por sus declaraciones machistas contra Colau

El escritor y académico de la Real Academia Española (RAE) desde 2015, Félix de Azúa, ha desatado la polémica con una entrevista en la revista Tiempo, en la que asegura que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, "debería estar sirviendo pescado". "Una ciudad civilizada y europea como Barcelona tiene como alcaldesa a Colau, una cosa de risa. Una mujer que debería estar sirviendo en un puesto de pescado. No tiene ni idea de cómo se lleva una ciudad ni le importa, lo único que le importa es cambiar los nombres de las calles", declaró el académico. La reacción de Ada Colau no se hizo esperar. La alcaldesa indicó que "en las futuras definiciones de machismo y clasismo de la RAE, el señor Azúa podrá citarse a sí mismo". La Real Academia Española es una de las principales instituciones culturales. Con independencia de los valores literarios y artísticos de cada autor, los académicos son la imagen de la institución y resulta completamente improcedente que transmitan valores predemocráticos y machistas. Más allá de definirse a sí mismo, las declaraciones de Félix de Azúa dañan objetivamente a la RAE. Firma esta petición si crees que la Real Academia Española debe exigir la dimisión del escritor por sus comentarios. ¡Actúa!

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Petitioning Mariano Rajoy

Que la Presidencia de RTVE sea elegida por una mayoría de 3/5 del Congreso

La existencia de medios de comunicación de titularidad pública independientes del poder político es una de las condiciones indispensables en una sociedad plenamente democrática, sobre todo cuando el ecosistema informativo está dominado por grandes grupos de comunicación cuyos intereses están condicionados por los de bancos que a la vez son acreedores de cabeceras periodísticas y muy dependientes de la inversión publicitaria de las grandes empresas. La práctica de otros países y, especialmente, la experiencia de RTVE durante los años en los que, al amparo de la Ley de la Radio y la Televisión Estatal de 5 de junio de 2006 (Ley 17/2006), el poder político se mantuvo al margen de los informativos, demuestran que los medios públicos de comunicación, cuando son verdaderamente independientes, no sólo son viables sino que resultan absolutamente imprescindibles. Los medios públicos son esenciales para garantizar el derecho a la información, que pertenece a los ciudadanos y en el que los periodistas son simples intermediarios. La victoria del PP en las elecciones de 2011 puso fin a la independencia de RTVE y dio comienzo a una gestión que ha tenido como consecuencia las más bajas cuotas de audiencia de la historia de la radiotelevisión pública, así como un deterioro progresivo de la situación económica de la corporación, ahogada por la retirada de la publicidad y los cada vez más elevados recortes en la asignación presupuestaria que le sirve de sustento. El Consejo de Informativos de TVE ha denunciado reiteradamente la manipulación informativa y la creación de una redacción paralela para garantizar la ejecución de consignas de carácter político. El servicio público de radiotelevisión en España está amenazado. Por eso es imprescindible obligar a los partidos políticos a ponerse de acuerdo en el nombramiento de una personalidad independiente para ocupar la Presidencia de la Corporación de RTVE mediante una reforma legislativa que haga inexcusable una mayoría de tres quintas partes del Congreso de los Diputados para elegir este cargo. Además, esa Presidencia de la radiotelevisión pública debe comprometerse ante el Parlamento a respetar el Estatuto de Información que vela por la independencia profesional de los periodistas del Ente Público.

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Petitioning Rafael Catalá, ministro de Justicia

Eliminación del Código Penal del castigo por ofender a una confesión religiosa

El artículo 525 del Código Penal español castiga con penas de multa de ocho a doce meses a quienes ofendan los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa. Este precepto, aprobado en 1995 en el Congreso (el antiguo delito de blasfemia vigente durante el franquismo había sido derogado siete años antes), ha sido invocado en varias ocasiones para intentar castigar a quienes critican las prácticas religiosas. El salvaje atentado islamista contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo ha desatado un clamor unánime en defensa de la primacía del derecho a la libertad de expresión. Hasta el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudió a París a manifestar su apoyo, una actitud encomiable que, sin embargo, no es compatible con la protección penal que otorga el derecho español a los sentimientos religiosos. Para poner fin a esta situación te pedimos que apoyes esta petición, dirigida al ministro de Justicia, Rafael Catalá, para eliminar del Código Penal el artículo 525 y en concreto el castigo por ofender a una confesión religiosa.    

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Petitioning Mariano Rajoy

Ordene la desclasificación de los documentos secretos sobre el 23-F

"Para Suárez estaba claro que el alma del 23-F era el rey". La afirmación pertenece a Pilar Urbano, autora de La gran desmemoria, el libro en el que la periodista y escritora acusa al monarca de estar al corriente de la llamada Operación Armada, cuya meta habría sido poner a este general en la presidencia de un gobierno de concentración cuyo vicepresidente era Felipe González.¿Cierto o falso? Es imposible contrastarlo, ya que la documentación oficial de la investigación judicial que se llevó a cabo para esclarecer el golpe de Estado promovido por el teniente coronel Antonio Tejero se encuentra bajo secreto. Y así seguirá, si no es desclasificada antes, hasta el año 2031, protegida por una ley aprobada en la época de Franco.El grupo parlamentario de La Izquierda Plural ha denunciado en el Congreso la "falta de transparencia" en torno al 23-F, que "siembra de dudas un episodio trascendental de nuestra democracia", y ha pedido una comisión de investigación sobre el golpe, que ya ha rechazado el PP asegurando que "el 23-F es objeto de investigación histórica. La investigación política está muy clara".Por ello, esta petición busca conseguir la desclasificación de los documentos secretos sobre el 23-F, para conocer con exactitud qué paso en uno de los momentos claves desde la reinstauración de la democracia en España. Fírmala y compártela.

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Victory
Petitioning AL GOBIERNO DE MARIANO RAJOY

Que renuncie a derogar el derecho de las mujeres a abortar

Si nadie lo impide, este mismo año el aborto dejará de ser en España un derecho para las mujeres. El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno el pasado 20 de diciembre pretende eliminar el sistema actual de plazos –hasta ahora el aborto era un derecho de la mujer durante las primeras 14 semanas de embarazo, durante las cuales podía abortar sin alegar ninguna razón– y regresa a un sistema de supuestos más restrictivo que el que rigió entre 1985 y 2010 porque esa norma sí incluía el supuesto de la malformación del feto que ahora el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere suprimir. El actual borrador, que lleva la firma del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que tiene por nombre Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, sustituirá a la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y reduce a dos los supuestos por los que una mujer podrá abortar: que corra peligro su vida o que el embarazo haya sido consecuencia de una violación. La contrarreforma del PP acabará con el aborto libre hasta las 14 semanas y hará que las mujeres sólo tengan capacidad para decidir que no quieren seguir con un embarazo si han sido violadas. Este será el único supuesto por el que una mujer tendrá la última palabra. Para el otro, que corra peligro la vida de la mujer, harán falta dos informes médicos de profesionales que trabajen en centros distintos y que acrediten que hay un "grave peligro" para su salud. Estas condiciones hacen que se acabe el aborto como derecho. En caso de malformación fetal, las mujeres sólo podrán interrumpir su embarazo en caso de malformación fetal si dos médicos lo permiten. La reforma no tiene otra justificación que no sea ideológica o moral porque la vigente ley de plazos no ha supuesto un incremento de los abortos practicados en España. En 2012 la cifra fue un 5% menos que el año anterior. Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), de haber estado en vigor la Ley Gallardón,104.275 mujeres habrían tenido que abortar ilegalmente en España en 2012 (101.151 por voluntad propia y 3.124 por anomalía fetal grave)..Las mujeres deben conservar el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Pora contribuir a ese objetivo es por lo que te rogamos que firmes la siguiente petición: Que el Gobierno desista de enviar al Congreso ningún proyecto de modificación de la vigente ley de plazos. Que el Gobierno tome las medidas necesarias para garantizar que las mujeres que quieran abortar puedan hacerlo en la sanidad pública.

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Petitioning A los grupos parlamentarios del Congreso

Que promuevan y/o voten la creación de una comisión de investigación sobre Bankia.

Bankia se ha convertido en un resumen perfecto de lo peor de la situación política y económica de España. La cuarta entidad financiera de nuestro país, resultado de la fusión de Caja Madrid con otras cuatro cajas de ahorros (Bancaja, Caja Canarias, Caixa Laietana y Caja Rioja) tuvo que ser nacionalizada con fondos públicos (el dinero gastado en el rescate (supera los 22.000 millones de euros, sin contar otros 120.000 millones en avales y otras medidas de financiación). Una enorme cifra de dinero de todos que, según el Gobierno, los ciudadanos no vamos a recuperar. Bankia también es responsable de haber engañado a unos 180.000 pequeños ahorradores, la mayoría de los cuales todavía reclaman la devolución de casi 6.000 millones de euros que depositaron de buena fe en la entidad porque les dijeron que no corrían ningún riesgo y que ahora se han volatilizado. Bankia es también la heredera de Caja Madrid, una entidad financiera en la que, como están demostrando los correos secretos enviados y/o recibidos por su expresidente Miguel Blesa, amigo personal de José María Aznar, actuó durante años como un instrumento al servicio de los intereses de dirigentes del Partido Popular y de sus familias, así como de otras personas en situación de intercambiar favores con el responsable de la caja. La salud de la democracia española, más allá de las consecuencias judiciales de lo ocurrido, exige que se conozca toda la verdad y que se señale públicamente a los responsables políticos del expolio.

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Petitioning Ministerio de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro

Al ministro de Hacienda: Una reforma fiscal para que paguen más quienes más tienen

Porque hasta ahora son los que menos tienen los únicos que están pagando el coste de la crisis económica cobrando menos salarios, pagando más impuestos sobre el consumo o contribuyendo más a través del IRPF. Las rentas del trabajo, es decir, los españoles con nómina, aportan el 80% de la recaudación del IRPF. Y con la crisis y la subidas de impuestos, incluido el IVA, la presión fiscal sobre las clases mediasestá sobrepasando lo soportable. Sobre todo si se une al alza simultánea de las tarifas públicas (transporte) y de los combustibles, conjugada con los recortes en las prestaciones por desempleo, la congelación de las pensiones y los copagos sanitarios y/o farmacéuticos. En otros países como EEUU, Francia o Alemania han sido los mismos millonarios quienes han pedido públicamente que se les suban los impuestos, tras admitir la injusticia del sistema (Warren Buffett) y ofrecer una contribución especial a los sacrificios de las clases medias para salir de la crisis. En España no se ha producido ningún movimiento siquiera aproximado en esa dirección. El PSOE propone una reforma fiscal para que paguen más "los que más ganan, más tienen y más heredan", aunque fue precisamente el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que suprimió el Impuesto del Patrimonio.  Y es una de las propuestas básicas del resto de los grupos políticos a su izquierda.Por justicia, pero también por un elemental sentido común en el peor momento de la economía española en el último siglo, es necesaria una reforma fiscal que realmente haga pagar más a quien más tiene: si algo necesita España es inversión productiva y la contribución de quienes no sólo no están afectados por la crisis sino que, por el contrario, están resultando beneficiados de medidas tan socialmente escandalosas como la amnistía fiscal.

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