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Petitioning Jose Manuel Maza

Destitución del fiscal anticorrupción por torpedear las investigaciones contra el PP

El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, es un "tío serio y bueno", según el criterio del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ahora en prisión. "Yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo", decía en una conversación con el exministro Eduardo Zaplana ante su posible designación. Hace dos meses los deseos de González se cumplieron y Moix pasó a ser la cabeza visible de una de las más importantes ramas del Ministerio Público, nombrado por el fiscal jefe del Estado, José Manuel Maza. infoLibre ha desvelado que Moix recibió en 2009 todos los datos de la trama de Ignacio González y su familia para lucrarse con la adjudicación del campo de golf de Canal, en la capital. En diciembre de 2006, el Canal de Isabel II –por entonces presidido por González– adjudicó la explotación de la instalación deportiva a un consorcio conformado, entre otras empresas, por Tecnoconcret, que años después incluía entre su accionariado al hermano y al cuñado del exdirigente: Pablo González y José Juan Caballero. Las informaciones tanto de Público como de Tiempo sirvieron a los vecinos para presentar una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid acusando a González de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. El por entonces fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, concluyó que no existía "indicio o rastro alguno que permita, siquiera, la más leve sospecha" contra el por entonces vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid. Los mismos hechos descartados por el ahora fiscal Anticorrupción han servido al juez Velasco para motivar el auto que envía a prisión incondicional a Ignacio González, mencionando a todas las empresas que ya figuraban en una documentación que, a juicio de Moix, no representaba "indicio o rastro alguno". Manuel Moix, además, intentó evitar uno de los registros de la Operación Lezo, que comenzaba con la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid. Los fiscales del caso, en desacuerdo con la decisión de su jefe, invocaron una norma que permite convocar la junta de Anticorrupción en caso de disenso: así lograron que dicho registro, para el que la operación policial estaba ya preparada, se efectuara finalmente. Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Moix, tiene previsto que su fiscal delegado en la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, no se encargue de la pieza de la Púnica en la que está imputado el expresidente Pedro Antonio Sánchez. Ese nuevo dato se suma tanto a la polémica judicial en la comunidad, con un fiscal que impulsó la investigación contra el exdirigente del PP siendo relevado y denunciando presiones, como a los movimientos polémicos del propio Moix en otras regiones como Cataluña: allí los fiscales del caso 3% también han sido relevados por razones "operativas". Su nombramiento en febrero fue respaldado por la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales. Ya por entonces se publicó que Moix, como fiscal superior de Madrid, intentó prohibir la divulgación de los correos secretos de Miguel Blesa, claves en la investigación sobre las preferentes de Caja Madrid y las tarjetas black.

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Petitioning Ministerio del Interior

Exige al Ministerio del Interior que retire a Hazte Oír la declaración de utilidad pública

En mayo de 2013, el Ministerio del Interior, entonces dirigido por Jorge Fernández Díaz, decidió otorgar la declaración de utilidad pública a la asociación ultracatólica Hazte Oír, que esta semana puso en marcha una campaña con mensajes contra las personas trans y, especialmente, contra los menores de ese colectivo. La declaración de utilidad pública supone para la organización que sus donantes y socios tengan beneficios fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a Hazte Oír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones en el IRPF, los ingresos de la organización ultracatólica aumentaron un 69%, como publicó infoLibre. En concreto han pasado de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015, último ejercicio del que constan datos en su página web. La declaración de utilidad pública puede revocarse, y para conseguirla y mantenerla una asociación debe contemplar en sus estatutos la promoción del interés general, que la actividad no beneficie sólo a los asociados y que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos públicos. PSOE y Unidos Podemos ya han pedido que el Gobierno se la retire a Hazte Oír. La organización ultracatólica tiene entre sus fines estatutarios la "defensa y promoción de la dignidad de la persona, la familia y el valor de la vida humana", y en los últimos años ha protagonizado campañas contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, la investigación con células embrionarias con fines terapéuticos y ha respaldado públicamente a los monjes del Valle de los Caídos, entre otras actividades. Firma esta petición para exigir al Ministerio del Interior que retire la declaración de utilidad pública a la asociación Hazte Oír y para que las donaciones a esta organización no desgraven.

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Petitioning AL GOBIERNO DE MARIANO RAJOY

Que renuncie a derogar el derecho de las mujeres a abortar

Si nadie lo impide, este mismo año el aborto dejará de ser en España un derecho para las mujeres. El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno el pasado 20 de diciembre pretende eliminar el sistema actual de plazos –hasta ahora el aborto era un derecho de la mujer durante las primeras 14 semanas de embarazo, durante las cuales podía abortar sin alegar ninguna razón– y regresa a un sistema de supuestos más restrictivo que el que rigió entre 1985 y 2010 porque esa norma sí incluía el supuesto de la malformación del feto que ahora el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere suprimir. El actual borrador, que lleva la firma del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que tiene por nombre Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, sustituirá a la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y reduce a dos los supuestos por los que una mujer podrá abortar: que corra peligro su vida o que el embarazo haya sido consecuencia de una violación. La contrarreforma del PP acabará con el aborto libre hasta las 14 semanas y hará que las mujeres sólo tengan capacidad para decidir que no quieren seguir con un embarazo si han sido violadas. Este será el único supuesto por el que una mujer tendrá la última palabra. Para el otro, que corra peligro la vida de la mujer, harán falta dos informes médicos de profesionales que trabajen en centros distintos y que acrediten que hay un "grave peligro" para su salud. Estas condiciones hacen que se acabe el aborto como derecho. En caso de malformación fetal, las mujeres sólo podrán interrumpir su embarazo en caso de malformación fetal si dos médicos lo permiten. La reforma no tiene otra justificación que no sea ideológica o moral porque la vigente ley de plazos no ha supuesto un incremento de los abortos practicados en España. En 2012 la cifra fue un 5% menos que el año anterior. Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), de haber estado en vigor la Ley Gallardón,104.275 mujeres habrían tenido que abortar ilegalmente en España en 2012 (101.151 por voluntad propia y 3.124 por anomalía fetal grave)..Las mujeres deben conservar el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Pora contribuir a ese objetivo es por lo que te rogamos que firmes la siguiente petición: Que el Gobierno desista de enviar al Congreso ningún proyecto de modificación de la vigente ley de plazos. Que el Gobierno tome las medidas necesarias para garantizar que las mujeres que quieran abortar puedan hacerlo en la sanidad pública.

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