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Started 9 petitions

Petitioning Jose Manuel Maza

Destitución del fiscal anticorrupción por torpedear las investigaciones contra el PP

El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, es un "tío serio y bueno", según el criterio del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ahora en prisión. "Yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo", decía en una conversación con el exministro Eduardo Zaplana ante su posible designación. Hace dos meses los deseos de González se cumplieron y Moix pasó a ser la cabeza visible de una de las más importantes ramas del Ministerio Público, nombrado por el fiscal jefe del Estado, José Manuel Maza. infoLibre ha desvelado que Moix recibió en 2009 todos los datos de la trama de Ignacio González y su familia para lucrarse con la adjudicación del campo de golf de Canal, en la capital. En diciembre de 2006, el Canal de Isabel II –por entonces presidido por González– adjudicó la explotación de la instalación deportiva a un consorcio conformado, entre otras empresas, por Tecnoconcret, que años después incluía entre su accionariado al hermano y al cuñado del exdirigente: Pablo González y José Juan Caballero. Las informaciones tanto de Público como de Tiempo sirvieron a los vecinos para presentar una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid acusando a González de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. El por entonces fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, concluyó que no existía "indicio o rastro alguno que permita, siquiera, la más leve sospecha" contra el por entonces vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid. Los mismos hechos descartados por el ahora fiscal Anticorrupción han servido al juez Velasco para motivar el auto que envía a prisión incondicional a Ignacio González, mencionando a todas las empresas que ya figuraban en una documentación que, a juicio de Moix, no representaba "indicio o rastro alguno". Manuel Moix, además, intentó evitar uno de los registros de la Operación Lezo, que comenzaba con la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid. Los fiscales del caso, en desacuerdo con la decisión de su jefe, invocaron una norma que permite convocar la junta de Anticorrupción en caso de disenso: así lograron que dicho registro, para el que la operación policial estaba ya preparada, se efectuara finalmente. Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Moix, tiene previsto que su fiscal delegado en la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, no se encargue de la pieza de la Púnica en la que está imputado el expresidente Pedro Antonio Sánchez. Ese nuevo dato se suma tanto a la polémica judicial en la comunidad, con un fiscal que impulsó la investigación contra el exdirigente del PP siendo relevado y denunciando presiones, como a los movimientos polémicos del propio Moix en otras regiones como Cataluña: allí los fiscales del caso 3% también han sido relevados por razones "operativas". Su nombramiento en febrero fue respaldado por la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales. Ya por entonces se publicó que Moix, como fiscal superior de Madrid, intentó prohibir la divulgación de los correos secretos de Miguel Blesa, claves en la investigación sobre las preferentes de Caja Madrid y las tarjetas black.

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Petitioning Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Vasco, Gru...

Exige al Congreso que derogue el artículo 578 del Código Penal

El pasado 29 de marzo, la tuitera Cassandra Vera fue condenada a un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo. Su delito fue escribir un total de 13 mensajes en Twitter incluyendo chistes sobre el asesinato del almirante Carrero Blanco, presidente del Gobierno durante la dictadura franquista y asesinado en 1973 por la organización terrorista ETA. Al dictar su sentencia, la Audiencia Nacional argumentó que Vera había incurrido en el delito penado por el artículo 578 del Código Penal, que castiga con entre uno y tres años de cárcel "el enaltecimiento o la justificación públicos" del terrorismo o "la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares". El Gobierno modificó el tipo en 2015 para abordar explícitamente los casos de enaltecimiento producidos en las redes sociales. Y, en los últimos años, ha aumentado sensiblemente el número de sentencias dictadas por enaltecimiento del terrorismo en internet: mientras en 2012 únicamente hubo tres y en 2013 sólo se juzgó a dos personas por estas circunstancias, en 2014 fueron seis los fallos dictados por enaltecimiento en redes sociales. La cifra subió a 15 sentencias en 2015 y a 29 en 2016. De hecho, desde 2014, el 84% de las personas condenadas por enaltecimiento del terrorismo lo han sido por sus publicaciones online, la mayor parte relativas a ETA o los Grapo, y desde el fin de ETA hace cinco años, el mayor número de sentencias por enaltecimiento del terrorismo se dictó en 2016, con un total de 32. Entre ellas están las condenas al cantante de Def con Dos, César Strawberry o al rapero Valtonyc, y la absolución del concejal del ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata. Firma esta petición para exigir a los grupos políticos del Congreso que aprueben la eliminación del artículo 578 del Código Penal.  

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Petitioning Ministerio del Interior

Exige al Ministerio del Interior que retire a Hazte Oír la declaración de utilidad pública

En mayo de 2013, el Ministerio del Interior, entonces dirigido por Jorge Fernández Díaz, decidió otorgar la declaración de utilidad pública a la asociación ultracatólica Hazte Oír, que esta semana puso en marcha una campaña con mensajes contra las personas trans y, especialmente, contra los menores de ese colectivo. La declaración de utilidad pública supone para la organización que sus donantes y socios tengan beneficios fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a Hazte Oír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones en el IRPF, los ingresos de la organización ultracatólica aumentaron un 69%, como publicó infoLibre. En concreto han pasado de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015, último ejercicio del que constan datos en su página web. La declaración de utilidad pública puede revocarse, y para conseguirla y mantenerla una asociación debe contemplar en sus estatutos la promoción del interés general, que la actividad no beneficie sólo a los asociados y que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos públicos. PSOE y Unidos Podemos ya han pedido que el Gobierno se la retire a Hazte Oír. La organización ultracatólica tiene entre sus fines estatutarios la "defensa y promoción de la dignidad de la persona, la familia y el valor de la vida humana", y en los últimos años ha protagonizado campañas contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto, la investigación con células embrionarias con fines terapéuticos y ha respaldado públicamente a los monjes del Valle de los Caídos, entre otras actividades. Firma esta petición para exigir al Ministerio del Interior que retire la declaración de utilidad pública a la asociación Hazte Oír y para que las donaciones a esta organización no desgraven.

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Petitioning Rafael Catalá Polo

Dimisión de R. Catalá por perseguir a las fiscales que investigan al presidente murciano

El magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso Púnica, Eloy Velasco, señaló el pasado lunes, 13 de febrero, al presidente de Murcia, el conservador Pedro Antonio Sánchez, como uno de los implicados en la trama corrupta por presuntos delitos de cohecho, fraude y revelación de información. El anuncio del juez Velasco se produjo pese al desacuerdo del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y de la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez, quienes se opusieron al informe suscrito por las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez. Las dos fiscales involucraban a Sánchez en un "plan criminal" y pedían su imputación, pero la Fiscalía General ordenó no acusar al presidente de Murcia y elaboró otro informe paralelo, firmado por Belén Suárez pero no por las dos fiscales asignadas al caso. Pedro Antonio Sánchez, además, supo antes que García y Gálvez que la cadena de mando de la Fiscalía del Supremo se había pronunciado en bloque en contra de su imputación. En una entrevista en la Cadena Cope, Sánchez presumió de saber quién había firmado su informe favorable, a pesar de que el dato no era público. Según señaló el diario La Verdad de Murcia, Catalá se reunió con Sánchez antes de que éste presumiera de conocer la información reservada sobre su caso. Pese a que el ministro calificó esa reunión como "casual", unas imágenes grabadas por La Sexta muestran al ministro intentando localizar por teléfono a "Pedro Antonio" durante el Congreso del PP celebrado en Madrid en vísperas del auto del juez Velasco. Ante la concatenación de acontecimientos, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, únicamente valoró como "anómalo" que las fiscales del caso Púnica se negaran a firmar el escrito favorable de la Fiscalía Antocorrupción y, además, que la discrepancia se haya divulgado. "Quizá quien tiene el problema son las fiscales, ya que no se ha mantenido su criterio", apuntó el ministro. Respecto al presidente murciano, este último martes Catalá defendió que "no es el momento" de exigirle responsabilidades políticas. Las tres principales asociaciones de fiscales ya han condenado las palabras del ministro, e incluso la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha pedido también su dimisión.

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Petitioning Mariano Rajoy

Que José Manuel Soria no sea propuesto como director ejecutivo del Banco Mundial

Tras la investidura fallida de Mariano Rajoy, el Gobierno en funciones confirmó que había propuesto al exministro José Manuel Soria como candidato para el puesto de director ejecutivo del Banco Mundial. Según anunció el Ministerio de Economía, de ser elegido, el exministro ocuparía el cargo desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el 31 de octubre de 2018. Soria dimitió el pasado mes de abril tras mentir sobre su implicación en los papeles de Panamá, que revelaron la vinculación de personalidades de todo el mundo con el paraíso fiscal centroamericano. Después de que el exministro asegurara no tener propiedades en Panamá, el diario El Mundo informó de que fue administrador junto a su hermano Luis de una sociedad en la isla británica de Jersey: la compañía Mechanical Trading Limited. La información desvelada por el periódico aseguraba que, tras disolverse la sociedad, "los dos administradores, que hasta ese momento permanecían camuflados bajo un entramado fiduciario, firman bajo su propio nombre". La firma del exministro aparece hasta el 27 de noviembre de 2002, fecha de la disolución, que coincide con el periodo en el que ocupó el cargo de alcalde de Las Palmas. A partir de ese momento, los miembros de su partido dejaron de apoyar públicamente al que ya entonces era exministro. Sin embargo, ahora el Ejecutivo le propone para ocupar un importante cargo en el Banco Mundial. El comportamiento y las actuaciones de Soria son incompatibles con la ocupación de un puesto en "un organismo de alta importancia en la esfera internacional", tal y como lo define el Ministerio de Economía. Firma aquí para exigir a Mariano Rajoy que retire su propuesta para que José Manuel Soria ocupe el cargo de director ejecutivo del Banco Mundial. ¡Actúa!

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Petitioning Esperanza Aguirre

Que Aguirre pruebe que cumplió con Hacienda y con la Ley de Incompatibilidades

Esperanza Aguirre fue durante al menos 13 años accionista de Savial SL, una empresa dedicada a la explotación agrícola y ganadera que recibió más de cuatro millones de euros en subvenciones públicas. Ella dice que donó sus participaciones en la sociedad a su marido en 2005, pero no muestra ningún documento que respalde su versión. Aguirre se niega a explicar si, cuando fue elegida presidenta madrileña en 2003, declaró en el Registro de Bienes que era dueña de las acciones de Savial SL, como exigía la Ley de Incompatibilidades de los Altos Cargos. Tampoco aclara en qué precio valoró las participaciones que supuestamente donó a su marido en el año 2005 o si esa presunta donación se declaró ante Hacienda. La opacidad de los negocios en los que participa o ha participado la expresidenta madrileña es incompatible con la transparencia exigible a los representantes públicos. Firma aquí para exigirle que pruebe con documentos oficiales que cumplió con Hacienda y con la Ley de Incompatibilidades. ¡Actúa!

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Petitioning Rafael Catalá, ministro de Justicia

Eliminación del Código Penal del castigo por ofender a una confesión religiosa

El artículo 525 del Código Penal español castiga con penas de multa de ocho a doce meses a quienes ofendan los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa. Este precepto, aprobado en 1995 en el Congreso (el antiguo delito de blasfemia vigente durante el franquismo había sido derogado siete años antes), ha sido invocado en varias ocasiones para intentar castigar a quienes critican las prácticas religiosas. El salvaje atentado islamista contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo ha desatado un clamor unánime en defensa de la primacía del derecho a la libertad de expresión. Hasta el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudió a París a manifestar su apoyo, una actitud encomiable que, sin embargo, no es compatible con la protección penal que otorga el derecho español a los sentimientos religiosos. Para poner fin a esta situación te pedimos que apoyes esta petición, dirigida al ministro de Justicia, Rafael Catalá, para eliminar del Código Penal el artículo 525 y en concreto el castigo por ofender a una confesión religiosa.    

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Petitioning AL GOBIERNO DE MARIANO RAJOY

Que renuncie a derogar el derecho de las mujeres a abortar

Si nadie lo impide, este mismo año el aborto dejará de ser en España un derecho para las mujeres. El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno el pasado 20 de diciembre pretende eliminar el sistema actual de plazos –hasta ahora el aborto era un derecho de la mujer durante las primeras 14 semanas de embarazo, durante las cuales podía abortar sin alegar ninguna razón– y regresa a un sistema de supuestos más restrictivo que el que rigió entre 1985 y 2010 porque esa norma sí incluía el supuesto de la malformación del feto que ahora el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere suprimir. El actual borrador, que lleva la firma del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que tiene por nombre Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, sustituirá a la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y reduce a dos los supuestos por los que una mujer podrá abortar: que corra peligro su vida o que el embarazo haya sido consecuencia de una violación. La contrarreforma del PP acabará con el aborto libre hasta las 14 semanas y hará que las mujeres sólo tengan capacidad para decidir que no quieren seguir con un embarazo si han sido violadas. Este será el único supuesto por el que una mujer tendrá la última palabra. Para el otro, que corra peligro la vida de la mujer, harán falta dos informes médicos de profesionales que trabajen en centros distintos y que acrediten que hay un "grave peligro" para su salud. Estas condiciones hacen que se acabe el aborto como derecho. En caso de malformación fetal, las mujeres sólo podrán interrumpir su embarazo en caso de malformación fetal si dos médicos lo permiten. La reforma no tiene otra justificación que no sea ideológica o moral porque la vigente ley de plazos no ha supuesto un incremento de los abortos practicados en España. En 2012 la cifra fue un 5% menos que el año anterior. Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), de haber estado en vigor la Ley Gallardón,104.275 mujeres habrían tenido que abortar ilegalmente en España en 2012 (101.151 por voluntad propia y 3.124 por anomalía fetal grave)..Las mujeres deben conservar el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Pora contribuir a ese objetivo es por lo que te rogamos que firmes la siguiente petición: Que el Gobierno desista de enviar al Congreso ningún proyecto de modificación de la vigente ley de plazos. Que el Gobierno tome las medidas necesarias para garantizar que las mujeres que quieran abortar puedan hacerlo en la sanidad pública.

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Petitioning Ministerio de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro

Al ministro de Hacienda: Una reforma fiscal para que paguen más quienes más tienen

Porque hasta ahora son los que menos tienen los únicos que están pagando el coste de la crisis económica cobrando menos salarios, pagando más impuestos sobre el consumo o contribuyendo más a través del IRPF. Las rentas del trabajo, es decir, los españoles con nómina, aportan el 80% de la recaudación del IRPF. Y con la crisis y la subidas de impuestos, incluido el IVA, la presión fiscal sobre las clases mediasestá sobrepasando lo soportable. Sobre todo si se une al alza simultánea de las tarifas públicas (transporte) y de los combustibles, conjugada con los recortes en las prestaciones por desempleo, la congelación de las pensiones y los copagos sanitarios y/o farmacéuticos. En otros países como EEUU, Francia o Alemania han sido los mismos millonarios quienes han pedido públicamente que se les suban los impuestos, tras admitir la injusticia del sistema (Warren Buffett) y ofrecer una contribución especial a los sacrificios de las clases medias para salir de la crisis. En España no se ha producido ningún movimiento siquiera aproximado en esa dirección. El PSOE propone una reforma fiscal para que paguen más "los que más ganan, más tienen y más heredan", aunque fue precisamente el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que suprimió el Impuesto del Patrimonio.  Y es una de las propuestas básicas del resto de los grupos políticos a su izquierda.Por justicia, pero también por un elemental sentido común en el peor momento de la economía española en el último siglo, es necesaria una reforma fiscal que realmente haga pagar más a quien más tiene: si algo necesita España es inversión productiva y la contribución de quienes no sólo no están afectados por la crisis sino que, por el contrario, están resultando beneficiados de medidas tan socialmente escandalosas como la amnistía fiscal.

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