Es de suma importancia que los ciudadanos reaccionen ante el embate directo y sin sentido de la legislatura hacia los Colegios Profesionales, al querer eliminar el requisito de Colegiación compulsoria. Los Colegios son entidades cuasi-públicas que aseguran la fiscalización entre pares profesionales para asegurar que los servicios profesionales prestados a la ciudadanía cumplen con los mas altos estándares de profesionalismo. La colegiación debe seguir siendo compulsoria, en tanto que son los Colegios, a través del trabajo voluntario de los profesionales, los que canalizan el interés apremiante del estado de asegurar el acceso de los profesionales a educación continua y certificaciones provistas por el Estado, y al desempeño ético de la disciplina profesional de que se trate.

Los colegios profesionales tienen plantillas administrativas reducidas y operan mayormente con el trabajo voluntario de colegiados(as) que ofrecen cientos de horas de su tiempo y peritaje. Es por eso que resulta ser un contrasentido concentrar nuevamente en el gobierno la función que ejercen los colegios profesionales. Cuando se ha defendido la reducción del aparato gubernamental, a través de las Juntas Examinadoras le sería imposible al gobierno realizar el trabajo que hacen los colegios profesionales. De eliminarse la colegiación compulsoria, el gobierno tendría que asumir de forma inmediata la carga total de las responsabilidades que hoy delega en los Colegios Profesionales. Sin duda, la correspondiente ampliación de funciones gubernamentales costará decenas de millones de dólares al gobierno, contraviniendo la política pública y los esfuerzos de la propia administración por impulsar la eficiencia y reducir el aparato gubernamental.